SAN ANTONIO — Ximena tenía un plan.
La joven de 18 años de Houston iba a comenzar clases este otoño en la Universidad de Texas en Tyler, donde le habían concedido una beca de 10.000 dólares al año. Esperaba que eso le permitiera alcanzar su sueño: un doctorado en Química, seguido de una carrera como profesora o investigadora.
“Y entonces se produjo el cambio en la matrícula estatal, y fue entonces cuando supe con certeza que tenía que dar un giro”, dijo Ximena. (The Hechinger Report se refiere a ella solo por su nombre de pila porque ella teme represalias por su situación migratoria).
Aunque Ximena pasó sus primeros años en el norte de México, la mayoría de sus recuerdos son de después de mudarse a Estados Unidos con su padre. Ha asistido a escuelas en Estados Unidos desde el jardín de infancia y, para ella, el 12.º grado consistió principalmente en explicar conceptos avanzados de química a sus compañeros de clase y dirigir laboratorios como asistente de enseñanza.
Pero en junio, los sueños de Ximena se vieron truncados cuando la oficina del fiscal general de Texas y la administración Trump colaboraron para poner fin a las disposiciones de una ley estatal que ofrecía a miles de estudiantes indocumentados como ella tasas de matrícula más bajas en las universidades públicas de Texas. Los funcionarios estatales y federales argumentaron con éxito ante los tribunales que la política vigente desde hacía mucho tiempo discriminaba a los ciudadanos estadounidenses de otros estados que pagaban una tasa más alta. Ese razonamiento se ha replicado ahora en demandas similares contra Kentucky, Oklahoma y Minnesota, como parte de una ofensiva más amplia contra el acceso de los inmigrantes a la educación pública.
En la UT Tyler, la matrícula y las tasas estatales para el próximo año académico ascienden a un total de 9.736 dólares, frente a los más de 25.000 dólares que pagan los estudiantes de fuera del estado. Ximena y su familia no podían permitirse el elevado coste de la matrícula, por lo que la joven se retiró. En su lugar, se matriculó en el Houston Community College, donde los costos para los estudiantes de fuera del estado son de 227 dólares por hora semestral, casi tres veces más que la tarifa para los residentes en el distrito. La escuela solo ofrece clases básicas de química de nivel universitario, por lo que, para prepararse para un doctorado o para trabajar en investigaciones especializadas, Ximena seguirá necesitando encontrar la manera de pagar una universidad de cuatro años en el futuro.
Su difícil situación es precisamente lo que los legisladores estatales de ambos partidos políticos esperaban evitar cuando aprobaron la Texas Dream Act o Ley de Sueños de Texas, una ley de 2001 que no solo abrió las puertas de la educación superior a los estudiantes indocumentados, sino que también tenía por objeto reforzar la economía y la mano de obra de Texas a largo plazo. Con esa ley, Texas se convirtió en el primero de más de dos docenas de estados en aplicar la matrícula estatal a los estudiantes indocumentados, y durante casi 24 años, esta política histórica se mantuvo intacta. Los legisladores conservadores propusieron repetidamente su derogación, pero a pesar de los años de control de un solo partido en la legislatura estatal, no hubo suficientes republicanos que apoyaran la derogación, incluso esta primavera, días antes de que la oficina del fiscal general de Texas y el Departamento de Justicia federal decidieran ponerle fin.
Ahora, a medida que se acerca el semestre de otoño, los estudiantes inmigrantes están sopesando si darse de baja de sus cursos o esperar a que se aclare cómo les afecta el acuerdo de consentimiento firmado por el estado y el Departamento de Justicia. Los defensores de los inmigrantes temen que las universidades de Texas estén excluyendo a posibles alumnos que se encuentran en situación legal y siguen reuniendo los requisitos para pagar la matrícula estatal a pesar de la sentencia judicial, incluidos los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los solicitantes de asilo y los que tienen Estatus de Protección Temporal o TPS, porque el personal de la universidad carece de conocimientos sobre inmigración y no ha recibido directrices claras sobre quién debe pagar exactamente la matrícula más alta.
