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  • Las instituciones de enseñanza superior recurren estudiantes hispanos para compensar disminución en la matrícula

    Las instituciones de enseñanza superior recurren estudiantes hispanos para compensar disminución en la matrícula

    RIVER FOREST, Illinois — Cuando Jacqueline Quintero empezó a explorar opciones para ir a la universidad cuando se graduara de secundaria, se dio cuenta de algo que muchas parecían tener en común.

    “No me gusta decirlo, pero todo el mundo parecía tan blanco”, dijo Quintero, cuyos padres llegaron a Estados Unidos desde México. “Simplemente no sentía que yo pertenecía allí”.

    Hasta que fue a una recepción para estudiantes admitidos en la Dominican University, cerca de donde creció en los suburbios del oeste de Chicago. Entre las cosas que la hicieron decidirse casi de inmediato a ir allí: Se proporcionaba información a las familias tanto en inglés como en español.

    “Por fin mis padres pudieron hacer preguntas” en su lengua materna, dice Quintero, que ahora cursa el penúltimo año de la carrera de Derecho. “Estaba acostumbrada a traducirles toda mi vida. Me puse a llorar, literalmente”.

    Este aparentemente pequeño detalle es uno de los muchos que han ayudado a impulsar la matrícula de Dominican en casi un 25 por ciento desde 2021, un período durante el cual las instituciones comparables han luchado por atraer estudiantes y cuando el número de jóvenes de 18 años está a punto de comenzar un largo declive.

    Esto se debe a que la universidad ha aprovechado un grupo de clientes potenciales que está creciendo: Los graduados hispanos como Quintero.

    Históricamente, a las universidades y escuelas superiores no les ha ido bien a la hora de reclutar estudiantes hispanos. Ahora su propio éxito puede depender en gran medida de ello.

    “La demografía de nuestro país está cambiando, y la enseñanza superior tiene que adaptarse”, afirma Glena Temple, presidenta de Dominican.

    O, como dijo Quintero, sonriendo: “Ahora nos necesitan”. 

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    Jacqueline Quintero, hija de inmigrantes mexicanos, estudia en la Dominican University y tiene previsto estudiar Derecho. “Ahora nos necesitan”, dice refiriéndose a las universidades que reclutan estudiantes hispanos como ella. Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report

    Mientras que se prevé que en 2041 las cifras de graduados en enseñanza secundaria blancos, negros y asiáticos disminuyan en un 26%, un 22% y un 10%, respectivamente, se prevé que el número de graduados hispanos en enseñanza secundaria durante ese periodo aumente un 16%, según la Western Interstate Commission for Higher Education, que realiza el seguimiento de estos datos.

    Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, casi 1 de cada 3 alumnos desde preescolar hasta 12º curso es hispano. Esta cifra es superior a la de menos de 1 de cada 4 de hace una década. La proporción de alumnos hispanos en las escuelas públicas es aún mayor en algunos estados, como California (56%), Texas (53%) y Florida (38%).

    Esto hace que estos jóvenes – a menudo hijos o nietos de inmigrantes, o inmigrantes ellos mismos – adquieran una nueva importancia para las universidades, que históricamente no han conseguido atraer a tantos estudiantes hispanos como a gente de otros orígenes raciales. 

    Sin embargo, en un momento en que la educación superior necesita que aumente, la proporción de estudiantes hispanos que van a la universidad ha ido disminuyendo. Invertir esa tendencia es todo un reto, por muchas razones – el elevado costo, la necesidad de encontrar un trabajo inmediatamente después de la secundaria, el hecho de que muchos proceden de familias sin experiencia universitaria a las que pedir consejo – agravadas por los ataques cada vez más agresivos a los programas de diversidad de los campus, que podrían dificultar aún más la captación y el apoyo a estos estudiantes. 

    En el pasado, según Deborah Santiago, directora ejecutiva de la organización de defensa de los hispanos Excelencia in Education, las instituciones de enseñanza superior “podían alcanzar sus cifras [de matriculación] sin implicar a esta población. Eso ya no es así”.

    Ese gran número de estudiantes hispanos que se acercan a la edad universitaria “es para lo que tenemos que prepararnos como instituciones de enseñanza superior y para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades”, afirma Greg Mosier, presidente del Kansas City Kansas Community College, que ahora se anuncia en periódicos en español y en la radio en español.

    “A medida que los baby boomers se jubilan, la población joven es mucho menor y tiene que sostener a una población de más edad”, afirma Michael Collins, vicepresidente del Centro para la Equidad Económica Racial de la organización sin fines de lucro Jobs for the Future. 

    El Centro para la Liberación Cultural de la Dominican University, cerca de Chicago. La sala es un lugar de estudio, conversación y encuentro para estudiantes de todas las procedencias. Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report

    A menos que las universidades construyan redes más amplias, dijo Collins – incluyendo la ayuda para que más hispanoamericanos puedan acceder a empleos mejor pagados – “nuestra calidad de vida será menor. Es un panorama bastante desolador”.

    Incluso los más pequeños esfuerzos por matricular y apoyar a los estudiantes hispanos se complican aún más con la retirada de los programas de diversidad y las ayudas económicas a los estudiantes indocumentados, muchos de ellos hispanos. 

