Tag: Child Care

  • Una de cada cinco personas que proveen cuidado infantil es inmigrante.

    Una de cada cinco personas que proveen cuidado infantil es inmigrante.

    Nueve días después de que el presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas con medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, Damaris Alvarado-Rodríguez decidió cerrar un aula en una de sus guarderías en Filadelfia.

    A pesar de tener tarjetas de residencia, las maestras de ese salón de clases, en donde atienden a niños y niñas que tienen un año de edad, estaban demasiado nerviosas para ir a trabajar. Desde que Trump tomó posesión, sus funcionarios se han enfocado en Filadelfia y otras denominadas ciudades santuario donde se limita la cooperación en la aplicación de las leyes de inmigración. Los agentes de inmigración han estado presentes constantemente en los vecindarios donde están situados los tres centros de Alvarado-Rodríguez.

    “Tengo mucho miedo de cómo esto va a afectar a nuestros niños, familias y personal”, dijo.

    En un programa de cuidado infantil familiar en Albuquerque, Nuevo México, Maggie, de 47 años, quien fue abogada antes de emigrar desde México hace 10 años, también ha visto los rápidos efectos de las órdenes ejecutivas. Cinco de los 12 niños a su cuidado dejaron de presentarse. Maggie dijo a través de un intérprete que los padres deciden dejar a sus hijos pequeños con hermanos mayores o abuelos en lugar de con ella, es decir, que salen de casa solo para trabajar y así estar fuera del alcance de las autoridades lo más posible. (The Hechinger Report no utiliza los nombres completos de algunos de los entrevistados porque temen por su seguridad). 

    “Los padres dijeron: ‘Vamos a esperar a que las cosas se calmen’”, dijo Maggie.

    Relacionado: La educación es una labor de toda la vida. Suscríbete a nuestro boletín semanal gratuito, que incluye las noticias más importantes sobre el mundo de la educación.

    En Estados Unidos, 1 de cada 5 trabajadores de cuidado infantil es inmigrante. En ciudades grandes como Nueva York, los inmigrantes constituyen más del 40 % de la fuerza laboral de cuidado infantil. En Los Ángeles, es de casi el 50 %.

    “En la economía del cuidado infantil, los inmigrantes son la columna vertebral de este trabajo”, afirma Erica Phillips, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar. Estos educadores de la primera infancia se “dedican a prestar uno de los servicios más esenciales y con mayor impacto para los niños pequeños de todo el país”.

    Los expertos opinan que las órdenes ejecutivas de Trump amenazan dicha columna vertebral. Entre otros cambios, las órdenes amplían las normas sobre qué inmigrantes pueden ser deportados rápidamente, sin tener una audiencia; exigen que algunos no ciudadanos se registren y presenten huellas dactilares; y limitan los permisos de trabajo.

    Un patio de recreo en uno de los centros de cuidado infantil que Damaris Alvarado-Rodríguez dirige en Filadelfia. Alvarado-Rodríguez recientemente cerró una de las aulas porque varios maestros tenían miedo de ir a trabajar debido a posibles redadas de ICE. Credit: Image provided by Damaris Alvarado-Rodriguez

    Varios proveedores de cuidado infantil dijeron que la situación parece más grave que en años anteriores. La actual administración ha establecido cuotas diarias de aprehensiones de inmigrantes, lo que ha producido arrestos de más inmigrantes por día que el promedio bajo la administración anterior. Esto incluye a muchos sin antecedentes penales, que no eran el blanco de la ejecución de la ley bajo el expresidente Joe Biden. Asimismo, Trump ha impulsado medidas para terminar con el estatus legal de millones de personas pues propuso eliminar la ciudadanía por nacimiento.

    Estados Unidos no puede permitirse perder personal de cuidado infantil. Hay ya muchos programas que tienen problemas crónicos de rotación de trabajadores, lo que puede crear inestabilidad en las vidas de los niños y niñas a su cuidado. Las tasas de rotación en el sector de cuidado infantil son  65 % más altas que el promedio en otros sectores. Los salarios bajos (una trabajadora promedio de cuidado infantil gana 13,07 dólares la hora) dificultan la contratación de personal. A menudo, los cuidadores carecen de prestaciones y pueden ganar más al trabajar en restaurantes de comida rápida o en venta minorista. La pandemia debilitó la fuerza laboral, algo que se ha tardado en reponer. Para lidiar con la escasez de cuidadores infantiles, varios estados han intentado aprobar leyes que permitan a los adolescentes trabajar en dichas aulas. 