En el Austin Community College, que presta servicio a un área tan grande como el estado de Connecticut, los miembros del consejo de administración no están seguros de cómo aplicar correctamente la sentencia judicial. Mientras esperan respuestas, hasta ahora han decidido no enviar cartas a sus estudiantes solicitándoles información confidencial para determinar las tasas de matrícula.
“Esta confusión perjudicará inevitablemente a los estudiantes, porque lo que vemos es que, ante la falta de información y la presencia del miedo y la ansiedad, los estudiantes optarán por no continuar con la educación superior o se esconderán en las sombras y se sentirán como miembros marginados de la comunidad”, afirmó Manuel González, vicepresidente del consejo de administración del ACC.
Por su parte, los expertos en políticas públicas advierten de que la mano de obra de Texas podría verse afectada, ya que los jóvenes con talento, muchos de los cuales han cursado toda su educación en el sistema de escuelas públicas del estado, ya no podrán permitirse los títulos de asociado y licenciatura que les permitirían seguir carreras que ayudarían a impulsar sus economías locales. En virtud de la Ley Texas Dream, los beneficiarios estaban obligados a comprometerse a solicitar la residencia permanente legal lo antes posible, lo que les daba la oportunidad de mantener puestos de trabajo relacionados con sus títulos. Sin la condición de residentes, es probable que sigan trabajando, pero en empleos peor remunerados y menos visibles.
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“Es una visión muy cortoplacista en lo que respecta al bienestar del estado de Texas”, afirmó Barbara Hines, antigua profesora de Derecho que ayudó a los legisladores a redactar la Ley Texas Dream.
A principios de siglo, casi dos décadas después de que los niños indocumentados obtuvieran el derecho a asistir a la escuela pública en Estados Unidos, los estudiantes inmigrantes y sus defensores seguían frustrados porque la universidad seguía estando fuera de su alcance.
Para el mayor general retirado de la Guardia Nacional del Ejército Rick Noriega, un demócrata que en ese momento formaba parte de la Legislatura de Texas, esa realidad le tocó de cerca cuando se enteró de que un joven trabajador de su distrito quería matricularse en el community college local para estudiar mecánica aeronáutica, pero no podía permitirse pagar la matrícula fuera del estado.
Noriega llamó a la oficina del rector de la escuela, que pudo proporcionar fondos para que el estudiante se inscribiera. Pero esa experiencia le llevó a preguntarse: ¿cuántos niños más de su distrito se enfrentaban a las mismas barreras para acceder a la educación superior?
Así que colaboró con un sociólogo para encuestar a los estudiantes de las escuelas secundarias locales sobre el problema, que resultó ser muy frecuente. Y el distrito de Noriega no era una excepción. En un estado que durante mucho tiempo ha tenido una de las mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados del país, los políticos de todos los partidos conocían a electores, amigos o familiares afectados y querían ayudar. Una vez que Noriega decidió proponer la legislación, un republicano, Fred Hill, pidió ser coautor del proyecto de ley.
Para los defensores de la Ley Texas Dream, el mejor argumento a favor de la matrícula estatal para los estudiantes indocumentados era de carácter económico. Después de que el estado ya hubiera invertido en estos estudiantes durante la educación pública K-12, tenía sentido seguir desarrollándolos para que, con el tiempo, pudieran ayudar a satisfacer las necesidades de mano de obra de Texas.
“Habíamos gastado todo ese dinero en estos jóvenes, y ellos habían hecho todo lo que les pedimos —en muchos casos, eran superestrellas, los mejores de su promoción y cosas por el estilo— y luego se topaban con este obstáculo, que era la educación superior, cuyo costo era prohibitivo”, dijo Noriega.
La legislación fue aprobada fácilmente por la Cámara de Representantes de Texas, que en ese momento estaba controlada por los demócratas, pero el Senado, liderado por los republicanos, se mostró menos complaciente.
“Ni siquiera pude conseguir una audiencia. Me dijeron rotundamente: “No, esto no va a salir adelante””, afirmó Leticia Van de Putte, la entonces senadora estatal que patrocinó la legislación en su cámara.