    En febrero, Florida puso fin a la política de cobrar una matrícula estatal a los estudiantes indocumentados, por ejemplo. Otros estados han impuesto o están considerando medidas similares. La administración Trump ha desechado un programa de la era Biden para apoyar a las instituciones que prestan servicios a los hispanos. Y el Departamento de Educación, en una carta a las universidades, interpretó que la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 que prohíbe las preferencias raciales en la admisión prohíbe “la toma de decisiones basada en la raza, sin importar la forma.”

    Aunque la base jurídica de esa decisión ha sido ampliamente cuestionada, tiene en vilo a las instituciones de enseñanza superior. Incluso muchos colegios y universidades que los activistas elogiaron por impulsar la matriculación de hispanos no quisieron hablar de ello.

    Algunos expertos dicen que la mayoría de los programas para reclutar y apoyar a los estudiantes hispanos no se verían afectados por las campañas anti DEI, ya que se ofrecen a cualquiera que los necesite. “Estas cosas funcionan para todos los estudiantes”, dijo Anne-Marie Núñez, directora ejecutiva del Instituto para el Éxito de los Estudiantes Hispanos de la Universidad de Texas en El Paso.

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    La proporción de graduados de secundaria hispanos que van directamente a la universidad es inferior a la de sus compañeros blancos, y está disminuyendo: del 70% al 58% entre 2012 y 2022. Ese es el último periodo para el que se dispone de cifras del Centro Nacional de Estadísticas Educativas. Los estudiantes hispanos que se matriculan en la universidad también la abandonan en mayor proporción

    Hay razones económicas y culturales para ello. 

    Según la Oficina del Censo, el ingreso medio anual de las familias hispanas es más de un 25% inferior al de las familias blancas, lo que significa que la universidad puede parecer fuera de su alcance. El Center for Law and Social Policy ha calculado que más de tres cuartas partes de los estudiantes hispanos que acuden incluso a colegios comunitarios de bajo coste tienen necesidades financieras no cubiertas

    Esto empuja a muchos directamente al mercado laboral. Muchos estudiantes universitarios hispanos trabajan al menos a tiempo parcial mientras estudian, algo que, según las investigaciones, reduce la probabilidad de graduarse.

    Cuando Eddie Rivera terminó la secundaria en Carolina del Norte, “la universidad no era realmente una opción. Mi consejero no me ayudó. Sólo seguí lo que mi cultura hispana nos dice, que es ir a trabajar”.

    Cuando Eddie Rivera terminó la secundaria en Carolina del Norte, “sólo seguí lo que mi cultura hispana nos dice, que es ir a trabajar”. Animado por sus compañeros, acabó matriculándose en la Dominican University. Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report

    Rivera, que tiene el estatus DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, trabajó en una residencia de ancianos, en un parque de trampolines cubierto y en un hospital durante la pandemia, donde sus colegas le animaron a ir a la universidad. Con la ayuda de un programa de becas para estudiantes indocumentados, también terminó en Dominican, donde a sus 28 años es estudiante de tercer año y se especializa en relaciones internacionales y diplomacia, con planes de obtener una maestría en política exterior y seguridad nacional.

    Dominican, una pequeña universidad católica que data de 1922 y que antes se llamaba Rosary College, tiene una historia de educación de hijos de inmigrantes, del norte y centro de Europa, inicialmente. 

    Hoy, de las farolas del campus de 30 acres cuelgan pancartas con fotos de antiguos alumnos hispanos de éxito, y una banda de mariachis dirige las celebraciones del Día de los Muertos. 

    Las visitas a la institución se realizan en inglés y español, se ofrece a los estudiantes trabajo en el campus y el personal ayuda a familias enteras a superar crisis sanitarias, de vivienda y financieras. Dominican añadió un campus satélite en otoño en el barrio mexicano-americano de Pilsen, en Chicago, que ofrece titulaciones de dos años orientadas al empleo. Todos los estudiantes de la universidad reciben ayuda financiera, según datos federales. 

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    “Todos los días me encuentro con un miembro del personal o un profesor que me pregunta qué me pasa en la vida y cómo pueden ayudarme”, dice Aldo Cervantes, estudiante de tercer año de Negocios con especialización en Contabilidad, que quiere dedicarse a la banca o a los recursos humanos.

    También hay una Academia Familiar para que los padres, abuelos, hermanos y primos de los estudiantes conozcan los recursos de la universidad; como incentivo, las familias que acudan a cinco sesiones obtienen créditos para que su estudiante realice un curso de verano sin costo alguno.

    Un armario de ropa en la Dominican University para estudiantes que necesitan trajes de negocios para entrevistas de trabajo. Uno de los factores que frenan la matriculación de hispanos en la universidad es la menor renta media de los hogares. Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report

    “Cuando observamos a la población latina que va a la universidad, no se trata de una elección individual”, afirma Gabe Lara, Vicepresidente de Éxito y Compromiso Estudiantil, utilizando el término preferido por la universidad para referirse a las personas de ascendencia latinoamericana. “Es una elección familiar”.

    Estas y otras medidas han contribuido a más que duplicar la proporción de estudiantes hispanos en los últimos 10 años, hasta casi el 70% de los 2.570 estudiantes de Dominican, según cifras facilitadas por la universidad. 

