Category: Teachers

  • En Puerto Rico, la campaña de Trump para desmantelar el Departamento de Educación pega más fuerte

    En Puerto Rico, la campaña de Trump para desmantelar el Departamento de Educación pega más fuerte

    Maraida Caraballo Martínez es educadora en Puerto Rico desde hace 28 años y directora de la Escuela de la Comunidad Jaime C. Rodríguez desde hace siete. Nunca sabe cuánto dinero recibirá del gobierno cada año porque no se basa en el número de niños matriculados. Un año recibió 36.000 dólares; otro año, 12.000 dólares.

    Pero por primera vez como educador, Caraballo notó una gran diferencia durante la administración Biden. Gracias a una inyección de fondos federales en el sistema educativo de la isla, Caraballo recibió una subvención de 250.000 dólares, una cantidad de dinero sin precedentes. La utilizó para comprar libros y ordenadores para la biblioteca, pizarras e impresoras para las aulas, reforzar el programa de robótica y construir una pista polideportiva para sus alumnos. “Esto significó una gran diferencia para la escuela”, dijo Caraballo.

    Yabucoa, un pequeño pueblo del sureste de Puerto Rico, fue una de las regiones más afectadas por el huracán María en 2017. Y esta comunidad escolar, como cientos de otras en la isla, ha experimentado trastornos casi constantes desde entonces. Una serie de desastres naturales, como huracanes, terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierra, seguidos de la pandemia de coronavirus en 2020, han golpeado la isla e interrumpido el aprendizaje. También ha habido una rotación constante de secretarios de educación locales: siete en los últimos ocho años. El sistema educativo puertorriqueño -el séptimo distrito escolar más grande de Estados Unidos- se ha vuelto más vulnerable debido a la abrumadora deuda de la isla, la emigración masiva y una red eléctrica paralizada.

    Relacionado: En las aulas de preescolar a secundaria pasan muchas cosas. Mantente al día con nuestro boletín semanal gratuito sobre educación.

    Bajo la presidencia de Joe Biden, se produjeron tímidos avances, respaldados por miles de millones de dólares y una atención personal sostenida por parte de altos funcionarios federales de educación, dijeron muchos expertos y educadores de la isla. Ahora les preocupa que todo se desmantele con el cambio en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump no ha ocultado su desdén por el territorio estadounidense, habiendo dicho supuestamente que estaba sucio y que la gente era pobre.” Durante su primer mandato, retuvo miles de millones de dólares en ayuda federal tras el huracán María y ha sugerido vender la isla o cambiarla por Groenlandia.

    Una reciente orden ejecutiva para hacer del inglés el idioma oficial ha preocupado a los habitantes de la isla, donde solo 1 de cada 5 personas habla inglés con fluidez, y el español es el idioma de instrucción en las escuelas. Trump está tratando de eliminar el Departamento de Educación de EE.UU. y ya ha hecho recortes radicales a la agencia, lo que tendrá implicaciones en toda la isla. Incluso si los fondos federales -que el año pasado representaron más de dos tercios del financiamiento del Departamento de Educación de Puerto Rico, o DEPR- se transfirieran directamente al gobierno local, probablemente traerían peores resultados para los niños más vulnerables, dicen los educadores y expertos en políticas públicas. Históricamente, el DEPR ha estado plagado de interferencias políticas, burocracia generalizada y falta de transparencia.

     Maraida Caraballo Martínez ha sido educadora en Puerto Rico durante 28 años y ahora es directora de una escuela primaria. Su escuela ha estado a punto de cerrar tres veces debido a la emigración masiva de la isla. Credit: Kavitha Cardoza for The Hechinger Report

    Y el departamento de educación local no está tan avanzado tecnológicamente como otros departamentos de educación estatales, ni es tan capaz de difundir las mejores prácticas. Por ejemplo, Puerto Rico no dispone de una “fórmula por alumno”, un cálculo utilizado habitualmente en el continente para determinar la cantidad de dinero que recibe cada estudiante para su educación. Roberto Mujica es el director ejecutivo de la Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico, convocada por primera vez bajo la presidencia de Barack Obama en 2016 para hacer frente al marasmo financiero de la isla. Mujica dijo que la actual asignación de fondos educativos de Puerto Rico es opaca. “Cómo se distribuyen los fondos se percibe como un proceso político”, dijo. “No hay transparencia ni claridad”.

    En 2021, Miguel Cardona, Secretario de Educación de Biden, prometió “un nuevo día” para Puerto Rico. “Durante demasiado tiempo, los estudiantes y educadores de Puerto Rico fueron abandonados”, dijo. Durante su mandato, Cardona aignó casi 6.000 millones de dólares federales para el sistema educativo de la isla, lo que se tradujo en un aumento salarial histórico para los profesores, financiamiento para programas de tutoría extraescolar, la contratación de cientos de profesionales de salud mental escolar y la creación de un programa piloto para descentralizar el DEPR.

    Cardona designó a un asesor principal, Chris Soto, para que fuera su persona de contacto con el sistema educativo de la isla, subrayando el compromiso del gobierno federal con la isla. Durante casi cuatro años en el cargo, Soto realizó más de 50 viajes a la isla. Carlos Rodríguez Silvestre, director ejecutivo de la Fundación Flamboyán, una organización sin fines de lucro de Puerto Rico que ha dirigido los esfuerzos de alfabetización infantil en la isla, dijo que el nivel de respeto e interés sostenido hicieron sentir que se trataba de una asociación, no un mandato de arriba hacia abajo. “Nunca había visto ese tipo de atención a la educación en Puerto Rico”, afirmó. “Soto prácticamente vivía en la isla”.

    Soto también trabajó estrechamente con Víctor Manuel Bonilla Sánchez, presidente del sindicato de maestros, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, o AMPR, lo que dio lugar a un acuerdo por el que los educadores recibieron 1.000 dólares más al mes en su salario base, un aumento de casi el 30% para el maestro promedio. “Fue el mayor aumento salarial en la historia de los maestros de Puerto Rico”, dijo Bonilla, aunque incluso con el aumento, los maestros de aquí siguen ganando mucho menos dinero que sus colegas en el continente.

    Una de las mayores quejas que Soto dijo haber escuchado fue lo rígido y burocrático que era el Departamento de Educación de Puerto Rico, a pesar de una ley de reforma educativa de 2018 que permite un mayor control local. La agencia de educación -la unidad de gobierno más grande de la isla, con la mayor cantidad de empleados y el mayor presupuesto- estaba configurada de manera que la oficina central tenía que aprobar todo. Así que Soto creó y supervisó un programa piloto en Ponce, una región en la costa sur de la isla, enfocado en la descentralización.

    Por primera vez, la comunidad local eligió un consejo asesor de educación, y los candidatos a superintendente tuvieron que postularse en lugar de ser nombrados, dijo Soto. El superintendente recibió autoridad para aprobar directamente las solicitudes presupuestarias en lugar de enviarlas a través de funcionarios de San Juan, así como flexibilidad para gastar el dinero en su región en función de las necesidades de cada escuela.

    En el pasado, eso no se tenía en cuenta: Por ejemplo, Yadira Sánchez, psicóloga que lleva más de 20 años trabajando en la educación puertorriqueña, recuerda cuando una escuela recibió docenas de aires acondicionados nuevos aunque no los necesitaba. “Ya tenían aires acondicionados que funcionaban”, dice, “así que ese dinero se perdió”.

    Relacionado: Las amenazas de deportación de Trump pesan sobre los grupos que ofrecen ayuda con la FAFSA

    El proyecto piloto también se centró en aumentar la eficiencia. Por ejemplo, ahora se evalúa a los niños discapacitados en sus colegios, en lugar de tener que acudir a un centro especial. Y Soto dice que también intentó eliminar el uso de influencias y aumentar la transparencia en torno al gasto en el PRDE. “Puedes mejorar las facturas, pero si tus amigos políticos son los que se quedancon los trabajos, entonces no tienes un buen sistema escolar”, dijo.

    Bajo el mandato de Biden, Puerto Rico también recibió una subvención competitiva o grant  del Departamento de Educación de EE.UU. por valor de 10,5 millones de dólares para escuelas comunitarias, otro hito. Y el departamento federal empezó a incluir datos sobre el territorio en algunas estadísticas educativas recopiladas. “Puerto Rico ni siquiera figuraba en estos indicadores, así que empezamos a preguntarnos cómo mejorar los sistemas de datos. Desentrañar el problema de los datos significó que Puerto Rico puede ser debidamente reconocido”, dijo Soto.

    Pero ya hay planes para deshacer el esfuerzo de Cardona en Ponce. La recién elegida gobernadora de la isla, Jenniffer González Colón, es republicana y partidaria de Trump. El popular secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, regresó a principios de este año al frente del departamento tras dirigirlo desde abril de 2021 hasta julio de 2023, cuando la gobernadora le pidió inesperadamente que dimitiera, algo nada inusual en el gobierno de la isla, donde los nombramientos políticos pueden terminar de repente y con poco debate público. Ramos dijo a The Hechinger Report que el programa no continuará en su forma actual, calificándolo de “ineficiente”.

    “El programa piloto no es realmente eficaz”, dijo, señalando que la política puede influir en las decisiones de gasto no sólo a nivel central, sino también a nivel regional. “Queremos tener algunos controles”. También dijo que ampliar la iniciativa a toda la isla costaría decenas de millones de dólares. En su lugar, Ramos dijo que estaba estudiando enfoques más limitados de la descentralización, en torno a algunas funciones de recursos humanos y adquisiciones. Dijo que también estaba explorando una fórmula de financiación por alumno para Puerto Rico y estudiando las lecciones de otros grandes distritos escolares como la ciudad de Nueva York y Hawai.

    Un autobús escolar bajo un árbol que cayó durante el huracán María, que azotó la isla de Puerto Rico en septiembre de 2017. Más de un año después, no había sido retirado. Credit: Al Bello/Getty Images for Lumix

    Aunque la educación ha sido la mayor partida presupuestaria de la isla durante años, sigue siendo mucho menos de lo que cualquiera de los 50 estados gasta en cada estudiante. Puerto Rico gasta 9.500 dólares por estudiante, frente a una media de 18.600 dólares en los estados.

    El Departamento de Educación de EE.UU., que complementa la financiación local y estatal para los estudiantes en situación de pobreza y con discapacidades, tiene un papel desproporcionado en las escuelas de Puerto Rico. En la isla, el 55% de los niños viven por debajo del umbral de la pobreza, frente al 17% en los 50 estados; en el caso de los estudiantes de educación especial, las cifras son del 35% y el 15%, respectivamente. En total, durante el año fiscal 2024, más del 68 por ciento del presupuesto de educación en la isla procede de fondos federales, frente al 11 por ciento en los estados de EE UU. El departamento también administra las becas Pell para estudiantes de bajos ingresos -alrededor del 72 por ciento de los estudiantes puertorriqueños las solicitan- y apoya los esfuerzos de desarrollo profesional y las iniciativas para los niños puertorriqueños que van y vienen entre el continente y el territorio.

