Category: Parents

  • Una de cada cinco personas que proveen cuidado infantil es inmigrante.

    Una de cada cinco personas que proveen cuidado infantil es inmigrante.

    Nueve días después de que el presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas con medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, Damaris Alvarado-Rodríguez decidió cerrar un aula en una de sus guarderías en Filadelfia.

    A pesar de tener tarjetas de residencia, las maestras de ese salón de clases, en donde atienden a niños y niñas que tienen un año de edad, estaban demasiado nerviosas para ir a trabajar. Desde que Trump tomó posesión, sus funcionarios se han enfocado en Filadelfia y otras denominadas ciudades santuario donde se limita la cooperación en la aplicación de las leyes de inmigración. Los agentes de inmigración han estado presentes constantemente en los vecindarios donde están situados los tres centros de Alvarado-Rodríguez.

    “Tengo mucho miedo de cómo esto va a afectar a nuestros niños, familias y personal”, dijo.

    En un programa de cuidado infantil familiar en Albuquerque, Nuevo México, Maggie, de 47 años, quien fue abogada antes de emigrar desde México hace 10 años, también ha visto los rápidos efectos de las órdenes ejecutivas. Cinco de los 12 niños a su cuidado dejaron de presentarse. Maggie dijo a través de un intérprete que los padres deciden dejar a sus hijos pequeños con hermanos mayores o abuelos en lugar de con ella, es decir, que salen de casa solo para trabajar y así estar fuera del alcance de las autoridades lo más posible. (The Hechinger Report no utiliza los nombres completos de algunos de los entrevistados porque temen por su seguridad). 

    “Los padres dijeron: ‘Vamos a esperar a que las cosas se calmen’”, dijo Maggie.

    Relacionado: La educación es una labor de toda la vida. Suscríbete a nuestro boletín semanal gratuito, que incluye las noticias más importantes sobre el mundo de la educación.

    En Estados Unidos, 1 de cada 5 trabajadores de cuidado infantil es inmigrante. En ciudades grandes como Nueva York, los inmigrantes constituyen más del 40 % de la fuerza laboral de cuidado infantil. En Los Ángeles, es de casi el 50 %.

    “En la economía del cuidado infantil, los inmigrantes son la columna vertebral de este trabajo”, afirma Erica Phillips, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar. Estos educadores de la primera infancia se “dedican a prestar uno de los servicios más esenciales y con mayor impacto para los niños pequeños de todo el país”.

    Los expertos opinan que las órdenes ejecutivas de Trump amenazan dicha columna vertebral. Entre otros cambios, las órdenes amplían las normas sobre qué inmigrantes pueden ser deportados rápidamente, sin tener una audiencia; exigen que algunos no ciudadanos se registren y presenten huellas dactilares; y limitan los permisos de trabajo.

    Un patio de recreo en uno de los centros de cuidado infantil que Damaris Alvarado-Rodríguez dirige en Filadelfia. Alvarado-Rodríguez recientemente cerró una de las aulas porque varios maestros tenían miedo de ir a trabajar debido a posibles redadas de ICE. Credit: Image provided by Damaris Alvarado-Rodriguez

    Varios proveedores de cuidado infantil dijeron que la situación parece más grave que en años anteriores. La actual administración ha establecido cuotas diarias de aprehensiones de inmigrantes, lo que ha producido arrestos de más inmigrantes por día que el promedio bajo la administración anterior. Esto incluye a muchos sin antecedentes penales, que no eran el blanco de la ejecución de la ley bajo el expresidente Joe Biden. Asimismo, Trump ha impulsado medidas para terminar con el estatus legal de millones de personas pues propuso eliminar la ciudadanía por nacimiento.