    Genaro Balcazar dirige las estrategias de matriculación y marketing como director de operaciones de la universidad, tiene una forma pragmátuca de ver la situación.

    “Atendemos las necesidades de los alumnos no por quiénes son”, dijo Balcázar, “sino porque necesitan la ayuda”.

    Comunícate con Jon Marcus al 212-678-7556 o jmarcus@hechingerreport.org

    Este artículo sobre la enseñanza superior  y el reclutamiento de alumnos hispanos fue producido por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbete a nuestro boletín. Escucha nuestro podcast sobre educación.

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  • En Puerto Rico, la campaña de Trump para desmantelar el Departamento de Educación pega más fuerte

    En Puerto Rico, la campaña de Trump para desmantelar el Departamento de Educación pega más fuerte

    Maraida Caraballo Martínez es educadora en Puerto Rico desde hace 28 años y directora de la Escuela de la Comunidad Jaime C. Rodríguez desde hace siete. Nunca sabe cuánto dinero recibirá del gobierno cada año porque no se basa en el número de niños matriculados. Un año recibió 36.000 dólares; otro año, 12.000 dólares.

    Pero por primera vez como educador, Caraballo notó una gran diferencia durante la administración Biden. Gracias a una inyección de fondos federales en el sistema educativo de la isla, Caraballo recibió una subvención de 250.000 dólares, una cantidad de dinero sin precedentes. La utilizó para comprar libros y ordenadores para la biblioteca, pizarras e impresoras para las aulas, reforzar el programa de robótica y construir una pista polideportiva para sus alumnos. “Esto significó una gran diferencia para la escuela”, dijo Caraballo.

    Yabucoa, un pequeño pueblo del sureste de Puerto Rico, fue una de las regiones más afectadas por el huracán María en 2017. Y esta comunidad escolar, como cientos de otras en la isla, ha experimentado trastornos casi constantes desde entonces. Una serie de desastres naturales, como huracanes, terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierra, seguidos de la pandemia de coronavirus en 2020, han golpeado la isla e interrumpido el aprendizaje. También ha habido una rotación constante de secretarios de educación locales: siete en los últimos ocho años. El sistema educativo puertorriqueño -el séptimo distrito escolar más grande de Estados Unidos- se ha vuelto más vulnerable debido a la abrumadora deuda de la isla, la emigración masiva y una red eléctrica paralizada.

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    Bajo la presidencia de Joe Biden, se produjeron tímidos avances, respaldados por miles de millones de dólares y una atención personal sostenida por parte de altos funcionarios federales de educación, dijeron muchos expertos y educadores de la isla. Ahora les preocupa que todo se desmantele con el cambio en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump no ha ocultado su desdén por el territorio estadounidense, habiendo dicho supuestamente que estaba sucio y que la gente era pobre.” Durante su primer mandato, retuvo miles de millones de dólares en ayuda federal tras el huracán María y ha sugerido vender la isla o cambiarla por Groenlandia.

    Una reciente orden ejecutiva para hacer del inglés el idioma oficial ha preocupado a los habitantes de la isla, donde solo 1 de cada 5 personas habla inglés con fluidez, y el español es el idioma de instrucción en las escuelas. Trump está tratando de eliminar el Departamento de Educación de EE.UU. y ya ha hecho recortes radicales a la agencia, lo que tendrá implicaciones en toda la isla. Incluso si los fondos federales -que el año pasado representaron más de dos tercios del financiamiento del Departamento de Educación de Puerto Rico, o DEPR- se transfirieran directamente al gobierno local, probablemente traerían peores resultados para los niños más vulnerables, dicen los educadores y expertos en políticas públicas. Históricamente, el DEPR ha estado plagado de interferencias políticas, burocracia generalizada y falta de transparencia.

     Maraida Caraballo Martínez ha sido educadora en Puerto Rico durante 28 años y ahora es directora de una escuela primaria. Su escuela ha estado a punto de cerrar tres veces debido a la emigración masiva de la isla. Credit: Kavitha Cardoza for The Hechinger Report

    Y el departamento de educación local no está tan avanzado tecnológicamente como otros departamentos de educación estatales, ni es tan capaz de difundir las mejores prácticas. Por ejemplo, Puerto Rico no dispone de una “fórmula por alumno”, un cálculo utilizado habitualmente en el continente para determinar la cantidad de dinero que recibe cada estudiante para su educación. Roberto Mujica es el director ejecutivo de la Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico, convocada por primera vez bajo la presidencia de Barack Obama en 2016 para hacer frente al marasmo financiero de la isla. Mujica dijo que la actual asignación de fondos educativos de Puerto Rico es opaca. “Cómo se distribuyen los fondos se percibe como un proceso político”, dijo. “No hay transparencia ni claridad”.

    En 2021, Miguel Cardona, Secretario de Educación de Biden, prometió “un nuevo día” para Puerto Rico. “Durante demasiado tiempo, los estudiantes y educadores de Puerto Rico fueron abandonados”, dijo. Durante su mandato, Cardona aignó casi 6.000 millones de dólares federales para el sistema educativo de la isla, lo que se tradujo en un aumento salarial histórico para los profesores, financiamiento para programas de tutoría extraescolar, la contratación de cientos de profesionales de salud mental escolar y la creación de un programa piloto para descentralizar el DEPR.

