Tag: College to careers

  • El College Board cancela programa de premios para estudiantes negros y latinos de alto rendimiento 

    El College Board cancela programa de premios para estudiantes negros y latinos de alto rendimiento 

    El College Board modificó este mes los criterios de concesión de becas del Programa Nacional de Reconocimiento o National Recognition Program, en una medida que podría desplazar decenas de miles de dólares de becas de estudiantes negros y latinos a estudiantes blancos. 

    Las universidades utilizaban los premios para contratar y ofrecer becas a estudiantes de alto rendimiento procedentes de grupos subrepresentados en la enseñanza superior. Anteriormente, el premio reconocía los logros académicos de estudiantes de cinco categorías: negros, hispanos, indígenas americanos, de primera generación y residentes en zonas rurales o ciudades pequeñas.  

    Las categorías raciales fueron eliminadas.  

    Ahora, los estudiantes que viven en ciudades pequeñas y zonas rurales pueden seguir obteniendo el premio si obtienen en el PSAT -precursor del SAT que se administra en las escuelas secundarias de todo el país- una puntuación que se sitúe en el 10% superior de todos los estudiantes de ciudades pequeñas y zonas rurales de su estado. Lo mismo ocurre con los estudiantes de primera generación, pero no con los de categorías raciales subrepresentadas. 

    Relacionados: ¿Le interesan más noticias sobre universidades? Suscríbase a nuestro boletín sobre educación superior quincenal gratuito . 

    Los críticos se mostraron decepcionados por la decisión del College Board. 

    “Creían que la desigualdad racial era algo importante que había que abordar ayer, y al cambiar eso, están dando a entender que no es algo importante por lo que luchar ahora”, dijo Rachel Perera,  investigadora de estudios gubernamentales en la liberal Brookings Institution.  “Esa es la cuestión central que se debate, aunque no se haga de forma explícita: ¿existe la discriminación racial?”.  

    En una declaración en su sitio web, el College Board recordó la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 que prohibió el uso de la raza como criterio en las admisiones, aunque los premios del Programa Nacional de Reconocimiento se utilizaban para becas y contratación, no para admisiones. 

    “Las recientes acciones legales y regulatorias han limitado aún más la utilidad de estos premios para los estudiantes y las universidades”, dice la declaración. Además, el presidente Donald Trump ha dejado claro en repetidas ocasiones que desaprueba las políticas que tienen en cuenta la raza en la educación superior, y algunos estados han prohibido la consideración de la raza en las decisiones sobre becas.   

    En 2023-24, el College Board concedió 115.000 premios de reconocimiento y algo menos de la mitad correspondieron a categorías raciales. El año anterior hubo más de 80.000 premios y la mayoría fueron para estudiantes negros, hispanos e indígenas americanos. Aunque el College Board no reparte dinero por sí mismo, las universidades lo utilizan para seleccionar a los estudiantes que recibirán becas. Según Holly Stepp, directora de comunicaciones del College Board, éste no mantiene una lista de las instituciones que utilizaron las categorías raciales. 

    El College Board inició el programa en 1983 para reconocer a los estudiantes hispanos de alto rendimiento. En 2020, se añadieron las otras dos categorías raciales y las designaciones de ciudad pequeña y rural. Los estudiantes de primera generación pudieron ganar el premio a partir del año pasado. Las ciudades pequeñas podían incluir aquellas con ingresos modestos o enclaves ricos como Aspen (Colorado). Además, todos los estudiantes deben tener al menos una media de B+. 

    Relacionado: El recorte de las becas basadas en la raza bloquea el acceso a la universidad,  los estudiantes según

    Aunque ahora estudiantes de todas las razas pueden obtener los premios, la supresión de las categorías raciales afectará probablemente de forma desproporcionada a los estudiantes negros e hispanos.  

    En promedio, los estudiantes asiáticos y blancos obtienen puntuaciones más altas en el PSAT. La puntuación media de los estudiantes blancos en el PSAT del año pasado fue de 994, frente a los 821 de los estudiantes negros, lo que supone una diferencia de 173 puntos. La media de los estudiantes asiáticos fue aún mayor, 1108, mientras que la de los hispanos y los indígenas americanos fue de 852 y 828 puntos, respectivamente.  

    “Se trata de un avance hacia las categorías que no tienen en cuenta la raza, cuando sabemos que la educación y el acceso a la educación no son independientes de la raza”, afirmó Wil Del Pilar, vicepresidente senior de EdTrust, un grupo político de tendencia izquierdista. 

    Sin embargo, algunos conservadores elogiaron la medida, argumentando que los programas de becas y contratación en función de la raza eran formas de eludir las sentencias de la Corte Suprema sobre la acción afirmativa y que constituían una forma de discriminación inversa. 

    Jonathan Butcher, investigador principal de política educativa en la conservadora Heritage Foundation, dijo que cree que la discriminación racial existe y debe abordarse, pero que las políticas educativas que tienen en cuenta la raza son ilegales e ineficaces. 

    “Si se utilizan preferencias raciales, se está preparando a los estudiantes para que pierdan la confianza en sí mismos cuando se enfrenten a una situación para la que no están preparados”, afirma Butcher. 