    Estados Unidos no puede permitirse perder personal de cuidado infantil. Hay ya muchos programas que tienen problemas crónicos de rotación de trabajadores, lo que puede crear inestabilidad en las vidas de los niños y niñas a su cuidado. Las tasas de rotación en el sector de cuidado infantil son  65 % más altas que el promedio en otros sectores. Los salarios bajos (una trabajadora promedio de cuidado infantil gana 13,07 dólares la hora) dificultan la contratación de personal. A menudo, los cuidadores carecen de prestaciones y pueden ganar más al trabajar en restaurantes de comida rápida o en venta minorista. La pandemia debilitó la fuerza laboral, algo que se ha tardado en reponer. Para lidiar con la escasez de cuidadores infantiles, varios estados han intentado aprobar leyes que permitan a los adolescentes trabajar en dichas aulas. 

    “Ya estamos empezando desde un punto en el que no hay suficiente cuidado infantil, los programas están en apuros y la fuerza laboral ya está viviendo un estrés increíble”, dijo Lea Austin, directora ejecutiva del Centro para el Estudio del Empleo en el Cuidado Infantil de la Universidad de California en Berkeley. “Solo podemos esperar que esto vaya a devastar aún más todo el ecosistema de cuidado y educación temprana”.

    El país lleva mucho tiempo recurriendo a los inmigrantes para los trabajos de cuidado, incluido el cuidado infantil y otras labores como el cuidado de personas mayores. Los inmigrantes tienen mayor probabilidad de servir como cuidadores de “amistades, familiares y vecinos” al asumir acuerdos informales de atención donde hay flexibilidad y que son más populares entre padres de familia.

    Al desempeñar estas funciones de cuidado, los inmigrantes permiten que otros padres puedan trabajar. Se calcula que hay 142.000 inmigrantes indocumentados que trabajan como niñeras y asistentes de atención personal o de salud en el hogar en todo el país, lo que crea “un efecto multiplicador de productividad en toda la economía”, según una investigación del Center for American Progress. En la ciudad de Nueva York, la mayoría de las 14.000 niñeras de la ciudad son inmigrantes.

    Relacionado: ‘Hay una cultura de temor’: Estudiantes indocumentados agonizan ante comienzo del nuevo mandato de Trump

    En el norte de California, Adriana, una joven de 27 años que emigró de México hace dos años, dijo que quiere empezar a trabajar y que recientemente le ofrecieron un empleo en una compañía grande. No obstante, primero necesita encontrar una guardería para su bebé de 3 meses, y le preocupa que los funcionarios de inmigración la separen de su bebé. “Tengo miedo, sobre todo porque parece que podrán entrar en mi lugar de trabajo”, dijo a través de un intérprete. “Me preocupa dejar a mi bebé solo”.

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios. Una de las órdenes ejecutivas de Trump, firmada poco después de haber asumido el cargo, anuló las restricciones que impedían que ICE realice redadas en escuelas y programas de cuidado infantil.

     Las tarjetas rojas que ofrecen algunos programas de cuidado infantil y escuelas, como estas en un centro en Texas, tienen como objetivo ayudar a las familias a comprender sus derechos en caso de ser detenidas por agentes de inmigración. Credit: Jackie Mader/The Hechinger Report

    La política de inmigración puede tener un efecto paralizador en las comunidades, lo que hace que los inmigrantes eviten trabajos que podrían aumentar su visibilidad ante las autoridades, dijo Chris Herbst, profesor asociado de la Universidad Estatal de Arizona, que estudió el impacto de la política en el cuidado infantil entre 2008 y 2014. Debido a que el sistema de cuidado infantil de Estados Unidos depende tanto del trabajo de los inmigrantes, “los impactos son instantáneos”, añadió.

    En Albuquerque, Ana dirige un programa de cuidado infantil que atiende a 50 familias del área, la mayoría de las cuales son ciudadanas estadounidenses. Ana se fue de México en 2020 con su esposo y su hijo pequeño cuando la violencia aumentó en su estado natal de Sinaloa, y ahora le preocupa que la puedan deportar. Ese tipo de preocupación la comparte su personal: tres de sus 14 empleados han dejado de ir a trabajar por miedo a las redadas de inmigración.