    Linda McMahon, la nueva secretaria de Educación de Trump, ha dicho supuestamente que el Gobierno seguirá cumpliendo sus “obligaciones legales” con los estudiantes aunque el departamento cierre o transfiera algunas operaciones y despida personal. El Departamento de Educación de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

    Algunos dicen que el hecho de que la administración Biden haya vertido miles de millones de dólares en un sistema educativo en problemas con escasa rendición de cuentas ha creado expectativas poco realistas y no hay un plan para lo que ocurre después de que se gasta el dinero. Mujica, director ejecutivo de la junta de supervisión, dijo que la infusión de fondos pospuso la toma de decisiones difíciles por parte del gobierno puertorriqueño. “Cuando se tiene tanto dinero, se tapan muchos problemas. No tienes que enfrentarte a algunos de los retos que son fundamentales para el sistema”. Y afirmó que apenas se habla de lo que ocurrirá cuando se acabe ese dinero. “¿Cómo se va a llenar ese vacío? O desaparecen esos programas o tendremos que encontrar la financiación para ellos”, dijo Mujica.

    Dijo que esfuerzos como el de Ponce para acercar la toma de decisiones a donde están las necesidades de los estudiantes es “de vital importancia”. Aún así, dijo que no está seguro de que el dinero haya mejorado los resultados de los estudiantes. “Esta era una gran oportunidad para hacer cambios fundamentales e inversiones que produzcan resultados a largo plazo. No estoy seguro de que hayamos visto las métricas que lo respalden”.

    Relacionado: ¿Un trabajo demasiado bien hecho?

    Puerto Rico es una de las regiones más empobrecidas desde el punto de vista educativo, con unos resultados académicos muy inferiores a los del continente. En la parte de matemáticas de la Evaluación Nacional de Progreso Educativo, o NAEP, una prueba que realizan los estudiantes de todo EE.UU., sólo el 2% de los alumnos de cuarto curso de Puerto Rico calificaron como competentes, la puntuación más alta jamás registrada en la isla, y el 0% de los alumnos de octavo curso lo fueron. Los estudiantes puertorriqueños no hacen la prueba NAEP de lectura porque aprenden en español, no en inglés, aunque los resultados compartidos por Ramos en una conferencia de prensa en 2022 mostraron que sólo el 1% de los estudiantes de tercer grado leían a nivel de grado.

    Hay algunos esfuerzos alentadores. La Fundación Flamboyán ha liderado una coalición de 70 socios en toda la isla para mejorar la alfabetización de los niños de preescolar a tercer grado, entre otras cosas mediante el desarrollo profesional. La formación del profesorado a través del departamento de educación del territorio ha sido a menudo irregular u opcional.

    La organización trabaja ahora en estrecha colaboración con la Universidad de Puerto Rico y, como parte de ese esfuerzo, supervisa el gasto de 3 millones de dólares en formación para la alfabetización. Aproximadamente 1.500 profesores de Puerto Rico (un tercio de los maestros de Kinder a 5º grado) han recibido esta rigurosa formación. Los educadores recibieron 500 dólares como incentivo por participar, además de libros para sus aulas y tres horas de formación continua. “Fueron muchas horas de calidad. No ha sido el método de ‘rociar (con un poco de agua) y rezar’”, dijo Silvestre. Ese esfuerzo continuará, según Ramos, que lo calificó de “muy eficaz”.

    Una nueva prueba de lectura para alumnos de primero a tercer grado que la organización sin fines de lucro ayudó a diseñar mostró que entre los años escolares 2023 y 2024, la mayoría de los niños estaban por debajo del nivel del grado, pero hubo avances en los resultados en todos los grados. “Pero aún nos queda un largo camino por recorrer para que estos datos lleguen a los profesores a tiempo y de forma que puedan actuar en consecuencia”, dijo Silvestre.

    Kristin Ehrgood, Directora General de la Fundación Flamboyán, afirma que es demasiado pronto para ver resultados espectaculares. “Es realmente difícil ver una tonelada de resultados positivos en un período tan corto de tiempo con la desconfianza significativa que se ha construido durante años”, dijo. Dijo que no estaban seguros de cómo la administración Trump podría trabajar o financiar el sistema educativo de Puerto Rico, pero que la administración Biden había construido una gran cantidad de buena voluntad. “Hay muchas oportunidades que podrían aprovecharse, si una nueva administración decide hacerlo”.

    Otra señal esperanzadora es que la junta de supervisión, que fue muy protestada cuando se formó, ha reducido la deuda de la isla de 73.000 a 31.000 millones de dólares. Y el año pasado los miembros de la junta aumentaron el gasto en educación en un 3%. Mujica dijo que la junta se centra en asegurarse de que cualquier inversión se traduzca en mejores resultados para los estudiantes: “Nuestra opinión es que los recursos tienen que ir a las aulas”.

    Relacionado: Un pequeño pueblo rural en Nebraska necesitaba más cuidado infantil en español. Esto fue lo que se hizo para obtenerlo

    Betty A. Rosa, comisionada de educación y presidente de la Universidad del Estado de Nueva York y miembro de la Junta de Supervisión, afirmó que la inestabilidad educativa en Puerto Rico se debe a los cambios en el liderazgo. Cada nuevo líder se dedica a “reconstruir, reestructurar, reimaginar, elija la palabra que elija”, dijo. “No hay coherencia”. A diferencia de su cargo en el estado de Nueva York, el Secretario de Educación de Puerto Rico y otros cargos son nombramientos políticos. “Si tienes un gobierno permanente, aunque cambie el liderazgo, el trabajo continúa”.

    Ramos, que vivió esta inestabilidad cuando el anterior gobernador pidió inesperadamente su dimisión en 2023, dijo que se reunió con McMahon, la nueva secretaria de Educación de EE.UU., en Washington, D.C., y que mantuvieron una “agradable conversación”. “Ella sabe de Puerto Rico, se preocupa por Puerto Rico y demostró total apoyo en la misión de Puerto Rico”, dijo. Dijo que McMahon quería que el DEPR ofreciera más clases bilingües, para exponer a más estudiantes al inglés. Queda por ver si habrá cambios en la otorgación de fondos o cualquier otra cosa. “Tenemos que ver lo que ocurre en las próximas semanas y meses y cómo esa visión y esa política podrían afectar a Puerto Rico”, dijo Ramos.

    La Escuela de la Comunidad Jaime C. Rodríguez es una escuela Montessori de Yabucoa, Puerto Rico, que carecía de instalaciones deportivas para sus alumnos. Recientemente comenzó las obras de un centro deportivo polivalente gracias a los fondos federales otorgados por la administración del presidente Biden. Credit: Kavitha Cardoza for The Hechinger Report

    Ramos fue muy apreciado por los educadores durante su primera etapa como Secretario de Educación. También tendrá que tomar muchas decisiones, como ampliar las escuelas charter y cerrar las escuelas públicas tradicionales, ya que la matriculación en las escuelas públicas de la isla sigue disminuyendo vertiginosamente. En el pasado, ambas cuestiones provocaron protestas feroces y generalizadas.

    Soto es realista y cree que la nueva administración tendrá “puntos de vista diferentes, tanto ideológica como políticamente”, pero confía en que el pueblo de Puerto Rico no quiera volver a la antigua forma de hacer las cosas. “Alguien dijo: ‘Ustedes sacaron al genio de la botella y va a ser difícil volver a ponerlo’ en lo que se refiere a un sistema escolar centrado en el estudiante”, dijo Soto.

    Cardona, cuyos abuelos son oriundos de la isla, dijo que Puerto Rico había experimentado un “estancamiento académico” durante años. “No podemos aceptar que los estudiantes rindan menos de lo que sabemos que son capaces”, dijo a The Hechinger Report, justo antes de despedirse como máximo responsable de educación del país. “Empezamos el cambio; tiene que continuar.

    La pequeña escuela de la directora Carabello, con 150 alumnos y 14 profesores, ha estado a punto de cerrarse ya tres veces, aunque en todas ellas se ha salvado en parte gracias al apoyo de la comunidad. Carabello confía en que Ramos, con quien ya ha trabajado anteriormente, cambie las cosas. “Conoce el sistema educativo”, afirma. “Es una persona brillante, abierta a escuchar”.  

    Pero las largas jornadas de los últimos años le han pasado factura. Suele estar en la escuela de 6:30 a.m. a 6:30 p.m. “Entras cuando anochece y te vas cuando anochece”, dice. Ha habido muchas plataformas nuevas que aprender y nuevos proyectos que poner en marcha. Quiere jubilarse, pero no puede permitírselo. Tras décadas en las que el gobierno local no financió suficientemente el sistema de pensiones, se recortaron los subsidios que compensaban el alto precio de los bienes y servicios en la isla y se congelaron los planes de pensiones.

    Ahora, en lugar de jubilarse con el 75% de su salario, Carabello recibirá sólo el 50%, 2.195 dólares al mes. Tiene derecho a prestaciones de la Seguridad Social, pero no son suficientes para compensar la pensión perdida. “¿Quién puede vivir con 2.000 dólares en un mes? Nadie. Es demasiado duro. Y mi casa aún necesita 12 años más para pagarse”.

    A Carabello, siempre tan fuerte y optimista con sus alumnos, se le saltaron las lágrimas. Pero es raro que se permita tiempo para pensar en sí misma. “Tengo una gran comunidad. Tengo grandes profesores y me siento feliz con lo que hago”, afirma.

    Está muy, muy cansada. 

    Comunícate con editora Caroline Preston al 212-870-8965 o preston@hechingerreport.org.

    Este artículo sobre el Departamento de Educación y Puerto Rico fue producido por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbete a nuestro boletín de noticias.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • Report details uneven AI use among teachers, principals

    Report details uneven AI use among teachers, principals

    Key points:

    English/language arts and science teachers were almost twice as likely to say they use AI tools compared to math teachers or elementary teachers of all subjects, according to a February 2025 survey from the RAND Corporation that delves into uneven AI adoption in schools.

    “As AI tools and products for educational purposes become more prevalent, studies should track their use among educators. Researchers could identify the particular needs AI is addressing in schools and–potentially–guide the development of AI products that better meet those needs. In addition, data on educator use of AI could help policymakers and practitioners consider disparities in that use and implications for equitable, high-quality instruction across the United States,” note authors Julia H. KaufmanAshley WooJoshua EaganSabrina Lee, and Emma B. Kassan.

    One-quarter of ELA, math, and science teachers used AI tools for instructional planning or teaching in the 2023–2024 school year. Nearly 60 percent of surveyed principals also reported using AI tools for their work in 2023-2024.

    Among the one-quarter of teachers nationally who reported using AI tools, 64 percent said that they used them for instructional planning only, whether for their ELA, math, or science instruction; only 11 percent said that they introduced them to students but did not do instructional planning with them; and 25 percent said that they did both.

    Although one-quarter of teachers overall reported using AI tools, the report’s authors observed differences in AI use by subject taught and some school characteristics. For instance, close to 40 percent of ELA or science teachers said they use AI, compared to 20 percent of general elementary education or math teachers. Teachers and principals in higher-poverty schools were less likely to report using AI tools relative to those in lower-poverty schools.

    Eighteen percent of principals reported that their schools or districts provided guidance on the use of AI by staff, teachers, or students. Yet, principals in the highest-poverty schools were about half as likely as principals in the lowest-poverty schools to report that guidance was provided (13 percent and 25 percent, respectively).