    Relacionado: Cruzaron la frontera en busca de mejores escuelas. Ahora, algunas familias dejan EEUU

    En lugar de las categorías raciales, este año se ha añadido una nueva designación que reconoce a los estudiantes que obtienen una puntuación en el PSAT dentro del 10% de los mejores de su escuela secundaria.  

    Los expertos afirman que es poco probable que las universidades ofrezcan becas a todos los estudiantes que obtengan las mejores notas del 10% de todos las escuelas secundarias del país, dado el coste que ello supondría. Funcionarios de la Universidad de Nuevo México, por ejemplo, dijeron que dejarían de utilizar las designaciones del College Board a partir del año escolar 2026-27. 

    “Actualmente estamos analizando nuestra estrategia de becas, pero se harán cambios en todos los ámbitos”, dijo Steve Carr, director de comunicaciones de la universidad, en un correo electrónico. 

    En 2023-24, la Universidad de Nuevo México concedió becas por valor de 15.000 dólares cada una a 149 estudiantes negros, hispanos e indígenas americanos. 

    La Universidad de Arizona también ofreció becas a los estudiantes que obtuvieron premios del Programa de Reconocimiento Nacional en las designaciones raciales el año pasado. 

    “La universidad ya estaba evaluando su estrategia de becas y tendrá en cuenta el anuncio del College Board a la hora de determinar la mejor manera de avanzar y apoyar a nuestros estudiantes”, dijo Mitch Zak, portavoz de la Universidad de Arizona, en un correo electrónico. 

    Además de las puntuaciones obtenidas en el PSAT, los estudiantes pueden optar al premio del College Board si obtienen una puntuación de 3 o más en dos de los cinco exámenes de Colocación Avanzada o Advanced Placement realizados durante su noveno y/o décimo curso, aunque muchas escuelas secundarias no ofrecen de manera uniforme cursos AP a los estudiantes de primer y segundo año.  

    “No podemos hablar de méritos si no estamos todos en el mismo punto de partida en cuanto a lo que recibimos de nuestra educación primaria y secundaria”, dijo Del Pilar, “y cómo podemos desenvolvernos en el entorno de preparación de exámenes, o la falta de preparación de exámenes que reciben ciertas comunidades”. 

    Comunícate Meredith Kolodner en el 212-870-1063 o en kolodner@hechingerreport.org o en Signal en merkolodner.04 

    Esta historia sobre el College Board fue producida por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente y sin ánimo de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbase al boletín de Hechinger. 

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • College Board cancels award program for high-performing Black and Latino students

    College Board cancels award program for high-performing Black and Latino students

    The College Board this month changed the criteria for its National Recognition Program awards in a move that could shift tens of thousands of scholarship dollars from Black and Latino students to white students.

    Colleges used the awards to recruit and offer scholarships to high-performing students from groups underrepresented in higher education. The award previously recognized academic achievement by students in five categories — Black, Hispanic, Native American, first-generation and those living in rural areas or small towns.

    The racial categories have been eliminated.

    Now, students living in small towns and rural areas can still earn the award if they score in the top 10 percent among all small-town and rural students in their state on the PSAT — a precursor to the SAT that is administered in high schools around the country. The same is true for first-generation students but not for students in underrepresented racial categories.

    Related: Interested in more news about colleges and universities? Subscribe to our free biweekly higher education newsletter.

    Critics said they were disappointed by the College Board’s decision.

    “They believed racial inequality was something important to address yesterday, and by changing that, they’re implying that it’s not something important to fight for now,” said Rachel Perera, a fellow in government studies at the liberal Brookings Institution. “That’s the heart of the question that’s being debated — although it’s not being debated in explicit terms — does racial discrimination exist?”

    In a statement on its website, the College Board noted the 2023 Supreme Court ruling that prohibited the use of race in admissions, although the National Recognition Program awards were used for scholarships and recruitment, not admissions.

    “Recent legal and regulatory actions have further limited the utility of these awards for students and colleges,” the statement says. Also, President Donald Trump has repeatedly made clear his disapproval of race-conscious policies in higher education, and some states have banned consideration of race in scholarship decisions. 

    In 2023-24, the College Board issued 115,000 recognition awards, and a little less than half were in the racial categories. The previous year there were more than 80,000 awards and the majority were for Black, Hispanic and Native American students. While the College Board doesn’t hand out money itself, universities use it to select students for scholarships. The Board has not maintained a list of which institutions used the racial categories, according to Holly Stepp, College Board’s director of communications.

    The College Board started the program in 1983 to recognize high-performing Hispanic students. In 2020, the other two racial categories and the small town and rural designations were added. First-generation students could win the award starting last year. Small towns could include those with modest incomes or wealthy enclaves like Aspen, Colorado. All students must also have at least a B+ average.

    Related: Cutting race-based scholarships blocks path to college, students say

    While students of all races can now earn the awards, the removal of the racial categories will likely disproportionately affect Black and Hispanic students.

    On average, Asian and white students score higher on PSATs. White students’ average score on the PSAT last year was 994 last year compared with 821 for Black students — a gap of 173 points. Asian students’ average was even higher at 1108 while Hispanic and Native American students averaged 852 and 828 respectively.