    Recientemente, Ana y su esposo reunieron algunas pertenencias en caso de ser detenidos. Para prepararse, también han considerado certificar un documento de tutela encargando a su hijo de 3 años, que es ciudadano estadounidense, así como de su hijo de 8 años, que no es ciudadano, a un familiar. “Lo que nos motiva es mejorar la situación de nuestras familias, vivir en mejores lugares y aumentar las oportunidades para nuestros hijos”, dijo. “Esperamos que [los funcionarios de inmigración] persigan a los delincuentes y no intenten seguir o perseguir a personas que son buenas y trabajadoras”.

    Elida Cruz dirige un programa de cuidado infantil en el centro de California donde atiende a los hijos de trabajadores migrantes. Cruz opina que el miedo es palpable en algunos de los padres de familia; tanto ella como su esposo reparten víveres y transportan a los pequeños hacia y desde su programa de cuidado infantil para que los padres puedan limitar su tiempo fuera de casa. Su esposo escogió una palabra clave con una familia, la cual pronuncia tres veces para que los padres sepan que es seguro abrir la puerta.

    Relacionado: Las amenazas de deportación de Trump pesan sobre los grupos que ofrecen ayuda con la FAFSA

    Cruz, como muchas otras proveedoras de cuidado infantil, ha intentado educar a las familias inmigrantes sobre sus derechos al compartir con ellas recursos disponibles y entregarles “tarjetas rojas” que aconsejan a las personas sobre qué hacer si se les acercan agentes de inmigración. Además de preocuparse por los efectos en las familias y los niños, le preocupa qué sucederá si dichas familias se van. “Financieramente, sería la devastación de mi negocio”, dijo. “Tendría que cerrar. Me quedaría sin clientes, sin niños”, añadió. “Nuestros negocios se van a hundir porque todos dependemos de los trabajadores del campo”. 

    Puede que solo sea cuestión de tiempo: incluso los niños pequeños a su cargo parecen estar conscientes de que las cosas podrían cambiar en cualquier momento. “Es desgarrador ver las caritas de los niños, llenas de miedo”, dijo. Un niño preguntó si los agentes de inmigración vendrían a su centro.

    Cruz le dijo lo único que se le ocurrió, aunque sabía que era una mentira piadosa. 

    “Le dije: ‘¿Sabes por qué no van a venir aquí? … Porque ni siquiera tienen nuestra dirección, así que no saben que estamos aquí, mijo’”. 

    Camilla Forte contribuyó con el reportaje.

    Comunícate con Jackie Mader al 212-678-3562 o [email protected]

    Este artículo sobre el cuidado infantil fue producido por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbete a nuestro boletín de noticias.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • Parents, Medical Providers, Vaccine Experts Brace for RFK Jr.’s HHS Takeover – The 74

    Parents, Medical Providers, Vaccine Experts Brace for RFK Jr.’s HHS Takeover – The 74


    Get stories like this delivered straight to your inbox. Sign up for The 74 Newsletter

    While Robert F. Kennedy Jr. ‘s Senate confirmation to head the Department of Health and Human Services was not unexpected, it still shook medical providers, public health experts and parents across the country. 

    Mary Koslap-Petraco, a pediatric nurse practitioner who exclusively treats underserved children, said when she heard the news Thursday morning she was immediately filled with “absolute dread.”

    Mary Koslap-Petraco is a pediatric nurse practitioner and Vaccines for Children provider. (Mary Koslap-Petraco)

    “I have been following him for years,” she told The 74. “I’ve read what he has written. I’ve heard what he has said. I know he has made a fortune with his anti-vax stance.”

    She is primarily concerned that his rhetoric might “scare the daylights out of people so that they don’t want to vaccinate their children.” She also fears he could move to defund Vaccines for Children, a program under the Centers for Disease Control and Prevention that provides vaccines to kids who lack health insurance or otherwise wouldn’t be able to afford them. While the program is federally mandated by Congress, moves to drain its funding could essentially render it useless.

    Koslap-Petraco’s practice in Massapequa Park, New York relies heavily on the program to vaccinate pediatric patients, she said. If it were to disappear, she asked, “How am I supposed to take care of poor children? Are they supposed to just die or get sick because their parents don’t have the funds to get the vaccines for them?” 