    Principals cited a lack of professional development for using AI tools or products (72 percent), concerns about data privacy (70 percent) and uncertainty about how AI can be used for their jobs (70 percent) as factors having a major or minor influence on their AI use.

    The report also offers recommendations for education stakeholders:

    1. All districts and schools should craft intentional strategies to support teachers’ AI use in ways that will most improve the quality of instruction and student learning.

    2. AI developers and decision-makers should consider what useful AI applications have the greatest potential to improve teaching and learning and how to make those applications available in high-poverty contexts.

    3. Researchers should work hand-in-hand with AI developers to study use cases and develop a body of evidence on effective AI applications for school leadership, teaching, and learning.

    Laura Ascione
    Latest posts by Laura Ascione (see all)

    Source link

  • For Puerto Rican schools, Trump’s campaign to dismantle the Department of Education has a particular bite

    For Puerto Rican schools, Trump’s campaign to dismantle the Department of Education has a particular bite

    Maraida Caraballo Martinez has been an educator in Puerto Rico for 28 years and the principal of the elementary school Escuela de la Communidad Jaime C. Rodriguez for the past seven. She never knows how much money her school in Yabucoa will receive from the government each year because it isn’t based on the number of children enrolled. One year she got $36,000; another year, it was $12,000.

    But for the first time as an educator, Caraballo noticed a big difference during the Biden administration. Because of an infusion of federal dollars into the island’s education system, Caraballo received a $250,000 grant, an unprecedented amount of money. She used it to buy books and computers for the library, white boards and printers for classrooms, to beef up a robotics program and build a multipurpose sports court for her students. “It meant a huge difference for the school,” Caraballo said.

    Yabucoa, a small town in southeast Puerto Rico, was one of the regions hardest hit by Hurricane Maria in 2017. And this school community, like hundreds of others in Puerto Rico, has experienced near constant disruption since then. A series of natural disasters, including hurricanes, earthquakes, floods and landslides, followed by the coronavirus pandemic in 2020, has pounded the island and interrupted learning. There has also been constant churn of local education secretaries — seven in the past eight years. The Puerto Rican education system — the seventh-largest school district in the United States — has been made more vulnerable by the island’s overwhelming debt, mass emigration and a crippled power grid.

    Maraida Caraballo Martinez has been an educator in Puerto Rico for 28 years and is now the principal of an elementary school. Her school has been slated for closure three times because of mass emigration from the island. Credit: Kavitha Cardoza for The Hechinger Report

    Under President Joe Biden, there were tentative gains, buttressed by billions of dollars and sustained personal attention from top federal education officials, many experts and educators on the island said. Now they worry that it will all be dismantled with the change in the White House. President Donald Trump has made no secret of his disdain for the U.S. territory, having reportedly said that it was “dirty and the people were poor.” During his first term, he withheld billions of dollars in federal aid after Hurricane Maria and has suggested selling the island or swapping it for Greenland. 

    A recent executive order to make English the official language has worried people on the island, where only 1 in 5 people speak fluent English, and Spanish is the medium of instruction in schools. Trump is seeking to eliminate the U.S. Department of Education and has already made sweeping cuts to the agency, which will have widespread implications across the island. Even if federal funds — which last year made up more than two thirds of funding for the Puerto Rican Department of Education, or PRDE — were transferred directly to the local government, it would likely lead to worse outcomes for the most vulnerable children, say educators and policymakers. The PRDE has historically been plagued by political interference, widespread bureaucracy and a lack of transparency.

    And the local education department is not as technologically advanced as other state education departments, nor as able to disseminate best practices. For example, Puerto Rico does not have a “per pupil formula,” a calculation commonly used on the mainland to determine the amount of money each student receives for their education. Robert Mujica is the executive director of the Puerto Rico Financial Oversight and Management Board, first convened under President Barack Obama in 2016 to deal with the island’s financial morass. Mujica said Puerto Rico’s current allocation of education funds is opaque. “How the funds are distributed is perceived as a political process,” he said. “There’s no transparency and there’s no clarity.”

    Related: Become a lifelong learner. Subscribe to our free weekly newsletter featuring the most important stories in education.

    In 2021, Miguel Cardona, Biden’s secretary of education, promised “a new day” for Puerto Rico. “For too long, Puerto Rico’s students and educators were abandoned,” he said. During his tenure, Cardona signed off on almost $6 billion in federal dollars for the island’s educational system, leading to a historic pay increase for teachers, funding for after-school tutoring programs, hiring of hundreds of school mental health professionals and the creation of a pilot program to decentralize the PRDE.

    Cardona designated a senior adviser, Chris Soto, to be his point person for the island’s education system to underscore the federal commitment. During nearly four years in office, he made more than 50 trips to the island. Carlos Rodriguez Silvestre, the executive director of the Flamboyan Foundation, a nonprofit in Puerto Rico that has led children’s literacy efforts on the island, said the level of respect and sustained interest felt like a partnership, not a top-down mandate. “I’ve never seen that kind of attention to education in Puerto Rico,” he said. “Soto practically lived on the island.”

    Soto also worked closely with Victor Manuel Bonilla Sánchez, the president of the teachers union, Asociación de Maestros de Puerto Rico, or AMPR, which resulted in a deal in which educators received $1,000 more a month to their base salary, a nearly 30 percent increase for the average teacher. “It was the largest salary increase in the history of teachers in Puerto Rico,” Bonilla said, though even with the increase, teachers here still make far less money than teachers on the mainland.

    One of the biggest complaints Soto said he heard was how rigid and bureaucratic the Puerto Rico Department of Education was, despite a 2018 education reform law that allows for more local control. The education agency — the largest unit of government on the island, with the most employees and the biggest budget — was set up so that the central office had to sign off on everything. So Soto created and oversaw a pilot program in Ponce, a region on the island’s southern coast, focusing on decentralization.

    For the first time, the local community elected an advisory board of education, and superintendent candidates had to apply rather than be appointed, Soto said. The superintendent was given the authority to sign off on budget requests directly rather than sending them through officials in San Juan, as well as the flexibility to spend money in his region based on individual schools’ needs.

    In the past, that wasn’t a consideration: For example, Yadira Sanchez, a psychologist who has worked in Puerto Rican education for more than 20 years, remembers when a school got dozens of new air conditioners even though it didn’t need it. “They already had functioning air conditioners,” she said, “so that money was lost.”

    The pilot project also focused on increasing efficiency. For example, children with disabilities are now evaluated at their schools rather than having to visit a special center. And Soto says he tried to remove politics and increase transparency around spending in the PRDE as well. “You can improve invoices, but if your political friends are getting the work, then you don’t have a good school system,” he said.

    A school bus under a tree that fell during Hurricane Maria, which hit the island of Puerto Rico in September 2017. More than a year later, it had not been removed. Credit: Al Bello/Getty Images for Lumix

    Under Biden, Puerto Rico also received a competitive U.S. Department of Education grant for $10.5 million for community schools, another milestone. And the federal department started including data on the territory in some education statistics collected. “Puerto Rico wasn’t even on these trackers, so we started to dig into how do we improve the data systems? Unraveling the data issue meant that Puerto Rico can properly get recognized,” Soto said.

    But already there are plans to undo Cardona’s signature effort in Ponce. The island’s newly elected governor, Jenniffer González Colón, is a Republican and a Trump supporter. The popular secretary of education, Eliezer Ramos Parés, returned earlier this year to head the department after leading it from April 2021 to July 2023 when the governor unexpectedly asked him to resign — not an unusual occurrence within the island’s government, where political appointments can end suddenly and with little public debate. He told The Hechinger Report that the program won’t continue in its current form, calling it “inefficient.”

    “The pilot isn’t really effective,” he said, noting that politics can influence spending decisions not only at the central level but at the regional level as well. “We want to have some controls.” He also said expanding the effort across the island would cost tens of millions of dollars. Instead, Ramos said he was looking at more limited approaches to decentralization, around some human resource and procurement functions. He said he was also exploring a per pupil funding formula for Puerto Rico and looking at lessons from other large school districts such as New York City and Hawaii.

    Related: In Puerto Rico, the odds are against high school grads who want to go to college

    While education has been the largest budget item on the island for years, it’s still far less than any of the 50 states spend on each student. Puerto Rico spends $9,500 per student, compared with an average of $18,600 in the states.

    The U.S. Department of Education, which supplements local and state funding for students in poverty and with disabilities, has an outsized role in Puerto Rico schools. On the island, 55 percent of children live below the poverty line, compared with 17 percent in the 50 states; for students in special education, the figures are 35 percent and 15 percent, respectively. In total, during fiscal year 2024, more than 68 percent of the education budget on the island comes from federal funding, compared to 11 percent in U.S. states. The department also administers Pell Grants for low-income students — some 72 percent of Puerto Rican students apply — and supports professional development efforts and initiatives for Puerto Rican children who move back and forth between the mainland and territory.

    Linda McMahon, Trump’s new education secretary, has reportedly said that the government will continue to meet its “statutory obligations” to students even as the department shuts down or transfers some operations and lays off staff. The U.S. Department of Education did not respond to requests for comment.

    Some say the Biden administration’s pouring billions of dollars into a troubled education system with little accountability has created unrealistic expectations and there’s no plan for what happens after money is spent. Mujica, the executive director of the oversight board, said the infusion of funds postponed tough decisions by the Puerto Rican government. “When you have so much money, it papers over a lot of problems. You didn’t have to deal with some of the challenges that are fundamental to the system.” And he said there is little discussion of what happens when that money runs out. “How are you going to bridge that gap? Either those programs go away or we’re going to have to find the funding for them,” Mujica said.

    He said efforts like the one in Ponce to bring decision making closer to where the students’ needs are is “vitally important.” Still, he said he’s not sure the money improved student outcomes. “This was a huge opportunity to make fundamental changes and investments that will yield long-term results. I’m not sure that we’ve seen the metrics to support that.”

    Related: Are the challenges of Puerto Rico’s schools a taste of what other districts will face?

    Puerto Rico is one of the most educationally impoverished regions, with academic outcomes well below the mainland. On the math portion of the National Assessment of Educational Progress, or NAEP, a test that students across the U.S. take, just 2 percent of fourth graders in Puerto Rico were proficient, the highest score ever recorded for the island, and zero percent of eighth graders were. Puerto Rican students don’t take the NAEP for reading because they learn in Spanish, not English, though results shared by Ramos at a press conference in 2022 showed only 1 percent of third graders were reading at grade level.

    There are some encouraging efforts. Flamboyan Foundation, the nonprofit in Puerto Rico, has been leading an island-wide coalition of 70 partners to improve K-3 literacy, including through professional development. Teacher training through the territory’s education department has often been spotty or optional.

    The organization now works closely with the University of Puerto Rico and, as part of that effort, oversees spending of $3 million in literacy training. Approximately 1,500 or a third of Puerto Rico’s K-5 teachers have undergone the rigorous training. Educators were given $500 as an incentive for participating, along with books for their classrooms and three credit hours in continuing education. “It was a lot of quality hours. This was not the ‘spray and pray’ approach,” said Silvestre. That effort will continue, according to Ramos, who called it “very effective.”