    “Ya estamos empezando desde un punto en el que no hay suficiente cuidado infantil, los programas están en apuros y la fuerza laboral ya está viviendo un estrés increíble”, dijo Lea Austin, directora ejecutiva del Centro para el Estudio del Empleo en el Cuidado Infantil de la Universidad de California en Berkeley. “Solo podemos esperar que esto vaya a devastar aún más todo el ecosistema de cuidado y educación temprana”.

    El país lleva mucho tiempo recurriendo a los inmigrantes para los trabajos de cuidado, incluido el cuidado infantil y otras labores como el cuidado de personas mayores. Los inmigrantes tienen mayor probabilidad de servir como cuidadores de “amistades, familiares y vecinos” al asumir acuerdos informales de atención donde hay flexibilidad y que son más populares entre padres de familia.

    Al desempeñar estas funciones de cuidado, los inmigrantes permiten que otros padres puedan trabajar. Se calcula que hay 142.000 inmigrantes indocumentados que trabajan como niñeras y asistentes de atención personal o de salud en el hogar en todo el país, lo que crea “un efecto multiplicador de productividad en toda la economía”, según una investigación del Center for American Progress. En la ciudad de Nueva York, la mayoría de las 14.000 niñeras de la ciudad son inmigrantes.

    Relacionado: ‘Hay una cultura de temor’: Estudiantes indocumentados agonizan ante comienzo del nuevo mandato de Trump

    En el norte de California, Adriana, una joven de 27 años que emigró de México hace dos años, dijo que quiere empezar a trabajar y que recientemente le ofrecieron un empleo en una compañía grande. No obstante, primero necesita encontrar una guardería para su bebé de 3 meses, y le preocupa que los funcionarios de inmigración la separen de su bebé. “Tengo miedo, sobre todo porque parece que podrán entrar en mi lugar de trabajo”, dijo a través de un intérprete. “Me preocupa dejar a mi bebé solo”.

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios. Una de las órdenes ejecutivas de Trump, firmada poco después de haber asumido el cargo, anuló las restricciones que impedían que ICE realice redadas en escuelas y programas de cuidado infantil.

     Las tarjetas rojas que ofrecen algunos programas de cuidado infantil y escuelas, como estas en un centro en Texas, tienen como objetivo ayudar a las familias a comprender sus derechos en caso de ser detenidas por agentes de inmigración. Credit: Jackie Mader/The Hechinger Report

    La política de inmigración puede tener un efecto paralizador en las comunidades, lo que hace que los inmigrantes eviten trabajos que podrían aumentar su visibilidad ante las autoridades, dijo Chris Herbst, profesor asociado de la Universidad Estatal de Arizona, que estudió el impacto de la política en el cuidado infantil entre 2008 y 2014. Debido a que el sistema de cuidado infantil de Estados Unidos depende tanto del trabajo de los inmigrantes, “los impactos son instantáneos”, añadió.

    En Albuquerque, Ana dirige un programa de cuidado infantil que atiende a 50 familias del área, la mayoría de las cuales son ciudadanas estadounidenses. Ana se fue de México en 2020 con su esposo y su hijo pequeño cuando la violencia aumentó en su estado natal de Sinaloa, y ahora le preocupa que la puedan deportar. Ese tipo de preocupación la comparte su personal: tres de sus 14 empleados han dejado de ir a trabajar por miedo a las redadas de inmigración.

    Recientemente, Ana y su esposo reunieron algunas pertenencias en caso de ser detenidos. Para prepararse, también han considerado certificar un documento de tutela encargando a su hijo de 3 años, que es ciudadano estadounidense, así como de su hijo de 8 años, que no es ciudadano, a un familiar. “Lo que nos motiva es mejorar la situación de nuestras familias, vivir en mejores lugares y aumentar las oportunidades para nuestros hijos”, dijo. “Esperamos que [los funcionarios de inmigración] persigan a los delincuentes y no intenten seguir o perseguir a personas que son buenas y trabajadoras”.