    And, if the government-run program were to stop paying for vaccines, she said she’s terrified private insurance companies might follow suit. 

    Vaccines for Children is “the backbone of pediatric vaccine infrastructure in the country,” said Richard Hughes IV, former vice president of public policy at Moderna and a George Washington University law professor who teaches a course on vaccine law.

    Kennedy will also have immense power over Medicaid, which covers low-income populations and provides billions of dollars to schools annually for physical, mental and behavioral health services for eligible students.

    If Kennedy moves to weaken programs at HHS, which experts expect him to do, through across-the-board cuts in public health funding that trickle down to immunization programs or more targeted attacks, low-income and minority school-aged kids will be disproportionately impacted, Hughes said. 

    “I just absolutely, fundamentally, confidently believe that we will see deaths,” he added.

    Anticipating chaos and instability

    Following a contentious seven hours of grilling across two confirmation hearings, Democratic senators protested Kennedy’s confirmation on the floor late into the night Wednesday. The following morning, all 45 Democrats and both Independents voted in opposition and all but one Republican — childhood polio survivor Mitch McConnell of Kentucky — lined up behind President Donald Trump’s pick.

    James Hodge, a public health law expert at Arizona State University’s Sandra Day O’Connor College of Law, said that while it was good to see senators across the political spectrum asking tough questions and Kennedy offering up some concessions on vaccine-related policies and initiatives, he’s skeptical these will stick.

    “Whatever you’ve seen him do for the last 25 to 30 years is a much, much greater predictor than what you saw him do during two or three days of Senate confirmation proceedings,” Hodge said. “Ergo, be concerned significantly about the future of vaccines, vaccine exemptions, [and] how we’re going to fund these things.”

    Hodge also said he doesn’t trust how Kennedy will respond to the consequences of a dropoff in childhood vaccines, pointing to the current measles outbreak in West Texas schools.

    “The simple reality is he may plant misinformation or mis-messaging,” he said.

    During his confirmation hearings, Kennedy tried to distance himself from his past anti-vaccination sentiments stating, “News reports have claimed that I am anti-vaccine or anti-industry. I am neither. I am pro-safety … I believe that vaccines played a critical role in health care. All of my kids are vaccinated.”

    He was confirmed as Linda McMahon, Trump’s nominee to head the Department of Education, was sitting down for her first day of hearings. At one point that morning, McMahon signaled an openness to possibly shifting enforcement to HHS of the Individuals with Disabilities Education Act — a federal law dating back to 1975 that mandates a free, appropriate public education for the 7.5 million students with disabilities — if Trump were to succeed in shutting down the education department.

    This would effectively put IDEA’s $15.4 billion budget under Kennedy’s purview, further linking the education and public health care systems.

    In a post on the social media site BlueSky, Randi Weingarten, president of the American Federation of Teachers, wrote she is “concerned that anyone is willing to move IDEA services for kids with disabilities into HHS, under a secretary who questions science.”

    Keri Rodrigues, president of the National Parents Union and a parent of a child with ADHD and autism, told The 74 the idea was “absolutely absurd” and would cause chaos and instability. 

    Kennedy’s history of falsely asserting a link between childhood vaccines and autism — a disability included under IDEA coverage — is particularly concerning to experts in this light.

    “You obviously have a contingent of kids who are beneficiaries of IDEA that are navigating autism spectrum disorder,” said Hughes, “Could [we] potentially see some sort of policy activity and rhetoric around that? Potentially.”

    Vaccines — and therefore HHS — are inextricably linked to schools. Currently, all 50 states have vaccine requirements for children entering child care and schools. But Kennedy, who now has control of an agency with a $1.7 trillion budget and 90,000 employees spread across 13 agencies, could pull multiple levers to roll back requirements, enforcements and funding, according to The 74’s previous reporting. And Trump has signaled an interest in cutting funding to schools that mandate vaccines.