    A new reading test for first through third graders the nonprofit helped design showed that between the 2023 and 2024 school years, most children were below grade level but made growth in every grade. “But we still have a long way to go so that this data can get to teachers in a timely manner and in a way that they can actually act on it,” Silvestre said.

    Kristin Ehrgood, Flamboyan Foundation’s CEO, said it’s too soon to see dramatic gains. “It’s really hard to see a ton of positive outcomes in such a short period of time with significant distrust that has been built over years,” she said. She said they weren’t sure how the Trump administration may work with or fund Puerto Rico’s education system but that the Biden administration had built a lot of goodwill. “There is a lot of opportunity that could be built on, if a new administration chooses to do that.”

    Another hopeful sign is that the oversight board, which was widely protested when it was formed, has cut the island’s debt from $73 billion to $31 billion. And last year board members increased education spending by 3 percent. Mujica said the board is focused on making sure that any investment translates into improved outcomes for students: “Our view is resources have to go into the classroom.”

    Related: A superintendent made big gains with English learners. His success may have been his downfall

    Betty A. Rosa, education commissioner and president of the University of the State of New York and a member of the oversight board, said leadership churn in Puerto Rico drives its educational instability. Every new leader is invested in “rebuilding, restructuring, reimagining, pick your word,” she said. “There is no consistency.” Unlike her New York state position, the Puerto Rican education secretary and other positions are political appointments. “If you have permanent governance, then even when the leadership changes, the work continues.”

    Ramos, who experienced this instability when the previous governor unexpectedly asked to resign in 2023, said he met McMahon, the new U.S. secretary of education, in Washington, D.C., and that they had a “pleasant conversation.” “She knows about Puerto Rico, she’s concerned about Puerto Rico, and she demonstrated full support in the Puerto Rico mission,” he said. He said McMahon wanted PRDE to offer more bilingual classes, to expose more students to English. Whether there will be changes in funding or anything else remains to be seen. “We have to look at what happens in the next few weeks and months and how that vision and policy could affect Puerto Rico,” Ramos said.

    Ramos was well-liked by educators during his first stint as education secretary. He will also have a lot of decisions to make, including whether to expand public charter schools and close down traditional public schools as the island’s public school enrollment continues to decline precipitously. In the past, both those issues led to fierce and widespread protests.

    Soto says he’s realistic about the incoming administration having “different views, both ideologically and policywise,” but he’s hopeful the people of Puerto Rico won’t want to go back to the old way of doing things. “Somebody said, ‘You guys took the genie out of the bottle and it’s going to be hard to put that back’ as it relates to a student-centered school system,” Soto said.

    Cardona, whose grandparents are from the island, said Puerto Rico had seen “academic flatlining” for years. “We cannot accept that the students are performing less than we know they are capable of,” he told The Hechinger Report, just before he signed off as the nation’s top education official. “We started change; it needs to continue.”

    Related: What’s left after a mass exodus of young people from Puerto Rico?

    Principal Carabello’s small school of 150 students and 14 teachers has been slated for closure three times already, though each time it has been spared in part because of community support. She’s hopeful that Ramos, with whom she’s worked previously, will turn things around. “He knows the education system,” she said. “He’s a brilliant person, open to listen.”  

    Escuela de la Communidad Jaime C. Rodriguez is a Montessori school in Yabucoa, Puerto Rico, that did not have any sports facilities for its students. It recently began work on a multipurpose sports center, made possible by federal funds under former President Joe Biden. Credit: Kavitha Cardoza for The Hechinger Report

    But the long hours of the past several years have taken a toll on her. She is routinely in school from 6:30 a.m. to 6:30 p.m. “You come in when it’s dark and you leave when it’s dark,” she said. There have been many new platforms to learn and new projects to implement. She wants to retire but can’t afford to. After decades of the local government underfunding the pension system, allowances that offset the high price of goods and services on the island were cut and pension plans were frozen.

    Now instead of retiring with 75 percent of her salary, Carabello will receive only 50 percent, $2,195 a month. She is entitled to Social Security benefits, but it isn’t enough to make up for the lost pension. “Who can live with $2,000 in one month? Nobody. It’s too hard. And my house still needs 12 years more to pay.”

    Carabello, who is always so strong and so optimistic around her students, teared up. But it’s rare that she allows herself time to think about herself. “I have a great community. I have great teachers and I feel happy with what I do,” she said.

    She’s just very, very tired. 

    This story about Puerto Rican schools was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • Texas Bill Would Limit Uncertified Teachers in Schools – The 74

    Texas Bill Would Limit Uncertified Teachers in Schools – The 74


    Get stories like this delivered straight to your inbox. Sign up for The 74 Newsletter

    Lawmakers want to turn the tide on the growing number of unprepared and uncertified teachers by restricting who can lead Texas classrooms. But school leaders worry those limits will leave them with fewer options to refill their teacher ranks.

    Tucked inside the Texas House’s $7.6 billion school finance package is a provision that would ban uncertified teachers from instructing core classes in public schools. House Bill 2 gives districts until fall 2026 to certify their K-5 math and reading teachers and until fall 2027 to certify teachers in other academic classes.

    Texas would help uncertified teachers pay for the cost of getting credentialed. Under HB 2, those who participate in an in-school training and mentoring program would receive a one-time $10,000 payment and those who go through a traditional university or alternative certification program would get $3,000. Special education and emergent bilingual teachers would get their certification fees waived. Educator training experts say it could be the biggest financial investment Texas made in teacher preparation. Rep. Brad Buckley, the Salado Republican who authored the bill, has signaled the House Public Education Committee will vote on HB 2 on Tuesday.

    District leaders, once reluctant to hire uncertified teachers, now rely on them often to respond to the state’s growing teacher shortage. And while they agree with the spirit of the legislation, some worry the bill would ask too much too soon of districts and doesn’t offer a meaningful solution to replace uncertified teachers who leave the profession.

    “What’s going to happen when we’re no longer able to hire uncertified teachers? Class sizes have to go up, programs have to disappear…. We won’t have a choice,” said David Vroonland, the former superintendent of the Mesquite school district near Dallas and the Frenship school district near Lubbock. “There will be negative consequences if we don’t put in place serious recruitment efforts.”

    A floodgate of uncertified teachers

    Nowadays, superintendents often go to job fairs to recruit teachers and come out empty-handed. There are not as many Texans who want to be teachers as there used to be.

    The salary in Texas is about $9,000 less than the national average, so people choose better-paying careers. Teachers say they are overworked, sometimes navigating unwieldy class sizes and using weekends to catch up on grading.

    Heath Morrison started to see the pool of teacher applicants shrink years ago when he was at the helm of Montgomery ISD. Many teachers left the job during the COVID-19 pandemic, which accelerated the problem.

    “This teacher shortage is getting more and more pronounced,” said Morrison, who is now the CEO of Teachers of Tomorrow, a popular alternative teacher certification program. “The reality of most school districts across the country is you’re not making a whole lot more money 10 years into your job than you were when you first entered … And so that becomes a deterrent.”

    As the pool of certified teachers shrunk, districts found a stopgap solution: bringing on uncertified teachers. Uncertified teachers accounted for roughly 38% of newly hired instructors last year, with many concentrated in rural districts.

    The Texas Legislature facilitated the flood of uncertified teachers. A 2015 law lets public schools get exemptions from requirements like teacher certification, school start dates and class sizes — the same exemptions allowed for open enrollment charter schools.

    Usually, to teach in Texas classrooms, candidates must obtain a certification by earning a bachelor’s degree from an accredited college or university, completing an educator preparation program and passing teacher certification exams.

    Teacher preparation experts say certifications give teachers the tools to lead a high quality classroom. To pass certification tests, teaching candidates learn how to plan for lessons and manage discipline in a classroom.

    But the 2015 law allowed districts to hire uncertified teachers by presenting a so-called “district of innovation plan” to show they were struggling to meet credential requirements because of a teacher shortage. By 2018, more than 600 rural and urban districts had gotten teacher certification exemptions.

    “Now, what we’ve seen is everyone can demonstrate a shortage,” said Jacob Kirksey, a researcher at Texas Tech University. “Almost every district in Texas is a district of innovation. That is what has allowed for the influx of uncertified teachers. Everybody is getting that waiver for certification requirements.”

    This session, House lawmakers are steadfast on undoing the loophole they created after new research from Kirksey sounded the alarm on the impacts of unprepared teachers on student learning. Students with new uncertified teachers lost about four months of learning in reading and three months in math, his analysis found. They missed class more than students with certified teachers, a signal of disengagement.

    Uncertified teachers are also less likely to stick with the job long-term, disrupting school stability.

    “The state should act urgently on how to address the number of uncertified teachers in classrooms,” said Kate Greer, a policy director at Commit Partnership. The bill “rights a wrong that we’ve had in the state for a long time.”

    The price of getting certified

    Rep. Jeff Leach, a Plano Republican who sits on the House Public Education Committee, said his wife has worked as an uncertified art teacher at Allen ISD. She started a program to get certified this winter and had to pay $5,000 out of pocket.

    That cost may be “not only a hurdle but an impediment for someone who wants to teach and is called and equipped to teach,” Leach said earlier this month during a committee hearing on HB 2.

    House lawmakers are proposing to lower the financial barriers that keep Texans who want to become teachers from getting certified.

    “Quality preparation takes longer, is harder and it’s more expensive. In the past, we’ve given [uncertified candidates] an opportunity just to walk into the classroom,” said Jean Streepey, the chair of the State Board for Educator Certification. “How do we help teachers at the beginning of their journey to choose something that’s longer, harder and more expensive?”

    Streepey sat on the teacher vacancy task force that Gov. Greg Abbott established in 2022 to recommend fixes to retention and recruitment challenges at Texas schools. The task force’s recommendations, such as prioritizing raises and improving training, have fingerprints all over the Texas House’s school finance package.

    Under HB 2, districts would see money flow in when they put uncertified teachers on the path to certification. And those financial rewards would be higher depending on the quality of the certification program.

    Schools with instructors who complete yearlong teacher residencies — which include classroom training and are widely seen as the gold standard for preparing teacher candidates — would receive bigger financial rewards than those with teachers who finish traditional university or alternative certification programs.

    Even with the financial help, lawmakers are making a tall order. In two years, the more than 35,000 uncertified teachers in the state would have to get their credential or be replaced with new, certified teachers.

    “The shortages have grown to be so great that I think none of us have a really firm handle on the measures that it’s going to take to turn things around.” said Michael Marder, the executive director of UTeach, a UT-Austin teacher preparatory program. “There is financial support in HB 2 to try to move us back towards the previous situation. However, I just don’t know whether the amounts that are laid out there are sufficient.”

    Restrictions like “handcuffs”

    Only one in five uncertified teachers from 2017 to 2020 went on to get a credential within their first three years of teaching. Texas can expect a jump in uncertified teachers going through teacher preparatory programs because of the financial resources and pressure on schools through HB 2, Marder said.

    But for every teacher who does not get credentialed, school leaders will have to go out and find new teachers. And they will have to look from a smaller pool.