    Elida Cruz dirige un programa de cuidado infantil en el centro de California donde atiende a los hijos de trabajadores migrantes. Cruz opina que el miedo es palpable en algunos de los padres de familia; tanto ella como su esposo reparten víveres y transportan a los pequeños hacia y desde su programa de cuidado infantil para que los padres puedan limitar su tiempo fuera de casa. Su esposo escogió una palabra clave con una familia, la cual pronuncia tres veces para que los padres sepan que es seguro abrir la puerta.

    Relacionado: Las amenazas de deportación de Trump pesan sobre los grupos que ofrecen ayuda con la FAFSA

    Cruz, como muchas otras proveedoras de cuidado infantil, ha intentado educar a las familias inmigrantes sobre sus derechos al compartir con ellas recursos disponibles y entregarles “tarjetas rojas” que aconsejan a las personas sobre qué hacer si se les acercan agentes de inmigración. Además de preocuparse por los efectos en las familias y los niños, le preocupa qué sucederá si dichas familias se van. “Financieramente, sería la devastación de mi negocio”, dijo. “Tendría que cerrar. Me quedaría sin clientes, sin niños”, añadió. “Nuestros negocios se van a hundir porque todos dependemos de los trabajadores del campo”. 

    Puede que solo sea cuestión de tiempo: incluso los niños pequeños a su cargo parecen estar conscientes de que las cosas podrían cambiar en cualquier momento. “Es desgarrador ver las caritas de los niños, llenas de miedo”, dijo. Un niño preguntó si los agentes de inmigración vendrían a su centro.

    Cruz le dijo lo único que se le ocurrió, aunque sabía que era una mentira piadosa. 

    “Le dije: ‘¿Sabes por qué no van a venir aquí? … Porque ni siquiera tienen nuestra dirección, así que no saben que estamos aquí, mijo’”. 

    Camilla Forte contribuyó con el reportaje.

    Comunícate con Jackie Mader al 212-678-3562 o [email protected]

    Este artículo sobre el cuidado infantil fue producido por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbete a nuestro boletín de noticias.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • What the federal freeze on spending means for education 

    What the federal freeze on spending means for education 

    UPDATE: After a federal judge temporarily blocked the Trump administration from freezing federal grants and loans, the White House rescinded its request that distribution of those grants and loans freeze should be paused. 

    A late-night directive from the White House budget office Monday that appeared to freeze streams of federal dollars that pay for everything from school lunches to university research is facing immediate legal challenges — after first stunning the education world.

    “There is no question this policy is reckless, dangerous, illegal, and unconstitutional,” said New York Attorney General Leticia James, one of the first to announce a lawsuit against the Trump administration freeze. “When Congress dedicates funding for a program, the president cannot pull that funding on a whim.” 

    After widespread confusion, the administration clarified that some education aid would not be affected, specifying Pell Grants and federal student loans. In addition, according to Education Department spokeswoman Madi Biedermann, the pause does not affect Title I funding that supports K-12 schools with many low-income students, IDEA grants for students with disabilities or other so-called formula grants.

    Many questions are still unanswered, however. What triggered the confusion: a two-page memo sent to government agencies late Monday by Matthew J. Vaeth, acting director of the White House Office of Management and Budget. It said federal agencies must pause distributing grant or loan money until after they review that spending to ensure it does not run afoul of the executive orders President Donald Trump has issued since he took office last week. Agencies have until Feb. 10 to report back on spending that runs counter to the executive orders, “including, but not limited to, financial assistance for foreign aid, nongovernmental organizations, DEI, woke gender ideology, and the green new deal.”

    Related: Become a lifelong learner. Subscribe to our free weekly newsletter featuring the most important stories in education.

    White House spokeswoman Karoline Leavitt later said federal money sent directly to individuals — in the form of Medicare, Social Security benefits, food stamps and welfare benefits, among other aid — also would not be affected by the pause.

    Biermann, the Education spokeswoman, said the department “is working with OMB to identify other programs that are not covered by the memo.”

    The Hechinger Report is working to decipher some of the effects of the pause. This article will be updated. Send your questions to [email protected].

    Is Head Start affected?

    The federal grant that funds early childhood programs for low-income children is not at risk under the freeze, according to a memo issued on Tuesday by the Office of Management and Budget and reported by Bloomberg News and other outlets. The clarification ended several hours of speculation and fear among advocates and program officials that the federally-funded early learning program would be cut off from funding.