    Cardona designó a un asesor principal, Chris Soto, para que fuera su persona de contacto con el sistema educativo de la isla, subrayando el compromiso del gobierno federal con la isla. Durante casi cuatro años en el cargo, Soto realizó más de 50 viajes a la isla. Carlos Rodríguez Silvestre, director ejecutivo de la Fundación Flamboyán, una organización sin fines de lucro de Puerto Rico que ha dirigido los esfuerzos de alfabetización infantil en la isla, dijo que el nivel de respeto e interés sostenido hicieron sentir que se trataba de una asociación, no un mandato de arriba hacia abajo. “Nunca había visto ese tipo de atención a la educación en Puerto Rico”, afirmó. “Soto prácticamente vivía en la isla”.

    Soto también trabajó estrechamente con Víctor Manuel Bonilla Sánchez, presidente del sindicato de maestros, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, o AMPR, lo que dio lugar a un acuerdo por el que los educadores recibieron 1.000 dólares más al mes en su salario base, un aumento de casi el 30% para el maestro promedio. “Fue el mayor aumento salarial en la historia de los maestros de Puerto Rico”, dijo Bonilla, aunque incluso con el aumento, los maestros de aquí siguen ganando mucho menos dinero que sus colegas en el continente.

    Una de las mayores quejas que Soto dijo haber escuchado fue lo rígido y burocrático que era el Departamento de Educación de Puerto Rico, a pesar de una ley de reforma educativa de 2018 que permite un mayor control local. La agencia de educación -la unidad de gobierno más grande de la isla, con la mayor cantidad de empleados y el mayor presupuesto- estaba configurada de manera que la oficina central tenía que aprobar todo. Así que Soto creó y supervisó un programa piloto en Ponce, una región en la costa sur de la isla, enfocado en la descentralización.

    Por primera vez, la comunidad local eligió un consejo asesor de educación, y los candidatos a superintendente tuvieron que postularse en lugar de ser nombrados, dijo Soto. El superintendente recibió autoridad para aprobar directamente las solicitudes presupuestarias en lugar de enviarlas a través de funcionarios de San Juan, así como flexibilidad para gastar el dinero en su región en función de las necesidades de cada escuela.

    En el pasado, eso no se tenía en cuenta: Por ejemplo, Yadira Sánchez, psicóloga que lleva más de 20 años trabajando en la educación puertorriqueña, recuerda cuando una escuela recibió docenas de aires acondicionados nuevos aunque no los necesitaba. “Ya tenían aires acondicionados que funcionaban”, dice, “así que ese dinero se perdió”.

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    El proyecto piloto también se centró en aumentar la eficiencia. Por ejemplo, ahora se evalúa a los niños discapacitados en sus colegios, en lugar de tener que acudir a un centro especial. Y Soto dice que también intentó eliminar el uso de influencias y aumentar la transparencia en torno al gasto en el PRDE. “Puedes mejorar las facturas, pero si tus amigos políticos son los que se quedancon los trabajos, entonces no tienes un buen sistema escolar”, dijo.

    Bajo el mandato de Biden, Puerto Rico también recibió una subvención competitiva o grant  del Departamento de Educación de EE.UU. por valor de 10,5 millones de dólares para escuelas comunitarias, otro hito. Y el departamento federal empezó a incluir datos sobre el territorio en algunas estadísticas educativas recopiladas. “Puerto Rico ni siquiera figuraba en estos indicadores, así que empezamos a preguntarnos cómo mejorar los sistemas de datos. Desentrañar el problema de los datos significó que Puerto Rico puede ser debidamente reconocido”, dijo Soto.

    Pero ya hay planes para deshacer el esfuerzo de Cardona en Ponce. La recién elegida gobernadora de la isla, Jenniffer González Colón, es republicana y partidaria de Trump. El popular secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, regresó a principios de este año al frente del departamento tras dirigirlo desde abril de 2021 hasta julio de 2023, cuando la gobernadora le pidió inesperadamente que dimitiera, algo nada inusual en el gobierno de la isla, donde los nombramientos políticos pueden terminar de repente y con poco debate público. Ramos dijo a The Hechinger Report que el programa no continuará en su forma actual, calificándolo de “ineficiente”.

    “El programa piloto no es realmente eficaz”, dijo, señalando que la política puede influir en las decisiones de gasto no sólo a nivel central, sino también a nivel regional. “Queremos tener algunos controles”. También dijo que ampliar la iniciativa a toda la isla costaría decenas de millones de dólares. En su lugar, Ramos dijo que estaba estudiando enfoques más limitados de la descentralización, en torno a algunas funciones de recursos humanos y adquisiciones. Dijo que también estaba explorando una fórmula de financiación por alumno para Puerto Rico y estudiando las lecciones de otros grandes distritos escolares como la ciudad de Nueva York y Hawai.