Para persuadir a sus colegas republicanos, añadió varias restricciones, entre ellas la de exigir a los estudiantes indocumentados que vivieran en Texas durante tres años antes de terminar la escuela secundaria o recibir un GED. (Se estimó que tres años era el tiempo medio que tardaría una familia en pagar suficientes impuestos estatales para compensar la diferencia entre la matrícula estatal y la matrícula fuera del estado). También incluyó la cláusula que obligaba a los estudiantes indocumentados que accedían a la matrícula estatal a firmar una declaración jurada en la que se comprometían a solicitar la tarjeta de residencia tan pronto como pudieran.
Van de Putte también recurrió a los grupos empresariales de Texas para insistir en los argumentos económicos a favor del proyecto de ley. Y convenció a la comunidad empresarial para que pagara los autobuses que llevarían a pastores evangélicos conservadores latinos de Dallas, San Antonio, Houston y otras zonas del estado a Austin, para que pudieran llamar a las puertas en apoyo de la legislación y rezar con los senadores republicanos y su personal.
Después de eso, la Ley Texas Dream fue aprobada por abrumadora mayoría en el Senado estatal en mayo de 2001, y el entonces gobernador Rick Perry, republicano, la promulgó como ley al mes siguiente.
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Sin embargo, en 2007, incluso cuando los defensores de los derechos de los inmigrantes, los grupos religiosos y las asociaciones empresariales formaron una coalición para defender a los inmigrantes contra las políticas estatales perjudiciales, la legislatura de Texas comenzó a presentar una serie de propuestas generalmente contrarias a los inmigrantes. En 2010, las encuestas sugerían que los tejanos se oponían de manera abrumadora a que los estudiantes indocumentados pagaran las tasas de matrícula estatales.
En 2012, un nuevo grupo de políticos de derecha fue elegido para ocupar cargos públicos, muchos de ellos opuestos filosóficamente a la ley y muy críticos al respecto. La defensa de la política por parte de Perry se volvió en su contra durante las primarias presidenciales republicanas de 2012, cuando su campaña fue objeto de críticas después de que, durante un debate, dijera a los oponentes de la igualdad en las matrículas: “No creo que tengan corazón”.
Aún así, ninguno de los muchos proyectos de ley presentados a lo largo de los años para derogar la Ley Texas Dream tuvo éxito. E incluso el gobernador Greg Abbott, un republicano partidario de la línea dura en materia de inmigración, se mostró en ocasiones ambiguo sobre la política, y su portavoz afirmó en 2013 que Abbott creía que “el objetivo” de la matrícula estatal independientemente del estatus migratorio era “noble”.
Los observadores legislativos afirman que algunos republicanos del estado siguen apoyando la política. “Es una cuestión bipartidista. Hay republicanos que apoyan la matrícula estatal”, afirmó Luis Figueroa, director de asuntos legislativos de la organización sin fines de lucro Every Texan, dedicada a la investigación y la defensa de políticas públicas. “Pero no pueden decirlo públicamente”.
Mientras tanto, a medida que el tema se volvía más controvertido políticamente en Texas, la Texas Dream Act acabó amplificando un debate más amplio que finalmente condujo a la creación del DACA, el programa de la era Obama que ha dado a algunos inmigrantes indocumentados acceso a protecciones contra la deportación y permisos de trabajo.
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Incluso antes del DACA, muchos inmigrantes trabajaban, y los que siguen sin papeles a menudo siguen haciéndolo, ya sea como contratistas independientes para empleadores que hacen la vista gorda ante su estatus migratorio o creando sus propios negocios. Un estudio de mayo de 2020 reveló que los residentes no autorizados constituyen el 8,2 % de la población activa del estado y que, por cada dólar gastado en servicios públicos para ellos, el estado de Texas recuperaba 1,21 dólares en ingresos.
Pero sin el permiso legal inmediato para trabajar, los graduados universitarios indocumentados que se habían beneficiado de la Ley Dream de Texas se vieron limitados a pesar de sus títulos. A medida que la lucha por la equidad en las matrículas se extendía a otros estados, también lo hacía la lucha por una solución legal que apoyara a los estudiantes beneficiados.