    “It’s a move towards race-blind categories when we know that education and access to education isn’t race-blind,” said Wil Del Pilar, senior vice president at the left-leaning policy and advocacy group EdTrust.

    Some conservatives praised the move, however, arguing that race-conscious scholarship and recruitment programs were ways to get around the Supreme Court’s rulings on affirmative action and that they were a form of reverse discrimination.

    Jonathan Butcher, senior research fellow in education policy at the conservative Heritage Foundation, said he believes that racial discrimination does exist and should be addressed, but that race-conscious education policies were both illegal and ineffective.

    “If you are using racial preferences, you are setting students up for a loss of confidence when they struggle in a situation they’re not prepared for,” Butcher said.

    Related: How did students pitch themselves to colleges after last year’s affirmative action ruling?

    In place of the racial categories, a new designation has been added this year that recognizes students who score in the top 10 percent of their high school on the PSAT.

    Experts say colleges are unlikely to offer scholarships to all students who score in the top 10 percent of every high school in the country, given the cost that would entail. Officials at the University of New Mexico, for example, said they would stop using the College Board designations beginning in the 2026-27 school year.

    “We’re currently analyzing our scholarship strategy, but changes will be made across the board,” said Steve Carr, the university’s director of communications, in an email.

    In 2023-24, the University of New Mexico awarded scholarships based on the College Board designations worth $15,000 each to 149 Black, Hispanic and Native American students.

    The University of Arizona also offered scholarships to students who earned National Recognition Program awards in the racial designations last year.

    “The university was already evaluating its scholarship strategy and will consider the College Board’s announcement as we determine how best to move forward and support our students,” said Mitch Zak, spokesman for the University of Arizona, in an email.

    In addition to the PSAT scores, students are eligible for the College Board award if they score a 3 or higher out of 5 on two Advanced Placement exams taken during their ninth and/or 10th grade year, although many high schools don’t uniformly offer AP courses to freshmen and sophomores.

    “We can’t really have a conversation around merit if we’re not all at the same starting point in terms of what we receive from our K-12 education,” said Del Pilar, “and how we’re able to navigate the test prep environment, or the lack of test prep that certain communities receive.”

    Contact senior investigative reporter Meredith Kolodner at 212-870-1063 or kolodner@hechingerreport.org or on Signal at merkolodner.04

    This story about the College Board was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • What borrowers need to know

    What borrowers need to know

    After a five-year pause, the Trump administration is bringing back financial penalties for the many millions of borrowers who are too far behind on their student loan payments. It’s led to confusion and financial uncertainty. 

    At least 5 million people are in default, meaning they have failed to make payments on their loans for at least nine months — and millions more are projected to join them in the coming months.

    The Hechinger Report spoke to student loan experts about what to expect and how to prepare, as well as about a separate effort in Congress to adjust how student loans work.

    The Biden administration restarted loan repayments in October 2023. That came without any consequences, however, for about a year. But interest, which had also been frozen since the start of the pandemic, has been piling up for some borrowers since the fall of 2023.

    All told, about 43 million federal student loan borrowers owe a total of $1.6 trillion in debt. Starting May 5, those in default face having tax refunds withheld and wages garnished if they don’t start making regular payments.

    A college degree can be a path to long-term financial security, but the process of repaying loans can lead to financial hardship for many borrowers. About half of all students with a bachelor’s degree graduate with debt, which averages more than $29,000. And although average debt tends to be lower for graduates of public universities (about $20,000), close to half of people who attend those schools still leave with debt.

    Related: Interested in more news about colleges and universities? Subscribe to our free biweekly higher education newsletter.

    The student loan landscape is likely to change in some way over in the coming months: The Trump administration is expected to push the limits on aggressive collection practices, while Republicans in Congress are determined to adjust repayment options. Here’s what we know about what the Trump administration’s actions mean for student borrowers.

    If you have questions we haven’t answered here, tell us: editor@hechingerreport.org. Or reach us securely and privately using options on this page.

    What happens if I don’t start repaying my loan?

    Once you’ve failed to make a loan payment in 270 days, you will probably enter into default. That means, as of May 5, the government can take your federal tax refund and apply it to your debt. Starting in June, the government can also withhold up to 15 percent of any money you receive from Social Security, including disability payments. And later this summer, officials said, they will start the process of taking a cut of your paycheck, although borrowers have the right to appeal. Going into default can also harm your credit score, which can make it harder to rent an apartment or borrow money for other reasons, like buying a car.

    Can I go back to school to avoid repaying my loans?

    Some influencers on social media have recommended enrolling in school as a way to delay making payments. It’s true that most loans are deferred while you’re in school, meaning you wouldn’t have to pay while you’re taking classes, but you may also add to what you already owe if you spend more time in college. Unless you’re confident a new certificate or degree will boost your income, delaying repayment and increasing what you owe could make paying off your loans even more difficult. 

    I can’t afford to repay my loan. What should I do?