    Un autobús escolar bajo un árbol que cayó durante el huracán María, que azotó la isla de Puerto Rico en septiembre de 2017. Más de un año después, no había sido retirado. Credit: Al Bello/Getty Images for Lumix

    Aunque la educación ha sido la mayor partida presupuestaria de la isla durante años, sigue siendo mucho menos de lo que cualquiera de los 50 estados gasta en cada estudiante. Puerto Rico gasta 9.500 dólares por estudiante, frente a una media de 18.600 dólares en los estados.

    El Departamento de Educación de EE.UU., que complementa la financiación local y estatal para los estudiantes en situación de pobreza y con discapacidades, tiene un papel desproporcionado en las escuelas de Puerto Rico. En la isla, el 55% de los niños viven por debajo del umbral de la pobreza, frente al 17% en los 50 estados; en el caso de los estudiantes de educación especial, las cifras son del 35% y el 15%, respectivamente. En total, durante el año fiscal 2024, más del 68 por ciento del presupuesto de educación en la isla procede de fondos federales, frente al 11 por ciento en los estados de EE UU. El departamento también administra las becas Pell para estudiantes de bajos ingresos -alrededor del 72 por ciento de los estudiantes puertorriqueños las solicitan- y apoya los esfuerzos de desarrollo profesional y las iniciativas para los niños puertorriqueños que van y vienen entre el continente y el territorio.

    Linda McMahon, la nueva secretaria de Educación de Trump, ha dicho supuestamente que el Gobierno seguirá cumpliendo sus “obligaciones legales” con los estudiantes aunque el departamento cierre o transfiera algunas operaciones y despida personal. El Departamento de Educación de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

    Algunos dicen que el hecho de que la administración Biden haya vertido miles de millones de dólares en un sistema educativo en problemas con escasa rendición de cuentas ha creado expectativas poco realistas y no hay un plan para lo que ocurre después de que se gasta el dinero. Mujica, director ejecutivo de la junta de supervisión, dijo que la infusión de fondos pospuso la toma de decisiones difíciles por parte del gobierno puertorriqueño. “Cuando se tiene tanto dinero, se tapan muchos problemas. No tienes que enfrentarte a algunos de los retos que son fundamentales para el sistema”. Y afirmó que apenas se habla de lo que ocurrirá cuando se acabe ese dinero. “¿Cómo se va a llenar ese vacío? O desaparecen esos programas o tendremos que encontrar la financiación para ellos”, dijo Mujica.

    Dijo que esfuerzos como el de Ponce para acercar la toma de decisiones a donde están las necesidades de los estudiantes es “de vital importancia”. Aún así, dijo que no está seguro de que el dinero haya mejorado los resultados de los estudiantes. “Esta era una gran oportunidad para hacer cambios fundamentales e inversiones que produzcan resultados a largo plazo. No estoy seguro de que hayamos visto las métricas que lo respalden”.

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    Puerto Rico es una de las regiones más empobrecidas desde el punto de vista educativo, con unos resultados académicos muy inferiores a los del continente. En la parte de matemáticas de la Evaluación Nacional de Progreso Educativo, o NAEP, una prueba que realizan los estudiantes de todo EE.UU., sólo el 2% de los alumnos de cuarto curso de Puerto Rico calificaron como competentes, la puntuación más alta jamás registrada en la isla, y el 0% de los alumnos de octavo curso lo fueron. Los estudiantes puertorriqueños no hacen la prueba NAEP de lectura porque aprenden en español, no en inglés, aunque los resultados compartidos por Ramos en una conferencia de prensa en 2022 mostraron que sólo el 1% de los estudiantes de tercer grado leían a nivel de grado.

    Hay algunos esfuerzos alentadores. La Fundación Flamboyán ha liderado una coalición de 70 socios en toda la isla para mejorar la alfabetización de los niños de preescolar a tercer grado, entre otras cosas mediante el desarrollo profesional. La formación del profesorado a través del departamento de educación del territorio ha sido a menudo irregular u opcional.

    La organización trabaja ahora en estrecha colaboración con la Universidad de Puerto Rico y, como parte de ese esfuerzo, supervisa el gasto de 3 millones de dólares en formación para la alfabetización. Aproximadamente 1.500 profesores de Puerto Rico (un tercio de los maestros de Kinder a 5º grado) han recibido esta rigurosa formación. Los educadores recibieron 500 dólares como incentivo por participar, además de libros para sus aulas y tres horas de formación continua. “Fueron muchas horas de calidad. No ha sido el método de ‘rociar (con un poco de agua) y rezar’”, dijo Silvestre. Ese esfuerzo continuará, según Ramos, que lo calificó de “muy eficaz”.

    Una nueva prueba de lectura para alumnos de primero a tercer grado que la organización sin fines de lucro ayudó a diseñar mostró que entre los años escolares 2023 y 2024, la mayoría de los niños estaban por debajo del nivel del grado, pero hubo avances en los resultados en todos los grados. “Pero aún nos queda un largo camino por recorrer para que estos datos lleguen a los profesores a tiempo y de forma que puedan actuar en consecuencia”, dijo Silvestre.

    Kristin Ehrgood, Directora General de la Fundación Flamboyán, afirma que es demasiado pronto para ver resultados espectaculares. “Es realmente difícil ver una tonelada de resultados positivos en un período tan corto de tiempo con la desconfianza significativa que se ha construido durante años”, dijo. Dijo que no estaban seguros de cómo la administración Trump podría trabajar o financiar el sistema educativo de Puerto Rico, pero que la administración Biden había construido una gran cantidad de buena voluntad. “Hay muchas oportunidades que podrían aprovecharse, si una nueva administración decide hacerlo”.