    “There’s a certain percentage of the population that is focused on removing school entry requirements,” said Northe Saunders, executive director of the pro-vaccine SAFE Communities Coalition. “They are loud, and they are organized and they are well funded by groups just like RFK Jr.’s Children’s Health Defense.”

    Kennedy will also have the ability to influence the makeup of the committees that approve vaccines and add them to the federal vaccine schedule, which state legislators rely on to determine their school policies. Hodge said one of these committees is already being “re-organized and re-thought as we speak.”

    “With him now in place, just expect that committee to start really changing its members, its tone, the demeanor, the forcefulness of which it’s suggesting vaccines,” he added.

    Hughes, the law professor, said he is preparing for mass staffing changes throughout the agency, mirroring what’s already happened across multiple federal departments and agencies in Trump’s first weeks in office. He predicts this will include Kennedy possibly asking for the resignations “of all scientific leaders with HHS.” 

    Kennedy appeared to confirm that he was eyeing staffing cuts Thursday night during an appearance on Fox News’s “The Ingraham Angle.”

    “I have a list in my head … if you’ve been involved in good science, you have got nothing to worry about,” Kennedy said.


    Get stories like these delivered straight to your inbox. Sign up for The 74 Newsletter

    Source link

  • Second-generation student borrowers | SRHE Blog

    Second-generation student borrowers | SRHE Blog

    by Ariane de Gayardon

    Since the 1980s, massification, policy shifts, and changing ideas about who benefits from higher education have led to the expansion of national student loan schemes globally. For instance, student loans were introduced in England in 1990 and generalized in 1998. Australia introduced income-contingent student loans in the late 1980s. While federal student loans were introduced in the US in 1958, their number and the amount of individual student loan debt ramped up in the 1990s.

    A lot of academic research has analysed this trend, evaluating the effect of student loans on access, retention, success, the student experience, and even graduate outcomes. Yet, this research is based on the choices and experiences of first-generation student borrowers and might not apply to current and future students.

    First-generation borrowers enter higher education with parents who have either not been to higher education, or who have a tertiary degree that pre-dates the expansion of student loans. The parents of first-generation borrowers therefore did not take up loans to pay for their higher education and had no associated repayment burden in adulthood. Any cost associated with these parents’ studies will likely have been shouldered by their families or through grants.

    Second-generation borrowers are the offspring of first-generation borrowers. Their parents took out student loans to pay for their own higher education. The choices made by second-generation borrowers when it comes to higher education and its funding could significantly differ from first-generation borrowers, because they are impacted by their parents’ own experience with student loans.

    Parents and parental experience indeed play an important role in children’s higher education choices and financial decisions. On the one hand, parents can provide financial or in-kind support for higher education. This is most evident in the design of student funding policies which often integrate parental income and financial contributions. In many countries, eligibility for financial aid is means-tested and based on family income (Williams & Usher, 2022). Examples include the US where an Expected Family Contribution is calculated upon assessment of financial need, or Germany where the financial aid system is based on a legal obligation for parents to contribute to their children’s study costs. Indeed, evidence shows that parents do contribute to students’ income. In Europe, family contributions make up nearly half of students’ income (Hauschildt et al, 2018). But the role of parents also extends to decisions about student loans: parents tend to try and shield their children from student debt, helping them financially when possible or encouraging cost-saving behaviour (West et al, 2015).

    On the other hand, parents transmit financial values to their children, which might play a role in their higher education decisions. Family financial socialization theory states that children learn their financial attitudes and behaviour from their parents, through direct teaching and via family interactions and relationships (Gudmunson & Danes, 2011). Studies indeed show the intergenerational transmission of social norms and economic preferences (Maccoby, 1992), including attitudes towards general debt (Almenberg et al, 2021). Continuity of financial values over generations has been observed in the specific case of higher education. Parents who received parental financial support for their own studies are more likely to contribute toward their children’s studies (Steelman & Powell, 1991). For some students, negative parental experiences with general debt can lead to extreme student debt aversion (Zerquera et al,2016).