    There are other options. One type links your monthly payments to what you earn. These income-based repayment plans can shrink your monthly loan bill. There is also a graduated repayment plan that can lower your payments initially, after which they increase every two years. A third option is an extended repayment plan, which lowers your monthly payments but adds months or years to the time it will take to pay off your loans. The government’s Loan Simulator is one way to find options available to you. 

    Where can I go if I need help?

    The Education Department’s Default Resolution Group can help provide advice for borrowers who are already in default. The Federal Student Aid call center is set up to answer questions. Borrowers can also reach out to their loan servicers for guidance.

    Related: The Hechinger Report’s Tuition Tracker helps reveal the real cost of college

    What’s the difference between loan deferment, loan forbearance and default?

    • Loan deferment: The Education Department may grant a loan deferment for several reasons, including when a borrower is experiencing an extreme economic hardship or is unemployed. That means the borrower can temporarily stop paying off the loan without any financial penalties; in the case of subsidized undergraduate loans, interest doesn’t keep accruing during that time. 
    • Forbearance: A loan forbearance also allows a borrower to stop payments, or make smaller ones, without any penalties. However, interest usually keeps building on all loans during that time. 
    • Default: If a borrower is in default, it means they have failed to make payments for at least 270 days without permission. That’s when the government can begin to garnish tax refunds, Social Security benefits and wages, and a borrower’s credit score will drop.

    I’ve heard income-driven repayment plans are in trouble. Is that true?

    There are several types of income-driven repayment plans, which are meant to keep payments affordable. The Biden administration’s Saving for a Valuable Education (SAVE) plan is on hold because of legal challenges from Republican-led states. That plan previously offered eligible borrowers a repayment plan with lower monthly payments and a quicker path to loan forgiveness than other previously available options. But borrowers can still enroll in the Pay As You Earn (PAYE) plan and other income-based repayment options, in which payments are capped at 10 percent of a borrower’s income, or the Income-Contingent Repayment Plan, which requires payments of up to 20 percent of income and allows full repayment more quickly. Congressional Republicans hope to eliminate several of these plans in favor of just one income-based repayment plan, but it’s unclear if that bill will pass the Senate.

    Related: College Uncovered: The Borrowers’ Lament 

    What’s happening with the court cases challenging the SAVE program? 

    Courts have effectively paused the SAVE plan. The 8 million borrowers who are enrolled don’t have to make payments, and interest will not be added while the court decides the case. With those payments paused, borrowers in this group who are intending to seek loan forgiveness for working in public service are also not making progress toward that goal. If Congress eliminates the SAVE program or the courts officially kill it, those borrowers would need to enroll in a different repayment plan.

    Does Public Service Loan Forgiveness (PSLF) still exist?

    Yes, the Public Service Loan Forgiveness program is still available. Borrowers should still be eligible if they are in an income-driven repayment plan and make regular payments for 10 years. They must work for the federal, state or local government — teachers and firefighters are eligible, for example — or for qualifying nonprofit organizations, such as some health care clinics or foster care agencies. The goal of PSLF is to encourage graduates to pursue careers that may pay less than jobs with private companies but which benefit their communities or the country as a whole. 

    The Trump administration issued an executive order in March aimed at limiting which organizations’ jobs could qualify for PSLF — for instance, a nonprofit could be excluded if the government decides it is “supporting terrorism,” engaging in civil disobedience or aiding undocumented immigrants in violation of federal law. So far, it’s unclear what the effect will be.

    Related: Student loan borrowers misled by colleges were about to get relief. Trump fired people poised to help

    What other changes might be in store for student loans?

    As part of the federal budget process, congressional Republicans have proposed a slew of changes to student loans that some policymakers worry will make borrowing more expensive for students — especially those in graduate programs. 

    The proposals include changes to: 

    • Subsidized loans: Congressional Republicans want to get rid of subsidized loans for undergraduates, which would mean interest would accrue while a student was in college. They also want to cap total undergraduate borrowing at $50,000. 
    • Grad Plus: They also want to end the Grad Plus program, which allows students to borrow money to cover the cost of graduate school. Student advocates worry that this would push more students into the private student loan market, which has fewer protections for borrowers. 
    • Income-driven repayment: One proposal would simplify income-driven repayment into one option and prevent interest from causing student debt to balloon for students in income-driven repayment plans. 

    The proposed changes are included in the federal budget bill and may undergo many revisions as Congress figures out its spending priorities for the year.

    Contact senior investigative reporter Meredith Kolodner at 212-870-1063 or kolodner@hechingerreport.org or on Signal at merkolodner.04

    This story about student loan repayment was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • COLUMN: Trump is bullying, blackmailing and threatening colleges, and they are just beginning to fight back

    COLUMN: Trump is bullying, blackmailing and threatening colleges, and they are just beginning to fight back

    Patricia McGuire has always been an outspoken advocate for her students at Trinity Washington University, a small, Catholic institution that serves largely Black and Hispanic women, just a few miles from the White House. She’s also criticized what she calls “the Trump administration’s wholesale assault on freedom of speech and human rights.”