    Otra señal esperanzadora es que la junta de supervisión, que fue muy protestada cuando se formó, ha reducido la deuda de la isla de 73.000 a 31.000 millones de dólares. Y el año pasado los miembros de la junta aumentaron el gasto en educación en un 3%. Mujica dijo que la junta se centra en asegurarse de que cualquier inversión se traduzca en mejores resultados para los estudiantes: “Nuestra opinión es que los recursos tienen que ir a las aulas”.

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    Betty A. Rosa, comisionada de educación y presidente de la Universidad del Estado de Nueva York y miembro de la Junta de Supervisión, afirmó que la inestabilidad educativa en Puerto Rico se debe a los cambios en el liderazgo. Cada nuevo líder se dedica a “reconstruir, reestructurar, reimaginar, elija la palabra que elija”, dijo. “No hay coherencia”. A diferencia de su cargo en el estado de Nueva York, el Secretario de Educación de Puerto Rico y otros cargos son nombramientos políticos. “Si tienes un gobierno permanente, aunque cambie el liderazgo, el trabajo continúa”.

    Ramos, que vivió esta inestabilidad cuando el anterior gobernador pidió inesperadamente su dimisión en 2023, dijo que se reunió con McMahon, la nueva secretaria de Educación de EE.UU., en Washington, D.C., y que mantuvieron una “agradable conversación”. “Ella sabe de Puerto Rico, se preocupa por Puerto Rico y demostró total apoyo en la misión de Puerto Rico”, dijo. Dijo que McMahon quería que el DEPR ofreciera más clases bilingües, para exponer a más estudiantes al inglés. Queda por ver si habrá cambios en la otorgación de fondos o cualquier otra cosa. “Tenemos que ver lo que ocurre en las próximas semanas y meses y cómo esa visión y esa política podrían afectar a Puerto Rico”, dijo Ramos.

    La Escuela de la Comunidad Jaime C. Rodríguez es una escuela Montessori de Yabucoa, Puerto Rico, que carecía de instalaciones deportivas para sus alumnos. Recientemente comenzó las obras de un centro deportivo polivalente gracias a los fondos federales otorgados por la administración del presidente Biden. Credit: Kavitha Cardoza for The Hechinger Report

    Ramos fue muy apreciado por los educadores durante su primera etapa como Secretario de Educación. También tendrá que tomar muchas decisiones, como ampliar las escuelas charter y cerrar las escuelas públicas tradicionales, ya que la matriculación en las escuelas públicas de la isla sigue disminuyendo vertiginosamente. En el pasado, ambas cuestiones provocaron protestas feroces y generalizadas.

    Soto es realista y cree que la nueva administración tendrá “puntos de vista diferentes, tanto ideológica como políticamente”, pero confía en que el pueblo de Puerto Rico no quiera volver a la antigua forma de hacer las cosas. “Alguien dijo: ‘Ustedes sacaron al genio de la botella y va a ser difícil volver a ponerlo’ en lo que se refiere a un sistema escolar centrado en el estudiante”, dijo Soto.

    Cardona, cuyos abuelos son oriundos de la isla, dijo que Puerto Rico había experimentado un “estancamiento académico” durante años. “No podemos aceptar que los estudiantes rindan menos de lo que sabemos que son capaces”, dijo a The Hechinger Report, justo antes de despedirse como máximo responsable de educación del país. “Empezamos el cambio; tiene que continuar.

    La pequeña escuela de la directora Carabello, con 150 alumnos y 14 profesores, ha estado a punto de cerrarse ya tres veces, aunque en todas ellas se ha salvado en parte gracias al apoyo de la comunidad. Carabello confía en que Ramos, con quien ya ha trabajado anteriormente, cambie las cosas. “Conoce el sistema educativo”, afirma. “Es una persona brillante, abierta a escuchar”.  

    Pero las largas jornadas de los últimos años le han pasado factura. Suele estar en la escuela de 6:30 a.m. a 6:30 p.m. “Entras cuando anochece y te vas cuando anochece”, dice. Ha habido muchas plataformas nuevas que aprender y nuevos proyectos que poner en marcha. Quiere jubilarse, pero no puede permitírselo. Tras décadas en las que el gobierno local no financió suficientemente el sistema de pensiones, se recortaron los subsidios que compensaban el alto precio de los bienes y servicios en la isla y se congelaron los planes de pensiones.

    Ahora, en lugar de jubilarse con el 75% de su salario, Carabello recibirá sólo el 50%, 2.195 dólares al mes. Tiene derecho a prestaciones de la Seguridad Social, pero no son suficientes para compensar la pensión perdida. “¿Quién puede vivir con 2.000 dólares en un mes? Nadie. Es demasiado duro. Y mi casa aún necesita 12 años más para pagarse”.

    A Carabello, siempre tan fuerte y optimista con sus alumnos, se le saltaron las lágrimas. Pero es raro que se permita tiempo para pensar en sí misma. “Tengo una gran comunidad. Tengo grandes profesores y me siento feliz con lo que hago”, afirma.