    The restrictions on uncertified teachers “handcuffs us,”said Gilbert Trevino, the superintendent at Floydada Collegiate ISD, which sits in a rural farming town in West Texas. In recent years, recruiters with his district have gone out to job fairs and hired uncertified teachers with a college degree and field experience in the subjects they want to teach in.

    Rural schools across the state have acutely experienced the challenges of the teacher shortage — and have leaned on uncertified teachers more heavily than their urban peers.

    “We have to recruit locally and grow our own or hire people who have connections or roots in the community,” Trevino said. “If we hire a teacher straight out of Texas Tech University, we may have them for a year. … And then they may get on at Lubbock ISD or Plainview ISD, where there’s more of a social life.”

    Floydada Collegiate ISD recruits local high school students who are working toward their associate’s degree through what is known as a Grown Your Own Teacher program. But Trevino says HB 2 does not give him the time to use this program to replace uncertified teachers. From recruitment to graduation, it takes at least three years before students can lead a classroom on their own, he said.

    School leaders fear if they can’t fill all their vacancies, they’ll be pushed to increase class sizes or ask their teachers to prepare lessons for multiple subjects.

    “Our smaller districts are already doing that, where teachers have multiple preps,” Trevino said. “Things are already hard on our teachers. So if you add more to their plate, how likely are they to remain in the profession or remain in this district?”

    At Wylie ISD in Taylor County, it’s been difficult to find teachers to keep up with student growth. Uncertified teachers in recent years have made up a large number of teacher applicants, according to Cameron Wiley, a school board trustee.

    Wiley said restrictions on uncertified teachers is a “good end goal” but would compound the district’s struggles.

    “It limits the pot of people that’s already small to a smaller pot. That’s just going to make it more difficult to recruit,” Wiley said. “And if we have a hard time finding people to come in, or we’re not allowed to hire certain people to take some of that pressure off, those class sizes are just going to get bigger.”

    Learning suffers when class sizes get too big because students are not able to get the attention they need.

    “This bill, it’s just another obstacle that we as districts are having to maneuver around and hurl over,” Wiley said. “We’re not addressing the root cause [recruitment]. We’re just putting a Band-Aid on it right now.”

    This article originally appeared in The Texas Tribune at https://www.texastribune.org/2025/03/15/texas-school-funding-uncertified-teachers-shortage/.

    The Texas Tribune is a member-supported, nonpartisan newsroom informing and engaging Texans on state politics and policy. Learn more at texastribune.org.


    Get stories like these delivered straight to your inbox. Sign up for The 74 Newsletter

    Source link

  • How Oklahoma’s Superintendent Set Off a Holy War in Classrooms

    How Oklahoma’s Superintendent Set Off a Holy War in Classrooms

    NORMAN, Okla. — Sometimes, Jakob Topper teaches his Christian faith to his 6-year-old daughter using children’s Bible stories illustrated with teddy bears. Other days, he might use her kid-friendly Bible featuring Precious Moments figures as characters. One thing he knows for sure: The King James version is not on the reading list, given some of its adult themes of sexual assault and incest. 

    As a parent and a Baptist pastor, Topper opposes Oklahoma’s state superintendent of public instruction’s mandate to put a King James Version Bible in every grade 5–12 classroom. The father of three is also not keen on the state’s newly proposed social studies standards that would require biblical lessons starting in first grade. 

    “I want the Bible taught to my daughter, and I want to be the one who chooses how that’s done,” said Topper, who also has a 1-year-old and a 3-year-old and is pastor of NorthHaven Church in Norman, a university town. “If we’re talking about parental choice, that’s my choice. I don’t want it to be farmed out to anyone else.”

    Norman, a central Oklahoman city of about 130,000, is an epicenter of resistance to the Bible mandate that the state superintendent of public instruction, Ryan Walters, announced last June. Opposition here has come from pastors, religion professors, students, parents, teachers, school board members and the school district superintendent, among others. The prevailing philosophy among Norman residents, who are predominantly Christian, is that they do not want the state — and namely, Walters — mandating how children should be taught scriptures. They want their children to learn from holy books at home or in church. 

    Pastor Jakob Topper, of NorthHaven Church, says he prefers to teach his children about the Bible rather than placing that responsibility on teachers. Credit: Mike Simmons for The Hechinger Report

    Many residents see Walters’s pitch as a play for national attention, given his abundance of social media posts praising Donald Trump, who campaigned on returning prayer to schools and as president has established a White House Faith Office and a task force to root out “anti-Christian bias.” In September, Walters proposed spending $3 million to buy 55,000 copies of the Bible that has been endorsed by the president and for which he receives royalties. More recently, Walters — who in February clashed with his state’s governor for proposing that public schools track students’ immigration statuses — made media lists as a possible candidate for Trump’s education secretary. He was not picked. 

    But beyond Walter’s national aspirations, the Bible mandate also seems like an attempt at one-upmanship, with other states angling to infuse Christianity into public schools. Louisiana, for instance, is in a court battle over its push for Ten Commandments posters in schools. Texas fought off Democratic opposition to approve an optional Bible-infused curriculum and financial incentives for school districts that use the materials. A slew of states have passed or promoted similar measures, including ones allowing chaplains to act as counselors in schools. Unsurprisingly, Walters, too, has advocated for displaying the Ten Commandments in every classroom and also has backed the conversion of a private virtual Catholic school into a charter school; the Supreme Court plans to hear oral arguments on the case on April 30.  

    It goes without saying that Walters’s crusade is multifaceted. But fundamentally, all of his efforts amount to teaching the Bible “in inappropriate ways in public schools,” said Amanda Tyler, author of “How to End Christian Nationalism” and executive director of the Baptist Joint Committee for Religious Liberty, a Washington, DC–based organization of attorneys, ministers, and others who advocate for religious freedom. “He’s saying you can’t be a good American citizen if you don’t understand the Bible,” she added. “It’s this merger of American and Christian identities, the idea that only Christians are true Americans.” 

    On March 10, the Oklahoma Supreme Court dealt a blow to Walters’s plans: It issued a temporary stay prohibiting the state’s department of education from purchasing 55,000 Bibles with certain characteristics and from buying Bible-infused lessons and material for elementary schools. 

    The stay stems from a lawsuit led by Americans United for Separation of Church and State on behalf of 32 plaintiffs, including parents, clergy, students and teachers. The group, which is suing Walters, claims the Bible mandate violated the state’s prohibition against using state funds for religious purposes and the state’s own statutes allowing local district control over curriculum.

    As of now, until the court issues a final ruling, its decision marks a victory in Americans United’s attempt to stop Walters, said Alex Luchenitser, the organization’s associate legal director: “It protects the separation of church and state. It protects the religious freedom of students.” Speaking about the court’s stay, Walters, through spokeswoman Grace Kim, said in a statement: “The Bible has been a cornerstone of our nation’s history and education for generations. We will continue fighting to ensure students have access to this foundational text in the classroom.”

    Oklahoma Supreme Court, pictured in the state Capitol building, in March issued a stay that would prohibit the state education department from purchasing Bibles and Bible-infused lessons for elementary students. Credit: Sue Ogrocki/ Associated Press

    Meanwhile, Walters was also sued separately last summer by a parent in Locust Grove who contended the mandate violated the state and federal constitutions. The state education department has denied the claims of both suits and contended in legal briefs that using the Bible for its secular value does not violate the state’s constitution.

    Walters’s mandate has also sparked concern because of the proposed social studies standards that followed. The standards, which were initially released in December and would require legislative approval, mention the Bible and its historical impact more than 40 times. Several of the standards attempt to erroneously frame the Bible, and specifically the Ten Commandments, as the foundation of American law. Biblical scholars from the University of Oklahoma and elsewhere believe these standards promote the long-standing trope of Christian nationalism, which is premised in part on the false idea that the nation’s founding documents stemmed from the Bible. (The founders were Bible readers, but not necessarily fans of the same versions or holy texts in general. In fact, Thomas Jefferson cut up pages of the Bible to remove mention of miracles or the supernatural.)

    For example, Walters’s standards would require students in first grade to learn about David and Goliath, as well as Moses and the Ten Commandments, because the standards cite them as influences on the American colonists and others. Second graders would be asked to “identify stories from Christianity that influenced the American colonists, Founders, and culture, including the teachings of Jesus the Nazareth (e.g. the ‘Golden Rule,’ the Sermon on the Mount).” 

    Related: Inside the Christian legal campaign to return prayer to public schools

    “These new standards,” said a news release from the state department of education, “reflect what the people of Oklahoma — and all across America — have long been demanding of their public schools: a return to education curricula that upholds pro-family, pro-American values.” (Walters’s press office, despite repeated requests, did not make the state superintendent available for an interview.)

    Critics in Oklahoma and elsewhere see Walters’s Bible mandate as part of a broader Christian nationalist movement. “I think Oklahoma is the test case for the nation,” said Dawn Brockman, a Norman school board member.

    Walters, though, has been steadfast in his belief that the mandate is legal and critical for the education of Oklahomans. In the fall, after Americans United sued, Walters wrote on X: “The simple fact is that understanding how the Bible has impacted our nation, in its proper historical and literary context, was the norm in America until the 1960s and its removal has coincided with a precipitous decline in American schools.”

    But nothing is simple about the history of the Bible in America’s schools. When public schools started to open in the 1800s, some required regular Bible readings. From the beginning, that practice was controversial: Schools typically favored the King James Version, pitting Protestants against Catholics, and riots over school Bible readings broke out from the 1840s into the 1870s, said Mark Chancey, a professor of religious studies at Southern Methodist University in Dallas. By 1930, 36 states allowed Bible reading to be a requirement or an option, but another dozen banned such activities.

    A few decades later, a Pennsylvania family sued their school district for heeding the state’s 1949 law requiring the reading of 10 Bible verses and the recitation of prayers at the start of each school day. In 1963, just a year after a similar opinion, the Supreme Court ruled that requiring in-school Bible readings and prayers was unconstitutional. After those rulings, daily teaching from the Bible, for the most part, was halted, Chancey said, but backlash continued, with critics charging that removing prayer and Bible readings from schools had led to a decline in the morality of schoolchildren. 

    Related: Teachers struggle to teach the Holocaust without running afoul of new ‘divisive concepts’ laws

    In subsequent decades, the Supreme Court ruled against clergy-led prayer and prayer over the loudspeakers at football games in several school-related cases. But in a seeming reversal, in 2022, the high court ruled in favor of allowing a football coach to conduct midfield, postgame prayers, shifting the legal landscape. The majority’s opinion on the football coach’s prayer has prompted politicians and states to further test the limits of the separation of church and state. In February, lawmakers in Idaho and Texas even proposed measures to allow daily Bible readings in public schools again. 

    Darcy Pippins, who teaches Spanish at Norman High School, said she doesn’t feel qualified to teach about the Bible. Credit: Mike Simmons for The Hechinger Report

    In Norman, many teachers reacted to news of the Bible mandate with concern and fear. Spanish teacher Darcy Pippins, who is in her 27th year at Norman High, said she sometimes teaches about Catholicism because it is the religion of the Spanish-speaking world. But putting a Bible in every classroom and teaching from it is different. “I just don’t feel comfortable,” said Pippins, also a parent. “I’m not qualified to teach and to incorporate the Bible into what I teach.’’ 