    In her 36 years as president, though, McGuire told me, she has never felt so isolated, a lonely voice challenging an agenda she believes “demands a vigorous and loud response from all of higher education. “

    It got a little bit louder this week, after Harvard University President Alan Garber refused to capitulate to Trump’s demands that it overhaul its operations, hiring and admissions. Trump is now calling on the IRS to rescind Harvard’s tax-exempt status.

    The epic and unprecedented battle with Harvard is part of Trump’s push to remake higher education and attack elite schools, beginning with his insistence that Harvard address allegations of antisemitism, stemming from campus protests related to Israel’s bombardment of Gaza following attacks by Hamas in October 2023.

    Related: Become a lifelong learner. Subscribe to our free weekly newsletter featuring the most important stories in education.

    Garber responded that “no government — regardless of which party is in power — should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue” — words that Harvard faculty, students and others in higher education had been urging him to say for weeks. Students and faculty at Brown and Yale are asking their presidents to speak out as well.

    Many hope it is the beginning of a new resistance in higher education. “Harvard’s move gives others permission to come out on the ice a little,” McGuire said. “This is an answer to the tepid and vacillating presidents who said they don’t want to draw attention to themselves.”

    Harvard paved the way for other institutions to stand up to the administration’s demands, Ted Mitchell, president of the American Council on Education, noted in an interview with NPR this week.

    Stanford University President Jonathan Levin immediately backed Harvard, noting that “the way to bring about constructive change is not by destroying the nation’s capacity for scientific research, or through the government taking command of a private institution.”

    Former President Barack Obama on Monday urged others to follow suit.

    A minuscule number of college leaders had spoken out before Harvard’s Garber, including Michael Gavin, president of Delta College, a community college in Michigan; Princeton University’s president, Christopher Eisgruber; Danielle Holley of Mount Holyoke; and SUNY Chancellor John B. King Jr. Of more than 70 prominent higher education leaders who signed a petition circulated Tuesday supporting Garber, only a handful were current college presidents, including Michael Roth of Wesleyan, Susan Poser of Hofstra, Alison Byerly of Carleton, David Fithian of Clark University, Jonathan Holloway of Rutgers University and Laura Walker of Bennington College.

    Speaking out and opposing Trump is not without consequences: The president retaliated against Harvard by freezing $2.2 billion in grants and $60 million in contracts to Harvard.

    Related: For our republic to survive, education leaders must remain firm in the face of authoritarianism

    Many higher ed leaders think it’s going to take a bigger, collective effort fight for everything that U.S. higher education stands for, including those with more influence than Trinity Washington, which has no federal grants and an endowment of just $30 million. It’s also filled with students working their way through school.

    About 15 percent are undocumented and live in constant fear of being deported under Trump policies, McGuire told me. “We need the elites out there because they have the clout and the financial strength the rest of us don’t have,” she said. “Trinity is not on anyone’s radar.”

    Some schools are pushing back against Trump’s immigration policies, hoping to protect their international and undocumented students. Occidental College President Tom Stritikus is among the college presidents who signed an amicus brief this month detailing concerns about the administration’s revocation of student and faculty visas and the arrest and detention of students based on campus advocacy.

    “I think the real concern is the fear and instability that our students are experiencing. It is just heartbreaking to me,” Stritikus told me. He also spoke of the need for “collective action” among colleges and the associations that support them.

    Related: Tracking Trump: His actions to abolish the Education Department, and more

    The fear is real: More than 210 colleges and universities have identified 1,400-plus international students and recent graduates who have had their legal status changed by the State Department, according to Inside Higher Ed. Stritikus said Occidental is providing resources, training sessions and guidance for student and faculty.

    Many students, he said, would like him to do more. “When I’m around students, I’m more optimistic for our future,” Stritikus said. “Our higher education system has been the envy of the world for a very long time. Clearly these threats to institutional autonomy, freedom of expression and the civil rights of our community put all that risk.”

    Back at Trinity Washington, McGuire said she will continue to make calls, talk to other college presidents and encourage them to take a stronger stand.

    “I tell them, you will never regret doing what is right, but if you allow yourself to be co-opted, you will have regret that you caved to a dictator who doesn’t care about you or your institution.”

    Contact Liz Willen at willen@hechingerreport.org

    This story about the future of higher education was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • Alabama high school requirements now allow students to trade chemistry for carpentry

    Alabama high school requirements now allow students to trade chemistry for carpentry

    BIRMINGHAM, Ala. — In a corner of Huffman High School, the sounds of popping nail guns and whirring table saws fill the architecture and construction classroom.

    Down the hall, culinary students chop and saute in the school’s commercial kitchen, and in another room, cosmetology students snip mannequin hair to prepare for the state’s natural hair stylist license.

    Starting this fall, Alabama high school students can choose to take these classes — or any other state-approved career and technical education courses — in place of upper level math and science, such as Algebra 2 or chemistry.

    Alabama state law previously required students to take at least four years each of English, math, science and social studies to graduate from high school. The state is now calling that track the “Option A” diploma. The new “Option B” workforce diploma allows students to replace two math and two science classes with a sequence of three CTE courses of their choosing. The CTE courses do not have to be related to math or science, but they do have to be in the same career cluster. Already, more than 70 percent of Alabama high school students take at least one CTE class, according to the state’s Office of Career and Technical Education/Workforce Development.