    As countries globally rely increasingly on student loans to fund higher education, many more students will become second-generation borrowers. Because their parents had to repay their own student debt, the family’s financial assets may be depleted, potentially leading to reduced levels of parental financial support for higher education. This is likely to be even worse for students whose parents are still repaying their loans. In addition, parental experiences of student debt could influence the advice they give their children with regard to higher education financial decisions. As a result, this new generation of student borrowers will face challenges that their predecessors did not, fuelled by the transmitted experience of student loans from their parents (Figure 1).

    Figure 1 – Parental influence on second-generation borrowers

    As the share of second-generation borrowers in the student body increases, the need to understand the decision-making process of these students when it comes to (financial) higher education choices is essential. Although the challenges faced by borrowers will emerge at different times and with varying intensity across countries — depending in part on loan repayment formats — we have an opportunity now to be ahead of the curve. By researching this new generation of student borrowers and their parents, we can better assess their financial dilemmas and the support they need, providing further evidence to design future-proof equitable student funding policies.

    Ariane de Gayardon is Assistant Professor of Higher Education at the Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) based at the University of Twente in the Netherlands.

    Author: SRHE News Blog

    An international learned society, concerned with supporting research and researchers into Higher Education

    Source link

  • Major parent survey reveals widespread dissatisfaction with state’s schools

    Major parent survey reveals widespread dissatisfaction with state’s schools

    A new survey of more than 400 New Mexico parents of school-aged children shows widespread dissatisfaction with the state’s public schools, that communication gaps between schools and parents are a serious concern, and that many parents have misperceptions about their children’s academic achievement.

    Results of the survey, “The State of Educational Opportunity in New Mexico,” were released Oct. 2 by NewMexicoKidsCAN, an education advocacy organization (and parent organization of New Mexico Education), focused on improving New Mexico’s public education system.

    The state survey was part of a national report authored by 50CAN, of which NewMexicoKidsCan is an affiliate. 50CAN is “focused on building the future of American education,” according to the organization’s website. That 214-page report, “The State of Educational Opportunity in America” provides a deep, 50-state dive into parental views of public education in their home states.

    Researchers surveyed more than 20,000 parents across the country, making it one of the largest education-focused surveys of parents in the past decade. This survey explores the ecosystem of educational opportunities inside and outside of school, and how they interrelate and impact a child’s success.

    “With such a large sample size, we are able to dig into the findings by state and across a range of important audiences. By making the findings publicly available, this is a gift of data that can inform conversations among communities and elected officials.” said Pam Loeb, Principal at Edge Research.

    The New Mexico survey provides insight into the educational opportunities available to children across New Mexico.

    The New Mexico survey uncovered key findings, including:

    • Parental dissatisfaction is widespread: Only about a third of New Mexico parents say they are “very satisfied” with their child’s school. Nationally, 45 percent of parents reported high satisfaction. New Mexico was one of the lower-ranked states in terms of parental satisfaction.
    • Communication Gaps Between Schools and Parents: Only 29% of New Mexico parents report feeling extremely confident in understanding their child’s academic progress ranking New Mexico second to last in the nation. 
    • Misperceptions about Student Achievement: 41% of New Mexico parents believe their child is above grade level in reading, yet state assessments show only 39% of students are reading at grade level. 
    • Afterschool Programs Show Promise: New Mexico ranks 22nd nationally in student participation in supervised afterschool programs, surpassing 28 other states. This success is likely attributed to increased state investments through the Extended Learning Time Program, which may have boosted overall participation rates.

    “This survey amplifies the voices of New Mexico parents,” said Amanda Aragon, Executive Director of NewMexicoKidsCAN. “The results reveal significant misperceptions about student performance, serious communication gaps between schools and parents, and widespread concerns about school satisfaction. 

    “It’s clear that many parents are not getting the information they need about their children’s academic progress. We must do more to close this communication gap and empower parents to be true partners in their child’s education.”

    “With such a large sample size, we are able to dig into the findings by state and across a range of important audiences. By making the findings publicly available, this is a gift of data that can inform conversations among communities and elected officials.” said Pam Loeb, Principal at Edge Research.

    Source link