    Está muy, muy cansada. 

    Comunícate con editora Caroline Preston al 212-870-8965 o preston@hechingerreport.org.

    Este artículo sobre el Departamento de Educación y Puerto Rico fue producido por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbete a nuestro boletín de noticias.

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  • Una de cada cinco personas que proveen cuidado infantil es inmigrante.

    Una de cada cinco personas que proveen cuidado infantil es inmigrante.

    Nueve días después de que el presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas con medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, Damaris Alvarado-Rodríguez decidió cerrar un aula en una de sus guarderías en Filadelfia.

    A pesar de tener tarjetas de residencia, las maestras de ese salón de clases, en donde atienden a niños y niñas que tienen un año de edad, estaban demasiado nerviosas para ir a trabajar. Desde que Trump tomó posesión, sus funcionarios se han enfocado en Filadelfia y otras denominadas ciudades santuario donde se limita la cooperación en la aplicación de las leyes de inmigración. Los agentes de inmigración han estado presentes constantemente en los vecindarios donde están situados los tres centros de Alvarado-Rodríguez.

    “Tengo mucho miedo de cómo esto va a afectar a nuestros niños, familias y personal”, dijo.

    En un programa de cuidado infantil familiar en Albuquerque, Nuevo México, Maggie, de 47 años, quien fue abogada antes de emigrar desde México hace 10 años, también ha visto los rápidos efectos de las órdenes ejecutivas. Cinco de los 12 niños a su cuidado dejaron de presentarse. Maggie dijo a través de un intérprete que los padres deciden dejar a sus hijos pequeños con hermanos mayores o abuelos en lugar de con ella, es decir, que salen de casa solo para trabajar y así estar fuera del alcance de las autoridades lo más posible. (The Hechinger Report no utiliza los nombres completos de algunos de los entrevistados porque temen por su seguridad). 

    “Los padres dijeron: ‘Vamos a esperar a que las cosas se calmen’”, dijo Maggie.

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    En Estados Unidos, 1 de cada 5 trabajadores de cuidado infantil es inmigrante. En ciudades grandes como Nueva York, los inmigrantes constituyen más del 40 % de la fuerza laboral de cuidado infantil. En Los Ángeles, es de casi el 50 %.

    “En la economía del cuidado infantil, los inmigrantes son la columna vertebral de este trabajo”, afirma Erica Phillips, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar. Estos educadores de la primera infancia se “dedican a prestar uno de los servicios más esenciales y con mayor impacto para los niños pequeños de todo el país”.

    Los expertos opinan que las órdenes ejecutivas de Trump amenazan dicha columna vertebral. Entre otros cambios, las órdenes amplían las normas sobre qué inmigrantes pueden ser deportados rápidamente, sin tener una audiencia; exigen que algunos no ciudadanos se registren y presenten huellas dactilares; y limitan los permisos de trabajo.

    Un patio de recreo en uno de los centros de cuidado infantil que Damaris Alvarado-Rodríguez dirige en Filadelfia. Alvarado-Rodríguez recientemente cerró una de las aulas porque varios maestros tenían miedo de ir a trabajar debido a posibles redadas de ICE. Credit: Image provided by Damaris Alvarado-Rodriguez

    Varios proveedores de cuidado infantil dijeron que la situación parece más grave que en años anteriores. La actual administración ha establecido cuotas diarias de aprehensiones de inmigrantes, lo que ha producido arrestos de más inmigrantes por día que el promedio bajo la administración anterior. Esto incluye a muchos sin antecedentes penales, que no eran el blanco de la ejecución de la ley bajo el expresidente Joe Biden. Asimismo, Trump ha impulsado medidas para terminar con el estatus legal de millones de personas pues propuso eliminar la ciudadanía por nacimiento.

    Estados Unidos no puede permitirse perder personal de cuidado infantil. Hay ya muchos programas que tienen problemas crónicos de rotación de trabajadores, lo que puede crear inestabilidad en las vidas de los niños y niñas a su cuidado. Las tasas de rotación en el sector de cuidado infantil son  65 % más altas que el promedio en otros sectores. Los salarios bajos (una trabajadora promedio de cuidado infantil gana 13,07 dólares la hora) dificultan la contratación de personal. A menudo, los cuidadores carecen de prestaciones y pueden ganar más al trabajar en restaurantes de comida rápida o en venta minorista. La pandemia debilitó la fuerza laboral, algo que se ha tardado en reponer. Para lidiar con la escasez de cuidadores infantiles, varios estados han intentado aprobar leyes que permitan a los adolescentes trabajar en dichas aulas. 

    “Ya estamos empezando desde un punto en el que no hay suficiente cuidado infantil, los programas están en apuros y la fuerza laboral ya está viviendo un estrés increíble”, dijo Lea Austin, directora ejecutiva del Centro para el Estudio del Empleo en el Cuidado Infantil de la Universidad de California en Berkeley. “Solo podemos esperar que esto vaya a devastar aún más todo el ecosistema de cuidado y educación temprana”.