    Other teachers, said Brockman, the school board member, worried about professional repercussions were they not to follow the mandate, given that Walters had already targeted at least one Norman teacher in the past for objecting to bans on particular books. 

    Nick Migliorino, the public school system’s superintendent since 2017, was the first superintendent in the state to publicly oppose the Bible mandate. When asked about it in a July interview with a local paper, he responded: “I’m just going to cut to the chase on that. Norman Public Schools is not going to have Bibles in our classrooms, and we are not going to require our teachers to teach from the Bible.”

    Other superintendents followed, and by late July, at least 17 school district leaders said they had no plans to change curriculum in response to the Bible mandate, according to a report by StateImpact Oklahoma.

    In an interview at his district’s headquarters, Migliorino emphasized that his school system already teaches how different religions affect history. Bibles, he noted, are accessible to students through the library. Migliorino added that the state superintendent had no authority to make school districts follow the mandate and that it would result in pushing Christianity on students. 

    “It’s a captive audience, and that is not our role to push things onto kids,” he said. “Our role is to educate them and to create thinkers.”

    Oklahoma already has a 2010 measure allowing school districts to offer elective Bible classes and to give students the latitude to pick the biblical text they prefer to use. But unlike Walters’s mandate, it allows for different biblical perspectives, said Alan Levenson, chair of Judaic history at the University of Oklahoma and a biblical scholar. Even still, there has never been widespread interest in a Bible elective in Norman, said Jane Purcell, the school system’s social studies coordinator. Nor was there much interest in such a class when she taught in Florida. Since 2006, at least a dozen states have passed laws promoting elective Bible classes.

    This may be, in part, because educators worry about potential issues with teaching Bible courses, said Purcell: “It’s very easy for it to appear to be proselytizing.”

    Related: How one district has diversified its advanced math classes — without the controversy

    Walters, for his part, has not taken any of this pushback in stride. At a July 31 state board of education meeting, he lashed out against “rogue administrators” who opposed him, saying of the left: “They might be offended by it, but they cannot rewrite our history and lie to our kids.”

    After the public schools superintendent publicly rejected Walters’s mandate, community members and teachers in Norman expressed relief. Meg Moulton, a realtor and mother of three, came to a July board meeting to thank the superintendent in person. “I’m a Christian mama,” she said. “I love teaching my kids about God. I love going to church.” 

    But, she added, “Ryan Walters’s mandate makes it so that teachers and students who may not be Christians…[or] who may believe something different, are going to be essentially forced to learn something that they may not believe in.” 

    Students and others I met with at a popular Norman coffee shop said they were concerned about how Walters’s mandate could affect religious minorities, women, and members of the LGBTQ+ community. “What Ryan Walters is trying to push goes in line with a lot of trends of kind of pushing back against LGBTQ,” said Isandro Moreno, a 17-year-old senior at Norman High. 

    Phoebe Risch, a 17-year-old senior at Norman North, the town’s other public high school, said Walters’s mandate was part of what motivated her to restart her high school’s Young Democrats club and recruit roughly 30 members. Risch, already upset about her state’s readiness to ban abortion following the Supreme Court’s overturn of Roe v. Wade, fears that requiring Bible-based instruction could lead to the promotion of the idea that women are submissive. “As a young woman, the implications of implementing religion into our schools is a little scary,” she said, “especially because Oklahoma is already a very conservative state.”

    Among the half dozen teens attending a confirmation class in December at Oklahoma City Reform temple B’nai Israel, most opposed the mandate, except for one. She said she supported it as long as the classroom teacher was careful and encouraged critical thinking. 

    One teen recounted tearily how, during class the previous week, a friend had drawn a swastika on her paper as a taunt. “Stuff like that is so normalized,” she said. “It’s antisemitism. If that’s so normalized, normalizing Christianity further, it’s just worse.”

    Imad Enchassi, an imam who oversees an Oklahoma City mosque and also chairs the Islamic Studies department at Oklahoma City University, said he worries that Superintendent Ryan Walter’s policies will further isolate Muslim children. Credit: Mike Simmons for The Hechinger Report

    Imad Enchassi, an imam who oversees an Oklahoma City mosque and serves as chair of Islamic studies at Oklahoma City University, echoed similar fears for the Muslim community. “We’re already experiencing Islamophobia. Muslim kids who wear the headscarf already have been told they’re going to hell because they don’t believe in the Bible or they don’t believe in Jesus,” he said. “When curriculum mandates one religion over the other, that will further isolate our children.”

    Some Oklahomans, though, do support the mandate. And at one of the state board of education meetings where Walters touted it, three residents expressed support for the idea — during public comment — as did at least one board member. That board member said he thought biblical literacy was important, while other supporters see the Bible mandate as a way to instill morality in the public schools. Ann Jayne, a 62-year-old resident of Edmond, about 15 miles north of Oklahoma City, makes a point of letting Walters know on his Facebook page that she’s praying for him, because she believes public schools need to instill Christian values. “I think we need church in the state,” she said. “I don’t see a problem with God being back in the school. Nobody is forcing them to become a Christian.”

    Since last summer, Walters’s efforts to push Christianity have only become bolder. In mid-November, he announced the opening of the Office of Religious Liberty and Patriotism, which would, among other things, investigate alleged abuses against religious freedom and patriotic displays. Two days later, he announced that he was sending 500 Bibles to Advanced Placement government classes. He also emailed superintendents around the state with the order to show their students a one-minute-and-24-second video announcing the religious liberty office and praying for newly elected President Trump.

    At a Christmas parade in Norman in early December, some residents called the video embarrassing, with many superintendents, including Norman’s, having declined to show it. However, while many residents seem to abhor the Bible mandate, they do not agree on how religion should be handled in public life. Despite some religious diversity and some liberal leanings common in a university town, Norman skews religiously conservative. That dichotomy means many residents see the Bible as so sacrosanct that they don’t want it taught in schools, yet they see no problem with other Christian-oriented school activities.

    In some cases, residents like school board member Brockman, who is also a former teacher and lawyer with training on the First Amendment, have objected to school promotion of the religious aspects of Christmas. When she was a teacher at one of Norman’s two high schools, she asked to stop the playing of overtly religious Christmas songs in the halls during passing periods. She saw it as a “gentle reminder that the Supreme Court says we need to remain neutral on religion.” Her wish was granted. “They took it down with some consternation and played the Grinch in my honor.”

    Related: Teaching global warming in a charged political climate

    Residents have also quibbled over what to call the parade featuring Santa each December. Should it be called the Norman holiday or Christmas parade? It’s now known as the Norman Christmas Holiday Parade. In early December, the city’s mix of liberal and conservative influences shone through the glitz during the parade. The Knights of Columbus float had a sign that said “Merry CHRISTmas.” Norman’s Pride organization participated, with its human angels wearing wings lit up in rainbow colors.

    Tracey Langford, watching the parade from the back of her SUV, was dressed in a red stocking cap and a red sweatshirt that read “Santa, define good,” a jab at the fact that she is a lawyer who cares about legal definitions. To her, the Bible mandate is a clear violation of separation of church and state.“Every home here has a Bible…. We don’t need to spend a dollar to get a Bible in every classroom,” said Langford, a lawyer at the University of Oklahoma and a parent of a first grader in Norman schools and a 15-year-old in a private school. 

    Traci Jones, a parent of both a Norman sixth grader and fifth grader, likewise asked, “Who’s supposed to be teaching these kids the Bible? Is it just a random person? What if it’s an atheist or someone who has totally different beliefs than me?” As a nondenominational Christian, she added, “I think it’s wack to ask these poor teachers to teach that.”

    What happens next may ultimately be decided in a courtroom. There is no sign yet when final opinions may be issued in either lawsuit.

    State lawmakers at recent appropriation hearings said they were worried about the directive’s constitutionality, and in fact, in March, the Senate Appropriations’ Education Subcommittee  said it did not consider Walters’s $3 million request to purchase Bibles. The next day Walters announced he was launching a national campaign with a country singer to get Bibles donated to Oklahoma schools. (The legislature gets the final word on the Bible purchases, a line item in the education budget, and the standards, which the state board of education approved in late February.) Meanwhile, the fate of religion’s place in public schools on a national level likely will rest with the Supreme Court, with various lawsuits against state measures promoting Christianity making their way through the court system.  

    A Ten Commandments monument that sat on Oklahoma State Capitol grounds until the state Supreme Court ruled its presence violated the separation of church and state. It now is at the headquarters of a conservative lobbying group. Credit: Linda K. Wertheimer for The Hechinger Report

    In Norman, Jakob Topper, Kyle Tubbs and other Baptist pastors I met with at the headquarters of a statewide Baptist church organization were increasingly aghast at Walters’s mixing of religion and politics. Rick Anthony, pastor of Grace Fellowship, a Baptist church, centered his November 17 sermon on such concerns. “Almost comically, we’ve heard this week about a video made that was ordered to be shown to all children in the public schools and then sent to their parents,” he said. “Our question is…where are our voices as our political leaders cozy up to faith leaders, all the while destroying our faith institutions?” 

    Kaily Tubbs, Tubbs’s wife and a fifth grade teacher in Norman schools, said the mandate conflicts with her personal belief on how faith should be handled in schools. She spoke also as a mother of a kindergartener and a third grader, both in Norman schools. “Our faith is really important to us,” she said. “I don’t want it to be used as a prop in a classroom.”

    Topper said that at his church, the majority of his congregation believes in separation of church and state. He said he is aware of the religious diversity that exists in his town, too, and has both Muslim and Jewish neighbors. Like Anthony, he spoke with his congregation about Walters’s mandate, though in an informal weeknight meeting at his church, rather than as part of a formal sermon. “I wish,” he said, “that Jesus was left out of schools and left for the religious realm.”

    Contact editor Caroline Preston at 212-870-8965, via Signal at CarolineP.83 or on email at preston@hechingerreport.org.

    This story about Bibles in schools was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • A new era for teachers as AI disrupts instruction

    A new era for teachers as AI disrupts instruction

    This story originally appeared on the Christensen Institute’s blog, and is reposted with permission.

    Key points:

    Picture your favorite teacher from your childhood. He or she may have been great at explaining things, energetic, affirming, funny, or had other wonderful attributes. I remember Mrs. Rider. She was smart and pretty, and showed she really believed in me.

    With this picture in mind that highlights the many wonderful teachers who typify the “sage on the stage” teacher role, you may wonder why Guide School (full disclosure: I’m the founder) prepares teachers and other adults to become “guides” instead of sages. Why not spend our efforts developing more wonderful sages like Mrs. Rider?

    The printing press provides a helpful analogy to answer that question.

    Over time, Disruptive Innovations change how things are conventionally done

    Before the invention of the printing press, books and written materials were primarily produced as handwritten manuscripts. Scribes, often monks or other church officials, painstakingly copied texts by hand using quill pens and special inks to illuminate and decorate each parchment.

    The printing press, invented by Johannes Gutenberg in the 15th century, revolutionized the production and sharing of written knowledge. It allowed for the mass production of books at a much faster rate and lower cost. In short, texts became accessible to a greater number of people.