    Still, several Head Start providers who logged into their payment system Tuesday morning found a message that warned payments could be delayed due to “potentially unallowable grant payments,” according to The Huffington Post. But later Tuesday, the National Head Start Association said “Head Start agencies are not included in the list of federal grants and loans whose funds are frozen. Agencies have been able to access funds through the Payment Management System.”

    Read more: The Hechinger Report wrote about how Head Start programs are still funded by a formula set in the 1970s.

    What does this mean for Child Care and Development Block Grants (CCDBG)?

    It is unclear whether the block grant — which provides federal funding for states to improve child care quality and run subsidy programs to help low income families pay for care — will be touched by the freeze. The Administration for Children and Families did not address the question in response to a request for comment.

    Some early childhood experts suspect the grant will be affected, which could have repercussions for the children and programs that rely on those funds. “Trump and his administration are going out of their way — even circumventing the law — to deprive children and the people who care for them the resources they need to ensure safe and nurturing environments for our kids,” said Julie Kashen, director of women’s economic justice and senior fellow at The Century Foundation, in a statement.

    Read more: The Hechinger Report examined how child care block grant funds are stretched too far to help all the families that are eligible. 

    What about school lunch?

    School cafeterias rely on monthly payments from the federal government to cover the cost of food labor and supplies. It isn’t clear whether those payments will be affected, the School Nutrition Association, an organization that represents people who work in school cafeterias, said. It was hoping for more clarity from the U.S. Department of Agriculture. Grants do pay for other types of school food programs, such as the Farm to School Program, which incorporates local foods into school meals.  

    Does the pause affect student loans or Pell grants? What about federal Work Study?

    Loans and Pell Grants are not affected by the funding pause because their funding goes directly to individual students, according to Biedermann, the U.S. Department of Education spokeswoman.

    But Ted Mitchell, president of the American Council on Education, which represents more than 1,600 colleges and universities, told the Boston Globe that his team believes that work-study programs are included in the freeze. Many students rely on these programs to earn money to help pay for college.

    What about grants for HBCUs and MSIs (Minority Serving Institutions)? 

    The Education Department said the freeze will not affect grant programs for historically Black colleges and universities and predominantly Black institutions, the Washington Post reported. The federal government provides these colleges with money for a host of programs, including graduate education, science programs and infrastructure.

    A department spokesperson told the Post that “the administration strongly supports HBCUs and MSIs [Minority Serving Institutions]. Funds flowing under those grant programs will not be paused, but we will work to ensure the programs are in line with the President’s priorities.”

    Read more: The Hechinger Report dug into schools where Pell Grant recipients have a track record of success.

    This story about the federal freeze was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • 3 global early ed trends to watch this year

    3 global early ed trends to watch this year

    LONDON — Participants at one of the world’s largest early childhood conferences late last year were eager to learn from each other, and notably collegial — until one of the final sessions of the event.

    During a presentation about artificial intelligence in early childhood, a presenter suggested using an AI program to create artwork based on child prompts. Audience members were horrified. “Have you looked at what impact this might have on their imaginations?” one asked.

    The role of artificial intelligence and technology in the early years was a popular topic at the conference, which featured more than 500 educators and experts from 43 countries. As I met with global educators and researchers over the course of several days, a few key themes emerged as ones to keep an eye on in the early childhood space this year:

    1. Technology and AI in early childhood

    In addition to the controversy over student artwork, presenters highlighted a host of ways they are using artificial intelligence already in early childhood classrooms, in far less controversial ways. These include writing culturally relevant lesson plans, automating report cards and helping translate communication with parents. AI was mostly presented as a way to relieve teachers of more rote tasks. 

    Apart from the brief flare-up, experts were careful to keep conversations focused on AI as this “smart assistant,” acknowledging that it can’t stand in for a strong, interactive teacher in the early years.

    Presenters also highlighted stark differences between how preschool classrooms in different countries are using technology and the cultural gaps in attitudes about technology post-pandemic. Two researchers from University College London East, for instance, described how children in South Korean preschools regularly use nearly a dozen forms of technology, including smart televisions, robots, coding programs, virtual reality technology and tablets. Preschoolers in England, on the other hand, only have access to smart whiteboards at school for the most part, with British early educators reporting more wariness around technology in early ed classrooms.  