    The workforce diploma will give students more opportunities to get the kind of skills that can lead to jobs right after high school, legislators said. But there’s a cost: Many universities, including the state’s flagship University of Alabama, require at least three math credits for admission. The workforce diploma would make it more difficult for students on that track to get into those colleges.

    The law passed in 2024 alongside a spate of bills aimed at boosting the state’s labor participation rate, which at 58 percent as of January remained below the national rate of 63 percent. Simply put, Alabama wants to get more of its residents working.

    Alabama is giving high school students a new pathway to a high school diploma: fewer math and science classes in exchange for more career and technical education courses. Credit: Tamika Moore for The Hechinger Report

    The new diploma option also comes at a time when public perception of college is souring: Only 36 percent of U.S. adults have a lot of confidence in higher education, according to a 2024 Gallup poll. Just 43 percent of Alabama high schoolers who graduated in 2023 enrolled in one of the state’s public colleges the following fall.

    “The world of higher education is at a crossroads,” said Amy Lloyd, executive director of the education advocacy nonprofit All4Ed and former assistant secretary for the Office of Career, Technical, and Adult Education at the U.S. Department of Education. “Americans are questioning the value of the return on their investment: Is it worth my money? Is it worth my time?”

    Related: A lot goes on in classrooms from kindergarten to high school. Keep up with our free newsletter on K-12 education.

    One recent afternoon in Huffman High School’s architecture class, a few students in bright yellow safety vests were measuring a wall they had built. At the end of the semester, the project will culminate in a tiny home.

    Lucas Giles, a senior, started taking architecture his sophomore year as a way to “be able to fix things around the home without having to call other people,” he said. The new workforce diploma option won’t apply to him since he’s graduating this year, but he said he likely would have opted for it to fit more architecture classes into his schedule — that is, until he learned it would make it harder for him to attend college and study engineering.

    “I wouldn’t have the credits,” Giles realized.

    Students who earn a workforce diploma and end up wanting to go to college after all can enroll in community colleges, or aim for state colleges that have less stringent admissions requirements, said Alabama education chief Eric Mackey. The key to the new diploma will be ensuring school counselors are properly advising students, he added.

    “That’s where the counselor comes in and says, ‘If you want to be a nurse, then yes, you need the practical stuff at the career tech center — taking blood pressure and trauma support — but you also need to be taking biology, physiology, chemistry and all those things, too,’” Mackey said.

    Because the diploma only makes sense for a specific subset of students — those who do not plan to go to a four-year college that requires more math or science and who cannot otherwise fit CTE classes in their schedule — counselors have a huge role to play in guiding students. As of 2023, there were 405 students for every counselor in Alabama’s public schools, well over the recommended ratio of 250 to 1.

    Mackey said the state added career coaches in recent years to ease the counseling workload, but in many districts there is just a single coach, who rotates among schools.

    Samantha Williams, executive director of the nonprofit Birmingham Promise, fears the workforce diploma may shut off students’ options too early. Birmingham Promise helps students in Birmingham City Schools pay college tuition and connects them to internship opportunities while in high school.

    “Do you really think that all of our school districts are preparing students to know what they want to do” by the time they’re in high school, Williams asked.

    Williams also worries that lower-performing students might be steered to this diploma option in order to boost their schools’ rankings.

    Students who opt for the workforce diploma will not have their ACT test scores included in their schools’ public reports. Legislators decided that schools should not have to report standardized test scores for students who did not have to take the requisite math and science classes.

    “The concern a lot of people voiced was ‘Hey, isn’t everyone just going to place the kids who are underperforming in the workforce diploma so their ACT scores don’t bring down the whole?’” Williams said. “There’s a strong perverse incentive for people to do that.”

    Speaking to the state’s Board of Education last fall, Mackey warned the “furor of the state superintendent will come down on” anyone who tries to redirect students toward the workforce diploma because of low ACT scores.

    Related: What happened when a South Carolina city embraced career education for all its students

    At Headland High School in rural Henry County, Alabama, every student takes at least one CTE course, according to Principal Brent Maloy. The most popular classes, he said, are financial management and family consumer science.

    “We don’t force them in — everybody registers themselves, they pick their own classes,” Maloy said. “But there’s just about a zero percent chance that a kid’s not going to have a career tech class when they graduate.”

    The school has hosted information sessions for parents and students about the new diploma option ahead of next school year. In a poll of rising juniors and seniors, 20 percent said they would like to pursue a workforce diploma, and another 30 percent said they might be interested. Maloy is anticipating about 25 percent of students will actually opt in to the pathway.

    Most graduates of Headland enroll in a two-year school after graduation anyway, Maloy said, and the workforce diploma won’t hinder that. But the high school has only one counselor for its 450 students, and making sure students fully understand this diploma pathway — and its limitations — is likely to add pressure and extra responsibilities on counselors with heavy workloads.

    Students hold up the wall of a tiny home they’re building in a career and tech architecture class at Huffman High School in Birmingham, Alabama. Credit: Ariel Gilreath/The Hechinger Report

    “There’s so much pressure on our secondary counselors already just to make sure that all of the boxes are checked before graduation. It’s going to put an extra box for them to check,” Maloy said.