    But it also meant disrupting the profession of scribes, who suddenly found their work had shifted. Some scribes found new opportunities as proofreaders or editors within the emerging print industry. Others continued to provide handwritten services for personal letters and legal documents. Additionally, a market remained for beautifully handcrafted manuscripts among wealthy patrons who valued calligraphy.

    There’s a parallel between the stories of scribes and conventional teachers. Just as the best scribes produced unique artistry in rare, individually commissioned works, the best teachers create rare but enviable classrooms with well-behaved, deeply motivated, impressively thriving students. Unfortunately, however, many people are left out of these ideal scenarios. Without the printing press, millions of people would have languished without access to printed materials. Without transforming the conventional classroom, millions of students today will continue to suffer from want of effective instruction. That’s because while the conventional system could develop more wonderful, conventional teachers like Mrs. Rider, doing so requires an investment of resources often unavailable to every student in every school across the world. All too often, only those who are lucky or whose families can pay receive the benefits of those investments. 

    Happily, the printing press’s disruption of scribing proved to be an irrefutable boon for the education of humanity. The printing press facilitated the growth of literacy, numeracy, and scientific knowledge by enabling the widespread distribution of printed materials with dependable accuracy and lower costs. It played a crucial role in the Renaissance, Reformation, and Scientific Revolution, allowing for the mass sharing of ideas at unprecedented speed and scale. By the end of the 15th century, millions of copies of thousands of book titles had been printed, marking a dramatic shift in the accessibility of knowledge.

    AI and its potential to disrupt conventional teaching

    Similarly, the rise of AI-powered, online apps for instruction is disrupting the teaching profession. It’s giving rise to a new wave of global knowledge distribution with increasingly dependable accuracy and precision, allowing for mass learning at unprecedented speed and scale.

    When the printing press arrived, the scribe profession did not disappear, but scribes did have to adapt to new roles as their industry changed. Similarly, many conventional teachers will need to adapt to a new role as their role of sage becomes disrupted. 

    Fortunately, this pivot presents a remarkable opportunity for teachers and society at large. For years, experts have identified that students do best when they have personal, individual tutelage to help them learn. Top-down, whole-class, monolithic instruction isn’t working for most students–and observant teachers know that. The shift from sage on the stage to guide on the side of each student is a welcome relief for teachers who see that the conventional approach is broken in that it leaves behind too many students and want a model that allows them to have the individual impact they hoped for when they entered the teaching profession.

    AI frees up teachers’ time to give more individual attention and students’ time for more than foundational knowledge attainment. The Flex blended-learning model, which pairs AI-powered apps with group discussions, real-world projects, individual coaching from guides, and other student experiences, attracts teachers who see its value and want its benefits. Rather than feeling replaced by computer-based instruction, these teachers feel attracted to a clear opportunity to shift their time spent on lectures and embrace the facilitation of a more student-driven learning design for their students.

    Guide School prepares adults who feel called to this new role. The guide profession is different from the conventional teaching profession. It requires different mindsets, skills, and dispositions. But for those well-suited to and trained for the role, it’s a profession with unprecedented opportunities to help youth worldwide develop knowledge and talents to a higher level than ever before.

    Latest posts by eSchool Media Contributors (see all)

    Source link

  • 25 (Mostly AI) Sessions to Enjoy in 2025 – The 74

    25 (Mostly AI) Sessions to Enjoy in 2025 – The 74


    Get stories like this delivered straight to your inbox. Sign up for The 74 Newsletter

    South by Southwest Edu returns to Austin, Texas, running March 3-6. As always, it’ll offer a huge number of panels, discussions, film screenings, musical performances and workshops exploring education, innovation and the future of schooling.

    Keynote speakers this year include neuroscientist Anne-Laure Le Cunff, founder of Ness Labs, an online educational platform for knowledge workers; astronaut, author and TV host Emily Calandrelli, and Shamil Idriss, CEO of Search for Common Ground, an international non-profit. Idriss will speak about what it means to be strong in the face of opposition — and how to turn conflict into cooperation. Also featured: indy musical artist Jill Sobule, singing selections from her musical F*ck 7th Grade.

    As in 2024, artificial intelligence remains a major focus, with dozens of sessions exploring AI’s potential and pitfalls. But other topics are on tap as well, including sessions on playful learning, book bans and the benefits of prison journalism. 

    To help guide the way, we’ve scoured the schedule to highlight 25 of the most significant presenters, topics and panels: 

    Monday, March 3:

    11 a.m. — Ultimate Citizens Film Screening: A new independent film features a Seattle school counselor who builds a world-class Ultimate Frisbee team with a group of immigrant children at Hazel Wolf K-8 School. 

    11:30 a.m. — AI & the Skills-First Economy: Navigating Hype & Reality: Generative AI is accelerating the adoption of a skills-based economy, but many are skeptical about its value, impact and the pace of growth. Will AI spark meaningful change and a new economic order, or is it just another overhyped trend? Meena Naik of Jobs for the Future leads a discussion with Colorado Community College System Associate Vice Chancellor Michael Macklin, Nick Moore, an education advisor to Alabama Gov. Kay Ivey, and Best Buy’s Ryan Hanson.

    11:30 a.m. — Navigation & Guidance in the Age of AI: The Clayton Christensen Institute’s Julia Freeland Fisher headlines a panel that looks at how generative AI can help students access 24/7 help in navigating pathways to college. As new models take root, the panel will explore what entrepreneurs are learning about what students want from these systems. Will AI level the playing field or perpetuate inequality? 

    12:30 p.m. — Boosting Student Engagement Means Getting Serious About Play: New research shows students who are engaged in schoolwork not only do better in school but are happier and more confident in life. And educators say they’d be happier at work and less likely to leave the profession if students engaged more deeply. In this session, LEGO Education’s Bo Stjerne Thomsen will explore the science behind playful learning and how it can get students and teachers excited again.

    1:30 p.m. — The AI Sandbox: Building Your Own Future of Learning: Mike Yates of The Reinvention Lab at Teach for America leads an interactive session offering participants the chance to build their own AI tools to solve real problems they face at work, school or home. The session is for AI novices as well as those simply curious about how the technology works. Participants will get free access to Playlab.AI.

    2:30 p.m. — Journalism Training in Prison Teaches More Than Headlines: Join Charlotte West of Open Campus, Lawrence Bartley of The Marshall Project and Yukari Kane of the Prison Journalism Project to explore real-life stories from behind bars. Journalism training is transforming the lives of a few of the more than 1.9 million people incarcerated in the U.S., teaching skills from time management to communication and allowing inmates to feel connected to society while building job skills. 

    Tuesday, March 4:

    11:30 a.m. — Enough Talk! Let’s Play with AI: Amid the hand-wringing about what AI means for the future of education, there’s been little conversation about how a few smart educators are already employing it to shift possibilities for student engagement and classroom instruction. In this workshop, attendees will learn how to leverage promising practices emerging from research with real educators using AI in writing, creating their own chatbots and differentiating support plans. 

    12:30 p.m. — How Much is Too Much? Navigating AI Usage in the Classroom: AI-enabled tools can be helpful for students conducting research, outlining written work, or proofing and editing submissions. But there’s a fine line between using AI appropriately and taking advantage of it, leaving many students wondering, “How much AI is too much?” This session, led by Turnitin’s Annie Chechitelli, will discuss the rise of GenAI, its intersection with academia and academic integrity, and how to determine appropriate usage.  

    1 p.m. — AI & Edu: Sharing Real Classroom Successes & Challenges: Explore the real-world impact of AI in education during this interactive session hosted by Zhuo Chen, a text analysis instructor at the nonprofit education startup Constellate, and Dylan Ruediger of the research and consulting group Ithaka S+R. Chen and Ruediger will share successes and challenges in using AI to advance student learning, engagement and skills. 

    1 p.m. — Defending the Right to Read: Working Together: In 2025, authors face unprecedented challenges. This session, which features Scholastic editor and young adult novelist David Levithan, as well as Emily Kirkpatrick, executive director of the National Council of Teachers of English, will explore the battle for freedom of expression and the importance of defending reading in the face of censorship attempts and book bans.

    1 p.m. — Million Dollar Advice: Navigating the Workplace with Amy Poehler’s Top Execs: Kate Arend and Kim Lessing, the co-presidents of Amy Poehler’s production company Paper Kite Productions, will be live to record their workplace and career advice podcast “Million Dollar Advice.” The pair will tackle topics such as setting and maintaining boundaries, learning from Gen Z, dealing with complicated work dynamics, and more. They will also take live audience questions.

    4 p.m. — Community-Driven Approaches to Inclusive AI Education: With rising recognition of neurodivergent students, advocates say AI can revolutionize how schools support them by streamlining tasks, optimizing resources and enhancing personalized learning. In the process, schools can overcome challenges in mainstreaming students with learning differences. This panel features educators and advocates as well as Alex Kotran, co-founder and CEO of The AI Education Project.

    4 p.m. — How AI Makes Assessment More Actionable in Instruction: Assessments are often disruptive, cumbersome or disconnected from classroom learning. But a few advocates and developers say AI-powered assessment tools offer an easier, more streamlined way for students to demonstrate learning — and for educators to adapt instruction to meet their needs. This session, moderated by The 74’s Greg Toppo, features Khan Academy’s Kristen DiCerbo, Curriculum Associates’ Kristen Huff and Akisha Osei Sarfo, director of research at the Council of the Great City Schools.

    Wednesday, March 5:

    11 a.m. — Run, Hide, Fight: Growing Up Under the Gun Screening & Q&A: Gun violence is now the leading cause of death for American children and teens, according to the federal Centers for Disease Control and Prevention, yet coverage of gun violence’s impact on youth is usually reported by adults. Run, Hide, Fight: Growing Up Under the Gun is a 30-minute documentary by student journalists about how gun violence affects young Americans. Produced by PBS News Student Reporting Labs in collaboration with 14 student journalists in five cities, it centers the perspectives of young people who live their lives in the shadow of this threat. 

    11:30 a.m. — AI, Education & Real Classrooms: Educators are at the forefront of testing, using artificial intelligence and teaching their communities about it. In this interactive session, participants will hear from educators and ed tech specialists on the ground working to support the use of AI to improve learning. The session includes Stacie Johnson, director of professional learning at Khan Academy, and Dina Neyman, Khan Academy’s director of district success. 

    11:30 a.m. — The Future of Teaching in an Age of AI: As AI becomes increasingly present in the classroom, educators are understandably concerned about how it might disrupt their teaching. An expert panel featuring Jake Baskin, executive director of the Computer Science Teachers Association andKarim Meghji of Code.org, will look at how teaching will change in an age of AI, exploring frameworks for teaching AI skills and sharing best practices for integrating AI literacy across disciplines.

    2:30 p.m. — AI in Education: Preparing Gen A as the Creators of Tomorrow: Generation Alpha is the first to experience generative artificial intelligence from the start of their educational journeys. To thrive in a world featuring AI requires educators helping them tap into their natural creativity, navigating unique opportunities and challenges. In this session, a cross-industry panel of experts discuss strategies to integrate AI into learning, allowing critical thinking and curiosity to flourish while enabling early learners to become architects of AI, not just users.