    2. Involving the rights of children — and more play — in early childhood systems

    In Ireland, a new approach to early childhood is all about letting kids be kids. The country’s new early childhood guidelines were inspired by the United Nations Convention on the Rights of the Child and emphasize building loving, trusting relationships between children and caregivers. Several other countries, including Japan, Moldova, South Korea and Tanzania are also prioritizing the rights of young children, mainly by trying to bring more play into early childhood classrooms and systems.

    3. Countries building out early childhood systems and investing more

    Although global investment in early childhood is not at the levels experts would hope for, many are heartened by a few government-led efforts to inject more funding and strengthen standards. In 2018, for example, Saudi Arabia published a new curriculum for its early childhood programs, written in partnership with America’s National Association for the Education of Young Children (NAEYC). The curriculum is part of a larger movement to expand early childhood offerings in the country, including building hundreds of new public early learning programs by 2030 and creating more teacher training programs.

    Meanwhile, in Ireland, leaders designated more than 546 million euros in new government funding for early childhood between 2022 and 2024. And in Austria, the government recently committed to provide more than 4.5 billion euros by 2030 to help parents pay for child care.

    More on early childhood worldwide

    In 2023, I traveled to Canada to see what America can learn from our northern neighbor’s rollout of a new national child care system.

    This story by Rachel Cohen for Vox looks at the pros and cons of Germany’s universal child care system and the societal conditions that support that system.

    Research quick take

    • During the 2021-22 school year, 370 preschool students were expelled and nearly 2,700 preschool students received one or more out-of-school suspensions, according to new data from the Department of Education. Black children, and especially Black boys, were disproportionately suspended and expelled. Black boys account for 9 percent of preschool enrollment but represented 30 percent of the suspensions.
    • A growing number of states are combining early learning programs, like home visiting and child care initiatives, under one agency or department in an attempt to streamline processes and more effectively administer early learning programs, according to a recent report by the Center for American Progress. The report found that consolidating programs into a single agency has helped states move faster when applying for funding, and with sending money out to parents and programs.

    More early childhood news

    In New York, advocates are calling for universal child care for 2-year-olds, reports Chalkbeat.

    Iowa Gov. Kim Reynolds proposed codifying a program that provides free child care to the state’s child care workforce. She also wants to create a fund to raise child care wages through donations from businesses and community members, according to The Gazette.

    New Jersey Gov. Phil Murphy has proposed requiring school districts to offer free pre-K to all 3- and 4-year-olds in the state, according to NorthJersey.com. 

    Hawaii is eyeing charter schools as a way to help expand the state’s free preschool program, reports Honolulu Civil Beat.

    This story about preschool trends was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • Early intervention services can help premature children thrive, but too few receive them

    Early intervention services can help premature children thrive, but too few receive them

    JOLIET, Ill. — After several challenging and stressful months in the neonatal intensive care unit, Karen Heath couldn’t wait to take her triplet sons home. The boys had been born severely premature at 25 weeks, each weighing a bit over a pound. In the early hours, doctors cautioned they would not survive long. The triplets, thankfully, proved the doctors wrong. But for about three months, Heath was not allowed to hold them, satisfying herself with photos, videos and kisses blown.

    The long-anticipated discharge in the early summer of 2019 was joyful, but also rushed and, as Heath recalls it, somewhat cavalier. An hour before release, a physical therapist showed Heath how to help the babies gain strength by gently stretching their legs out. A nurse gave her a quick tutorial on how to use the oxygen tanks they would need for the next couple of months. And Heath gathered together basic necessities and a few mementos: diapers, pacifiers, blood pressure cuffs and tiny hospital bands.

    But no one at the hospital, one of Chicago’s largest, told Heath or her husband what she felt would have been the most helpful advice in the long run: The triplets’ low birth weight alone meant they were automatically eligible for what’s known as early intervention services, which can include speech, physical, occupational and other therapies.

    “This should have been a conversation way before the boys were even released,” said Heath, who lives in Joliet, a city in the suburbs of Chicago. (She declined to identify the hospital to The Hechinger Report because her children still receive regular treatment there.) 

    Related: Our biweekly Early Childhood newsletter highlights innovative solutions to the obstacles facing the youngest students. Subscribe for free.

    Doctors, and science more broadly, have made astounding gains in their capacity to save the lives of extremely premature babies, defined as those born before 28 weeks. In the 1960s, just 5 percent of premature infants with respiratory distress survived; now it’s about 90 percent.