    Ultimately, state businesses and industries want this change, said Mackey, who started his career as a middle and high school science teacher.

    “They were saying, ‘We really need students with skills over, say, calculus,’” Mackey said. “That doesn’t mean some students don’t need calculus — we want to still offer those higher math courses and higher science courses.”

    But, reflecting on his own experience as a high school science teacher, “I can tell you that every student doesn’t need high school chemistry,” Mackey said.

    The chamber of commerce in Mobile, Alabama, is one group that advocated for the workforce diploma. Career tech classes are a good way for students to better learn what they want to do before graduating high school, and they are also an avenue for students to get skills in high wage industries prevalent in Alabama, said Kellie Snodgrass, vice president of workforce development at the Mobile Chamber.

    Less than half of high school graduates in the region end up enrolling in college after graduation, Snodgrass said, and only 20 percent of high-wage jobs in Mobile require a college degree. A large chunk of jobs in the state, and in Mobile in particular, are in manufacturing.

    “It’s terrible when a student goes away to college and comes back and can’t find a job, when we have thousands of open jobs here,” Snodgrass said.

    In an emailed statement, Trevor Sutton, the vice president of economic development at the Birmingham Business Alliance, said the diploma option was a “win for the state of Alabama” that would allow students a chance to learn both “hard and soft skills like communication and time management.”

    Related: States bet big on career education, but struggle to show it works

    At least 11 states have embraced policies that give students flexibility to use career tech courses for core academic credits, according to a review from the Education Commission of the States.

    Like Alabama, Indiana also made changes to its diploma requirements in 2024. After more than a year of public debate, the state created three graduation pathways that are meant to lead to college admissions, the workforce, or enlistment in the military. Those changes will be effective for students in the class of 2029, or current eighth graders.

    Having industry buy-in on career tech programs is important, said Lloyd with All4Ed, because most students will need either an industry or post-secondary credential to land a job with a comfortable wage.

    “The reality is a high school diploma is not enough in today’s labor market to have a guaranteed ticket to the middle class,” Lloyd said.

    The problem, Lloyd said, is most K-12 industry credentials have little use to employers. Only 18 percent of CTE credentials earned by K-12 students in the U.S. were in demand by employers, according to a 2020 report from the Burning Glass Institute.

    The key in Alabama will be ensuring students are going into career pathways that line up with job demand, Snodgrass said. Out of the more than 33,000 CTE credentials Alabama high school students earned in 2023, only 2 percent were in manufacturing, which is one of the state’s highest need areas.

    Still, attitudes toward high school CTE courses — once largely thought of as classes for students who struggled academically — have improved significantly over the years. And many schools offer CTE programs like aerospace, robotics or conservation that could help students get into high-demand undergraduate programs at universities.

    “We’re increasingly blurring the lines between what has been historically siloed in people’s minds in terms of career education versus academic education,” Lloyd said. “Those are very often one and the same.”

    Contact staff writer Ariel Gilreath at gilreath@hechingerreport.org

    This story about Alabama high school requirements was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger newsletter

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • Community colleges are providing new opportunities for learning on the job in logging and oystering

    Community colleges are providing new opportunities for learning on the job in logging and oystering

    SHINGLETOWN, Calif. — On a cold morning in October, the sun shone weakly through tall sugar pines and cedars in Shingletown, a small Northern California outpost whose name is a reminder of its history as a logging camp in the 1800s. Up a gravel road banked with iron-rich red soil, Dylan Knight took a break from stacking logs.

    Knight is one of 10 student loggers at Shasta College training to operate the heavy equipment required for modern-day logging: processors to remove limbs from logs that have just been cut, skidders to pull logs out of the cutting site, loaders to stack and sort the logs by species and masticators to mulch up debris.

    For centuries, logging was a seasonal, learn-on-the-job trade passed down from father to son. But as climate change and innovations in the industry have changed logging into a year-round business, there aren’t always enough workers to fill jobs.

    “Our workforce was dying,” said Delbert Gannon, owner of Creekside Logging. “You couldn’t even pick from the bottom of the barrel. It was affecting our production and our ability to haul logs. We felt we had to do something.”

    Related: Interested in innovations in higher education? Subscribe to our free biweekly higher education newsletter.

    Around the country, community colleges are stepping in to run apprenticeship programs for heritage industries, such as logging and aquaculture, which are too small to run. These partnerships help colleges expand the workforce development programs central to their mission. The partnerships also help keep small businesses in small industries alive by managing state and federal grants and providing the equipment, courses and staff to train workers.

    As industries go, logging is small, and it’s struggling. In 2023 there were only about 50,000 logging jobs in the U.S., but the number of logging companies has been on the decline for several years. Most loggers are over 50, according to industry data, and older generations are retiring, contributing to more than 6,000 vacant positions every year on average. The median annual salary for loggers is about $50,000.