    El país lleva mucho tiempo recurriendo a los inmigrantes para los trabajos de cuidado, incluido el cuidado infantil y otras labores como el cuidado de personas mayores. Los inmigrantes tienen mayor probabilidad de servir como cuidadores de “amistades, familiares y vecinos” al asumir acuerdos informales de atención donde hay flexibilidad y que son más populares entre padres de familia.

    Al desempeñar estas funciones de cuidado, los inmigrantes permiten que otros padres puedan trabajar. Se calcula que hay 142.000 inmigrantes indocumentados que trabajan como niñeras y asistentes de atención personal o de salud en el hogar en todo el país, lo que crea “un efecto multiplicador de productividad en toda la economía”, según una investigación del Center for American Progress. En la ciudad de Nueva York, la mayoría de las 14.000 niñeras de la ciudad son inmigrantes.

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    En el norte de California, Adriana, una joven de 27 años que emigró de México hace dos años, dijo que quiere empezar a trabajar y que recientemente le ofrecieron un empleo en una compañía grande. No obstante, primero necesita encontrar una guardería para su bebé de 3 meses, y le preocupa que los funcionarios de inmigración la separen de su bebé. “Tengo miedo, sobre todo porque parece que podrán entrar en mi lugar de trabajo”, dijo a través de un intérprete. “Me preocupa dejar a mi bebé solo”.

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios. Una de las órdenes ejecutivas de Trump, firmada poco después de haber asumido el cargo, anuló las restricciones que impedían que ICE realice redadas en escuelas y programas de cuidado infantil.

     Las tarjetas rojas que ofrecen algunos programas de cuidado infantil y escuelas, como estas en un centro en Texas, tienen como objetivo ayudar a las familias a comprender sus derechos en caso de ser detenidas por agentes de inmigración. Credit: Jackie Mader/The Hechinger Report

    La política de inmigración puede tener un efecto paralizador en las comunidades, lo que hace que los inmigrantes eviten trabajos que podrían aumentar su visibilidad ante las autoridades, dijo Chris Herbst, profesor asociado de la Universidad Estatal de Arizona, que estudió el impacto de la política en el cuidado infantil entre 2008 y 2014. Debido a que el sistema de cuidado infantil de Estados Unidos depende tanto del trabajo de los inmigrantes, “los impactos son instantáneos”, añadió.

    En Albuquerque, Ana dirige un programa de cuidado infantil que atiende a 50 familias del área, la mayoría de las cuales son ciudadanas estadounidenses. Ana se fue de México en 2020 con su esposo y su hijo pequeño cuando la violencia aumentó en su estado natal de Sinaloa, y ahora le preocupa que la puedan deportar. Ese tipo de preocupación la comparte su personal: tres de sus 14 empleados han dejado de ir a trabajar por miedo a las redadas de inmigración.

    Recientemente, Ana y su esposo reunieron algunas pertenencias en caso de ser detenidos. Para prepararse, también han considerado certificar un documento de tutela encargando a su hijo de 3 años, que es ciudadano estadounidense, así como de su hijo de 8 años, que no es ciudadano, a un familiar. “Lo que nos motiva es mejorar la situación de nuestras familias, vivir en mejores lugares y aumentar las oportunidades para nuestros hijos”, dijo. “Esperamos que [los funcionarios de inmigración] persigan a los delincuentes y no intenten seguir o perseguir a personas que son buenas y trabajadoras”.

    Elida Cruz dirige un programa de cuidado infantil en el centro de California donde atiende a los hijos de trabajadores migrantes. Cruz opina que el miedo es palpable en algunos de los padres de familia; tanto ella como su esposo reparten víveres y transportan a los pequeños hacia y desde su programa de cuidado infantil para que los padres puedan limitar su tiempo fuera de casa. Su esposo escogió una palabra clave con una familia, la cual pronuncia tres veces para que los padres sepan que es seguro abrir la puerta.

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    Cruz, como muchas otras proveedoras de cuidado infantil, ha intentado educar a las familias inmigrantes sobre sus derechos al compartir con ellas recursos disponibles y entregarles “tarjetas rojas” que aconsejan a las personas sobre qué hacer si se les acercan agentes de inmigración. Además de preocuparse por los efectos en las familias y los niños, le preocupa qué sucederá si dichas familias se van. “Financieramente, sería la devastación de mi negocio”, dijo. “Tendría que cerrar. Me quedaría sin clientes, sin niños”, añadió. “Nuestros negocios se van a hundir porque todos dependemos de los trabajadores del campo”. 

    Puede que solo sea cuestión de tiempo: incluso los niños pequeños a su cargo parecen estar conscientes de que las cosas podrían cambiar en cualquier momento. “Es desgarrador ver las caritas de los niños, llenas de miedo”, dijo. Un niño preguntó si los agentes de inmigración vendrían a su centro.

    Cruz le dijo lo único que se le ocurrió, aunque sabía que era una mentira piadosa. 

    “Le dije: ‘¿Sabes por qué no van a venir aquí? … Porque ni siquiera tienen nuestra dirección, así que no saben que estamos aquí, mijo’”. 

    Camilla Forte contribuyó con el reportaje.

    Comunícate con Jackie Mader al 212-678-3562 o mader@hechingerreport.org

    Este artículo sobre el cuidado infantil fue producido por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbete a nuestro boletín de noticias.

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