    Despite these encouraging gains, there’s an abysmal record across the country, exemplified by Chicago, of helping these babies after they exit the NICU, particularly with access to the therapies that most reduce their risk of needing intensive, and expensive, special education services as schoolchildren. Many children who receive early intervention do not require special education services in kindergarten, including slightly less than half of those with developmental delays, according to one 2007 study.

    “We have so much information on early brain development now,” said Alison Liddle, a physical therapist in Chicago who is part of a team that studied access to early intervention in the city. One of the findings was that the system is difficult for parents to navigate. “Support systems have to catch up. We have a critical window to help families.” 

    Three of Vasquez’ four children received early intervention services as infants and toddlers. Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report

    Federal law says children with developmental delays, including newborns with significant likelihood of a delay, can get early intervention from birth to age 3. States design their own programs and set their own funding levels, however. They also set some of the criteria for which newborns are automatically eligible, typically relying on qualifying conditions like Down syndrome or cerebral palsy, extreme prematurity or low birthweight. Nationally, far fewer infants and toddlers receive the therapies than should. The stats are particularly bleak for babies under the age of 1: Just 1 percent of these infants get help. Yet an estimated 13 percent of infants and toddlers likely qualify.

    “It’s like people being told at 65 that they are eligible for Social Security and a year later they are not on either Social Security or Medicare,” said Dr. Michael Msall, a neurodevelopmental pediatrician who has led efforts on early intervention access at the University of Chicago’s hospital system and is on the study team. “We’d have riots in the streets.”

    The stakes are high for these fragile, rapidly growing babies and their brains. Even a few months of additional therapy can reduce a child’s risk of complications and make it less likely that they will struggle with talking, moving and learning down the road. In Chicago and elsewhere, families, advocates and physicians say a lot of the failures boil down to overstretched hospital and early intervention delivery systems that are not always talking with families very effectively, or with each other hardly at all. “They really put the onus of helping your child get better outcomes on you,” said Jaclyn Vasquez, an early childhood consultant who has had three babies of her own spend time in the NICU.

    Related: Black and Latino infants and toddlers often miss out on early therapies they need

    Hospitals use different processes for educating families about early intervention, which often occurs at an overwhelming time for parents. “That initial connection with the families is tricky because the families tend to be very busy when they take the baby home,” said Dr. Raye-Ann deRegnier, the lead physician on the study and director of the Early Childhood Clinic at Lurie Children’s.

    At Lurie and Chicago’s Prentice Women’s Hospital, where deRegnier works, the physical therapists are generally responsible for informing families of early intervention. “I wouldn’t say that happens in every NICU,” she said. “Sometimes it’s discharge nurses, sometimes discharge coordinators, sometimes others.”

    Under the current landscape, it’s helpful when physical therapists have conversations with families early and often, deRegnier said. But even when that happens, miscommunications can occur. The doctor said she recently made a point to talk to a mother about early intervention, and the woman said she had never heard of it. Yet the physical therapist had previously had a lengthy conversation with the mother about the program.

    In Illinois three years ago, the state’s Legislative Black Caucus urged the creation of demonstration projects at neonatal intensive care units in hospitals, intended to model how to better connect families to services. The state’s General Assembly supported the idea, but no funding was attached to the recommendation, and it has not become a reality.

    However, a coalition of therapists and hospital physicians, including deRegnier, has been working on a pilot study that included a look at barriers that families face after they leave the NICU at several of Chicago’s largest hospitals. 

    Their findings, published in late December, show that only 13 percent of the 60 families — all of them Medicaid eligible and with infants who automatically qualified for early intervention — were receiving those therapies three to four months after discharge. In Illinois, the therapies are overseen by the state’s Department of Human Services and its Division of Early Childhood. While the specific reasons varied, most of it came down to bureaucracy and bad communication, according to the study team. 

    “When you make the system so difficult to navigate, families give up,” Liddle said. “There were many families just waiting out there for services that they really need.”

    Every weekday afternoon after play time, Karen Heath’s children, including her 5-year-old triplets, read books with their grandmother. Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report

    By the end of June 2019, Heath’s triplets were all at home along with their 1-year-old brother. Although her husband had to return to work, Heath’s mother was around to help. The family had little idea of how best to support their growth. Doctors had warned her that the boys might never be able to sit up, walk or communicate like other children. “My main focus for so long was on coming home,” she said. “Once we got home, I’m like, ‘Now what?’”