    2:30 p.m. — The Ethical Use of AI in the Education of Black Children: Join a panel of educators, tech leaders and nonprofit officials as they discuss AI’s ethical complexities and its impact on the education of Black children. This panel will address historical disparities, biases in technology, and the critical need for ethical AI in education. It will also offer unique perspectives into the benefits and challenges of AI in Black children’s education, sharing best practices to promote the safe, ethical and legal use of AI in classrooms.

    2:30 p.m. — Exploring Teacher Morale State by State: Is teacher morale shaped by where teachers work? Find out as Education Week releases its annual State of Teaching survey. States and school districts drive how teachers are prepared, paid and promoted, and the findings will raise new questions about what leaders and policymakers should consider as they work to support an essential profession. The session features Holly Kurtz, director of EdWeek Research Center, Stephen Sawchuk, EdWeek assistant managing editor, and assistant editor Sarah D. Sparks.

    2:30 p.m. — From White Folks Who Teach in the Hood: Is This Conversation Against the Law Now? While most students in U.S. public schools are now young people of color, more than 80% of their teachers are white. How do white educators understand and address these dynamics? Join a live recording of a podcast that brings together white educators with Christopher Emdin and sam seidel, co-editors of From White Folks Who Teach in the Hood: Reflections on Race, Culture, and Identity (Beacon, 2024).

    3:30 p.m. — How Youth Use GenAI: Time to Rethink Plagiarism: Schools are locked in a battle with students over fears they’re using generative artificial intelligence to plagiarize existing work. In this session, join Elliott Hedman, a “customer obsession engineer” with mPath, who with colleagues and students co-designed a GenAI writing tool to reframe AI use. Hedman will share three strategies that not only prevent plagiarism but also teach students how to use GenAI more productively.  

    Thursday, March 6:

    10 a.m. — AI & the Future of Education: Join futurists Sinead Bovell and Natalie Monbiot for a fireside discussion about how we prepare kids for a future we cannot yet see but know will be radically transformed by technology. Bovell and Monbiot will discuss the impact of artificial intelligence on our world and the workforce, as well as its implications for education. 

    10 a.m. — Reimagining Everyday Places as Early Learning Hubs: Young children spend 80% of their time outside of school, but too many lack access to experiences that encourage learning through hands-on activities and play. While these opportunities exist in middle-class and upper-income neighborhoods, they’re often inaccessible to families in low-income communities. In this session, a panel of designers and educators featuring Sarah Lytle, who leads the Playful Learning Landscapes Action Network, will look at how communities are transforming overlooked spaces such as sidewalks, shelters and even jails into nurturing learning environments accessible to all kids.

    11 a.m. — Build-a-Bot Workshop: Make Your Own AI to Make Sense of AI: In this session, participants will build an AI chatbot alongside designers and engineers from Stanford University and Stanford’s d.school, getting to the core of how AI works. Participants will conceptualize, outline and create conversation flows for their own AI assistant and explore methods that technical teams use to infuse warmth and adaptability into interactions and develop reliable chatbots.  

    11:30 a.m. — Responsible AI: Balancing Innovation, Impact, & Ethics: In this session, participants will learn how educators, technologists and policymakers work to develop AI responsibly. Panelists include Isabelle Hau of the Stanford Accelerator for Learning, Amelia Kelly, chief technology officer of the Irish AI startup SoapBox Labs, and Latha Ramanan of the AI developer Merlyn Mind. They’ll talk about how policymakers and educators can work with developers to ensure transparency and accuracy of AI tools. 


    Get stories like these delivered straight to your inbox. Sign up for The 74 Newsletter

    Source link

  • 2025 Teacher of the Year is first Indigenous honoree

    2025 Teacher of the Year is first Indigenous honoree

    By Kenn Rodriguez
    For NMEducation.com

    Halloween 2024 is a holiday that won’t be soon forgotten by Bernalillo High School teacher Lorilei Chavez. You see, October 31 was the day she was honored as the first Indigenous teacher named New Mexico Teacher of the Year.

    Sixth period was going as usual for Lorilei and her social studies class. The group was in the middle of a lesson when BHS principal, Alyssa Sanchez-Padilla, and her secretary came to the door with an urgent request: Bring your students to the school’s black box theater to bump up attendance for a guest speaker.

    “And so, you know, as a teacher, I’m like, ‘Oh no, we’re in the middle of a lesson,’” she related. “You know, I don’t want to lose valuable teaching time. But if the principal is asking you to take your students somewhere, you know, you get going.”

    As she walked with her students to the theater and the seventh-period bell rang, her principal asked to detour to sign some tutoring paperwork. While walking, Chavez noticed a few extra student resource officers. 

    “Like I was getting kind of like an inclination that something was going on, you know?” she said, noting she was dressed in 1980s style for Halloween, with a side ponytail and an off-the-shoulder shirt.

    Still thinking there was a guest speaker, Lorelei came to the theater and saw the “shimmer of cheerleading pompoms” and a huge cheer erupted as she entered the room. Assuming the cheer was for the “guest,” she got a bit spooked and started to back out of the room, she said.

    “My principal was behind me and she just put her hands on my shoulders and softly nudged me forward,” she recalled. “I saw my mom and rushed over to her. Then she points up at the ceiling and there was this huge banner that says ‘Lorelei Chavez, Teacher of the Year.’”

    “And that’s when it all just hit and took me over. And then it went from joy, like surprise to joy to like pure happy tears,” she said. 

    “It’s a life moment I’ll never forget.”

    From Bernalillo and back

    Lorilei describes herself as a “very proud product of Bernalillo Public Schools.” Beginning with kindergarten near home on the Kewa Pueblo (Santo Domingo Pueblo), she spent all but one year of her young life in the BPS system, beginning with Santo Domingo School and ending with graduation from Bernalillo High in 2008.

    “It’s funny because I remember being in high school thinking, ‘Oh, I want to go as far as I can. Like, I want to go to school in California. I want to go to college in Washington, D.C. And I don’t want to come back to Bernalillo,’” she recalled with a chuckle. “And then six years later, I ended up (substitute teaching) while going to college. I’ve been there ever since.”

    Beginning her college career at Central New Mexico Community College, Lorilei got her basics taken care of before transferring to the University of New Mexico. She graduated in 2018 with a degree in Native American Studies and a minor in History. Though she started as an education major and shifted away, her experiences as a substitute convinced her to go through CNM’s Alternative Licensure program, which she finished in 2020.

    “When I started subbing as I was going to (UNM), I realized that I had a really deep ability to connect with students on a level that maybe some of my colleagues weren’t able to,” she said. “Because our district is 48% Indigenous, a lot of the students that I worked with didn’t really have Indigenous teachers or teacher aides or even substitutes that looked like them.”

    Since the Bernalillo school system works with seven different tribes, Lorilei said she feels it’s important that Native students have Indigenous role models in the school setting. She used simple examples, like seeing her dressed in Native regalia or “big Native earrings” and beaded medallions to honor Native heritage.

    “I think that’s what allowed me to see that I would be a good educator,” she said. “I would have an impact on students if I did a shift and got my teacher certification.

    “And so that I think is my main drive even to today, is my ability to connect with students, uplift them, hear their voices, allow them to feel seen in the classroom, which I think creates the motivation to continue their goals and succeed in whatever they’re trying to accomplish.”

    Serving her community 

    Lorilei said being named the first Indigenous teacher to win the statewide Teacher of the Year award was obviously an honor. But because “a core value of Pueblo people is the idea of service,” she said she feels that she is representing more than herself in accepting the award. 

    “As I serve my community, I wake up every day knowing that I’m going to serve my students, my future generations as I represent Santo Domingo Pueblo,” she said. “I wake up every day thinking, ‘What impact am I going to make on my community and what impact am I able to make today on the future generation?’ So, winning an award like this has been really hard for me to accept and value the honor. Because I feel it doesn’t just belong to me. It comes from a community of educators that has raised me and taught me.”

    With her Native American Studies background, she said she strives to balance Indigenous culture and Western education in a school setting.

    “The people, the past EAs, the language teachers, the teachers who’ve taught me that have poured into my education, I think is what brought me to today,” Lorilei said. “With this title and this beautiful award, I’m able to bring home not only Santo Domingo but to the Bernalillo Public Schools. I think the pressure of being the first Indigenous Teacher of the Year is making sure I’m honoring not only my school but my students and the community that I come from.”

    ‘Indigenizing’ the Education System

    Lorilei said that as Teacher of the Year, she will emphasize “Indigenizing” education in New Mexico, as well as supporting teachers’ mental health. The desire to bring more Native experiences, stories, and perspectives into public education is something that grew from her time in the UNM Native Studies program.

    “Going to (UNM’s) Native American studies program as a college student really opened my mind to this understanding of needing to know your culture, your history, the laws and the narrative that existed in Native community,” she said. “Things that weren’t necessarily told in the history books that I studied or in the papers that I wrote. Things not in the curriculum that I was offered as a public school student.”

    “So graduating from UNM NAS instilled this understanding that going back into the public schools that I work at… I had no choice but an obligation to encourage our district and hold our district accountable when adopting curriculums and encouraging Native history in the core curriculum,” she concluded.

    Lorilei said she and her fellow educators in the Bernalillo Public Schools “are blessed” to have a district leadership that understands the equity and value of bringing in Native languages and history as a core content. 

    She also said she feels very fortunate for the opportunity to work in a district that allows her the opportunity to build a curriculum that includes Indigenous history – subjects like the Pueblo Revolt, boarding schools, Native removal, sovereignty and decolonization, in a “school building that was not necessarily built for Indigenous education but built for Western education.”

    “As the first Indigenous teacher of the year, I feel like that also is my obligation and duty, is to work to continue to advocate, to educate, so that we can uplift Native narrative, history, stories in curriculum,” she said. “Not just in high student of color populations, but in districts across the state. 

    “It is a passion of mine to Indigenize education and bring Indigenous perspective in Western curriculum. And so that’s something that I’m going to really push toward and be passionate about and continue to advocate for moving forward,” she related.

    Prioritizing balance for teachers

    Lorilei also said she is “super passionate” about state leadership and school districts starting a movement around prioritizing teacher mental health. She said she plans to “really pour some energy in as Teacher of the Year.” As a teacher working at the high school level, she said implementing teaching materials and testing guides, and “doing all the things that I need to do as a teacher to be the best teacher” leaves her drained at times. 

    “Balancing all of that with my life and my culture and everything that I am as a human being, an auntie, a sister, a cousin, is very difficult,” she said. “I really think as a state and as a nation, we really need to take a deeper look into how we are healing our teachers. How are we showing up for them in capacities that include mental wellness? And that includes body health and that includes spiritual strength in whatever capacity that they connect to.”

    She concluded: “My goal and my hope is to really work with school districts, including mine, to have wellness days, wellness fairs, professional development days where teachers are paid to take time to take care of their mental health… because we’re so spread thin from the many, many things we have to do as educators. 

    “I’d really like to see us looking at an innovative way to address teacher wellness in ways that maybe the state and the nation haven’t before.”

    The New Mexico Teacher of the Year program is sponsored by The New Mexico Oil and Gas Association. The award of $ 10,000 will go to Lorilei to help with professional development opportunities and support her travel needs.

    Source link