Cuando estos jóvenes, cariñosamente apodados “soñadores o dreamers”, pasaron a primer plano para defenderse más públicamente, su difícil situación despertó simpatía. En 2017, el mismo año en que Trump comenzó su primer mandato, las encuestas dieron un giro y mostraron que la mayoría de los tejanos apoyaba las matrículas estatales para los estudiantes indocumentados. Más recientemente, las investigaciones han indicado una y otra vez que los estadounidenses apoyan una vía para que los residentes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños obtengan la residencia legal.
Pero los argumentos en contra de la matrícula estatal, independientemente del estatus migratorio, también ganaron popularidad: los críticos sostenían que la política es injusta para los ciudadanos estadounidenses de otros estados que tienen que pagar tasas más altas, o que los estudiantes indocumentados están ocupando plazas en escuelas competitivas que podrían ser ocupadas por estadounidenses.
El Departamento de Justicia se apoyó en una retórica similar en la demanda que acabó con la igualdad en las matrículas en Texas, alegando que la ley estatal queda invalidada por la legislación federal de 1996 que prohíbe a los inmigrantes indocumentados acceder a la matrícula estatal basada en la residencia. Ese argumento se ha convertido en un modelo, ya que la administración Trump ha presentado demandas para desmantelar las políticas de matrícula estatal de otros estados para los residentes indocumentados.
En Kentucky, el fiscal general del estado, el republicano Russell Coleman, ha seguido los pasos de Texas y ha recomendado que el consejo estatal que supervisa la educación superior retire su normativa que permite el acceso a la matrícula estatal en lugar de luchar por defenderla en los tribunales.
Al mismo tiempo, la administración Trump ha encontrado otras formas de recortar las oportunidades de educación superior para los estudiantes indocumentados, revocando una política que les había ayudado a participar en programas de formación profesional, técnica y para adultos, e investigando a las universidades por ofrecerles becas.
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En Texas, el repentino cambio de política con respecto a las matrículas estatales está causando caos. Las dos universidades más grandes del estado, Texas A&M y la Universidad de Texas, están utilizando diferentes directrices para decidir qué estudiantes deben pagar las tasas fuera del estado.
“Creo que las universidades son las que se encuentran en esta situación realmente difícil”, dijo Figueroa. “No son expertos en inmigración. Han recibido muy poca orientación sobre cómo interpretar el decreto de consentimiento”.
En medio de tanta confusión, Figueroa predijo que es probable que surjan futuras demandas. Los estudiantes y organizaciones afectados ya han presentado mociones ante los tribunales para defender tardíamente la Ley Texas Dream contra el Departamento de Justicia.
Mientras tanto, los jóvenes estudiantes se enfrentan a decisiones difíciles. Una estudiante, que pidió permanecer en el anonimato debido a su condición de inmigrante indocumentada, estaba leyendo las noticias en su teléfono antes de acostarse cuando vio un titular sobre el resultado del caso judicial del Departamento de Justicia.
“Me eché a llorar porque, como alguien que ha luchado por salir adelante en sus estudios, ahora que estoy en la educación superior, ha sido una bendición”, dijo. “Así que lo primero que pensé fue: “¿Qué voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde va mi futuro? ¿Los planes que tenía para mí tendrán que detenerse por completo?””.
La joven, que vive en San Antonio desde que tenía 9 meses, se había matriculado en seis cursos para el otoño en la Universidad Texas A&M-San Antonio y no estaba segura de si abandonarlos. Sería su último semestre antes de obtener sus títulos en psicología y sociología, pero no podía imaginar pagar la matrícula fuera del estado.
“Estoy en el limbo”, dijo, como “muchos estudiantes en este momento”.
Comunícate con la editora Caroline Preston al 212-870-8965 o [email protected].
Esta historia sobre los estudiantes indocumentados fue producida por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente y sin fines de lucro que se centra en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbase al boletín informativo del Hechinger.