    About two weeks after the homecoming, a nurse from the county stopped by to check in on the 6-month-olds. Heath can’t say for sure, but she believes that the woman must have made a referral to early intervention because several weeks later, in August, the family got a call saying that the triplets might be eligible for therapy. By that time, they were more than 7 months old.

    Heath leapt at the opportunity, but the process moved slowly after the initial call. In October, when the boys were 9 months, Heath got word that they had been automatically eligible all along because of low birth weight. But it wasn’t until early 2020, after the boys celebrated their first birthday, that the therapy was scheduled to start.

    Then the pandemic hit, so the initial physical and developmental therapy sessions with three near-toddlers were all attempted over Zoom. “The boys were uninterested,” their mother recalled. “Try doing therapy on an iPad with triplets and (a toddler) hanging around.” 

    It wasn’t until the summer, when the children were 18 months, that they got their first in-person therapy. “The hospital should have had something in place so these kids could have gotten the services as soon as they came home,” Heath said. “I really feel like they dropped the ball. No one can blame the pandemic because they came home way before Covid started.”

    Family photos, including from her triplets’ lengthy stays in the hospital, line the walls of Karen Heath’s living room. Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report

    The families participating in the multihospital pilot study had a leg up on Heath: They were at least told about early intervention, with an initial referral made before leaving the NICU. But even that was not enough for most of them to connect successfully with help. A lot of the struggle came down to “logistical and technological barriers,” said Zareen Kamal, a policy specialist in Illinois for Start Early, which advocates on early childhood issues.

    The early intervention system in Illinois is decentralized, with 25 coordinating offices across the state. Caseloads are supposed to be capped at 45, but due to underfunding and short staffing, average much higher, with some reports of service coordinators juggling over 100 families. Many of the offices rely on fax for communications, with no statewide electronic system in place. Incoming phone calls to families from the coordinators often register as spam. And most of the offices don’t staff the phones in the evening or weekends, when working parents are most likely to reach out. 

    All this means that case workers sometimes remove families from their list as “uninterested” when, in fact, the parents are unaware, or unsure how to take the next step.

    Related: Six ideas to ease the early intervention staffing crisis

    The state is currently taking steps to ensure equitable access to early intervention, said a spokeswoman for the Department of Human Services in an e-mail. That includes updating the standardized referral form and exploring options for electronic referrals.

    “We realize that technology needs to be modernized,” wrote Rachel Otwell, the spokesperson.

    That said, phone and fax remain the primary means of communication due to privacy concerns, she said.

    Otwell said the agency is engaged in ongoing surveys and focus groups with thousands of early childhood community members. The state has made progress with staffing vacancies in early intervention, she added, and remains focused on “lowering caseloads to recommended levels.” 

    As the early intervention system currently exists in many cities and states, inequities are baked into every step of the process. Lower-income families are less likely to receive timely referrals, get screened and approved expeditiously, and then connect with therapists available for in-person work. Families with private insurance can often bypass the multistep bureaucratic process by having the therapies covered through those benefits. Studies have shown that Black newborns for a host of reasons, including higher poverty rates and weaker early medical care on average, are five times less likely than white ones to receive early intervention services.

    In addition to early exposure to critical therapies, Vasquez says that strong sibling relationships and support has helped her children to thrive. Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report

    For newborns there is pervasive confusion around who is automatically eligible, even among those who work in the early intervention system, Liddle says. “Some children are turned away from receiving services despite being autoeligible, because they do not show a delay on a specific assessment tool,” she said.

    Complicating matters, states have different eligibility criteria: In some states, an infant with lead poisoning or a parent with a mental health diagnosis qualifies for the therapies, whereas in others they do not.

    There’s also a disconnect between the medical and early intervention systems, said Msall, the University of Chicago-based physician. His colleagues in NICUs routinely fax referrals over to early intervention, he said, but the information disappears into the ether, with no follow up or technology in place for the physician to know if the connection was made or what an initial evaluation found. DeRegnier agreed that the follow-up process is complicated, partly because families may need to sign a consent form for information to be shared even with physicians.

    In a nutshell, families too often have to navigate through the system entirely on their own — with only the most knowledgeable and well resourced likely to find their way to a successful outcome.

    Vasquez felt immensely grateful her background as a special education teacher made it easier to supplement the work of overstretched hospital staff when her twin daughters were born at 27 weeks four years ago. The smaller of the two spent over a year so medicated in a Chicago NICU that she was essentially in a medical coma. But as soon as possible, Vasquez and her husband stepped in to help provide some early therapies. Following the advice of hospital therapists, they helped her sit up, roll over, learn to play with toys and regularly gave her full body massages. (She didn’t want to name the hospital because she believes any shortcomings were reflective of systemic issues, not specific to that hospital.)

    Then, when the baby was finally released after 19 months in the NICU, Vasquez knew to call early intervention without delay. The family wasn’t more than five minutes into their drive home before she picked up her cellphone and rang them up from the back seat. “There was no second to lose,” said Vasquez, whose work as an early childhood consultant focuses on equity.

    Within weeks of arriving home, the baby started upward of a half dozen different therapies, including speech, nutrition and mobility. 

    Partly because of the quick introduction to therapies, formal and informal, Vasquez’s daughter is thriving today at the age of 4. The girl had to spend only a few months in a self-contained classroom for children with severe disabilities before teachers said she was ready to join the “blended” class. It’s a milestone that seemed unreachable just a couple of years ago.

    “After six months (in school), they said she is doing awesome,” Vasquez said. “I was told my child would need a wheelchair by kindergarten. She is running, dancing, chasing siblings, dancing on trampolines — all because of the amount of time we poured into therapies at a very young age.”

    Jaclyn Vasquez plays outdoors with her children on a fall weekend afternoon. She says her background in special education made it easier to help with early therapies they needed. Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report

    Physicians, advocates and families all agree that parents shouldn’t have to wait until leaving the NICU to begin lining up services. The coalition of groups working on the study recommend staff embedded at the hospitals who can help families enroll in early intervention before discharge. Each family who is automatically eligible would also leave the hospital with a legal document entitling them to therapy. “Our ultimate dream is to have the connection between [early intervention] and families be completed before they go home, and have the therapist assigned before they leave,” said deRegnier.

    Many advocates also believe that for those babies on an extended stay in the hospital, those therapies should be available in the NICU. “Early intervention is birth to 3 — it shouldn’t matter if you are living in the hospital or at home,” Liddle said. “You are still entitled to those services.”

    Related: OPINION: Early screening and intervention can help young children get much-needed post-pandemic support

    In Illinois, advocates say they hope to get funding to pilot a program at a few NICUs that would finally create the demonstration sites the Legislative Black Caucus called for years ago. If successful, the model could be expanded statewide. “Even if we are in one or two NICUs and can see how it turns out, that would be helpful,” says Illinois state Rep. Joyce Mason, who chairs the House committee focused on early childhood education.

    In the meantime, too many families still find the crucial therapies to be elusive.

    Even when Heath’s children finally started in-person therapy, it was limited in scope. The physical therapist, who Heath describes as an “angel,” quickly recognized that they should also be receiving other help as well, including speech and occupational therapy. Yet by the time the family worked through the bureaucratic machinery to get some of those in place, the boys were nearly 3 — close to aging out of early intervention. They received a few months of speech, but never got the occupational therapy they were entitled to.

    If they had gotten the therapies earlier, “they would be in a different place at this point,” Heath says. The boys, who were diagnosed with cerebral palsy shortly before their fourth birthdays, struggle with speech and reading skills, in particular, with one of them requiring a device in order to express himself. “If you don’t know them well, it’s hard to understand what they are saying all the time,” Heath says. “If they had gotten all the services right off the bat, they wouldn’t be as far behind.” 

    Yet the triplets have long surpassed doctors’ early warnings that they might never sit up, walk or reach other developmental milestones. Newly arrived home from school on a clear fall afternoon not long before Halloween, the triplets, now in kindergarten and dressed as Spider-Man for “superhero” day, played exuberantly in a finished basement space. They cried out gleefully while zooming after each other in miniature bumper cars.

    Heath is grateful her sons are progressing with the help of school, devoted family and the committed physical therapist, who still works with the boys. But she looks back at their first nine months and laments that, so focused on how to help the babies survive, no one in a vast team of doctors, nurses and social workers thought to discuss how the family could best help them thrive. “There was no next step for my family when we left the hospital,” she said. “It was all on us.”

    Contact Sarah Carr at [email protected].

    This story about early intervention services was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Carr is a fellow at New America, focused on reporting on early childhood issues.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link