    Student logger Bryce Shannon operates a wood chipper at a logging site as part of his instruction at Shasta College in Redding, Calif. Credit: Minh Connors for The Hechinger Report

    Retirements have hit Creekside Logging hard. In 2018 Gannon’s company had jobs to do, and the machines to do them, but nobody to do the work. He reached out to Shasta College, which offers certificates and degrees in forestry and heavy equipment operation, to see if there might be a student who could help.

    That conversation led to a formal partnership between the college and 19 timber companies to create a pre-apprenticeship course in Heavy Equipment Logging Operations. Soon after, they formed the California Registered Apprenticeship Forest Training program. Shasta College used $3.5 million in grant funds to buy the equipment pre-apprentices use.

    Related: Apprenticeships are a trending alternative to college but there’s a hitch

    Logging instruction takes place on land owned by Sierra Pacific Industries lumber company — which does not employ its own loggers and so relies on companies like Creekside Lumber to fell and transport logs to mills.

    Each semester, 10 student loggers like Knight take the pre-apprenticeship course at Shasta College. Nearly all are hired upon completion. Once employed, they continue their work as apprentices in the forest training program, which Shasta College runs in partnership with employers like Gannon. State apprenticeship funds help employers offset the cost of training new workers, as well as the lost productivity of on-the-job mentors.

    For Creekside Logging — a 22-person company — working with Shasta College makes participation in the apprenticeship program possible.Gannon’s company often trained new loggers, only to have them back out of the job months later. It can cost tens of thousands of dollars to train a new worker, and Creekside couldn’t afford to keep taking the financial risk. Now Gannon has a steady flow of committed employees, trained at the college rather than on his payroll. Workers who complete the pre-apprenticeship know what they’re getting into — working outdoors in the cold all day, driving big machines and cutting down trees.

    Workers who complete the apprenticeship, Gannon said, are generally looking for a career and not just a seasonal job.

    Talon Gramps-Green, a student logger at Shasta College in Redding, Calif., shows off stickers on his safety helmet. Credit: Minh Connors for The Hechinger Report

    “You get folks that are going to show up every day,” Gannon said. “They got to test drive the career and know they like heavy equipment. They want to work in the woods. The college has solved that for us.”

    Apprentices benefit too. Workers who didn’t grow up around a trade can try it out, which for some means tracking down an elusive pathway into the work. Kyra Lierly grew up in Redding, about 30 miles west of Shingletown, and previously worked for the California Department of Forestry as a firefighter. She’s used to hard work, but when she looked into getting a job as a logger she couldn’t find a way in. Some companies had no office phone or website, she says. Jobs were given out casually, by word of mouth.

    “A lot of logging outfits are sketchy, and I wanted to work somewhere safe,” said Lierly, 25. She worked as an apprentice with Creekside Lumber but is taking a break while she completes an internship at Sierra Pacific Industries, a lumber producer, and gets a certificate in natural resources at Shasta College.

    “The apprenticeship made forestry less intimidating because the college isn’t going to partner with any company that isn’t reputable,” Lierly said.

    Related: In spite of a growing shortage in male-dominated vocations, women still aren’t showing up

    Apprenticeships, with their combination of hands-on and classroom learning, are found in many union halls but, until now, was not known to be common practice in the forested sites of logging crews.

    State and federally registered apprenticeships have gained popularity in recent years as training tools in health care, cybersecurity and telecommunications.

    Federal funding grew steadily from $145 million in 2018 to more than $244 million  during the last years of the Biden administration. That money was used to support apprenticeships in traditional building trades as well as industries that don’t traditionally offer registered apprenticeships, including teaching and nursing.

    The investment aims to address the shortage of skilled workers. The number of working adults in the U.S. doesn’t align with the number of skilled jobs, a disparity that is only slowly recovering after the pandemic.

    Labor shortages hit especially hard in rural areas, where trades like logging have an outsized impact on their local economies. For regional heritage trades like logging, just a few apprentices can make the difference between staying in business and shutting down.

    Lucas Licea, a student logger at Shasta College in Redding, Calif., operates a loader. Credit: Minh Connors for The Hechinger Report

    “There’s a common misconception of registered apprentices that they’re only in the building trades when most are in a variety of sectors,” said Manny Lamarre, who served as deputy assistant secretary for employment and training with the Labor Department during the Biden administration. More than 5,000 new occupations have registered with the department to offer apprenticeships since 2021, he said. “We can specifically support unique small occupations in rural communities where a lot of people are retiring.”

    Education Secretary Linda McMahon, who was confirmed earlier this month, said in her confirmation hearing that she supports apprenticeships. But ongoing cuts make it unclear what the new federal role will be in supporting such programs.

    However, “sharing the capacity has been an important way to get apprenticeships into rural and small employers,” said Vanessa Bennett, director at the Center for Apprenticeship and Work-Based Learning at the nonprofit Jobs for the Future. It’s helpful when employers partner with a nonprofit or community college that can sponsor an apprenticeship program, as Shasta College does, Bennett said. 

    Once Knight, the student logger, completes the heavy equipment pre-apprenticeship, he plans to return to his hometown of Oroville, about 100 miles south of Shingletown. His tribe — the Berry Creek Rancheria of Tyme Maidu Indians — is starting its own logging crew, and Knight will be one of only two members trained to use some of the most challenging pieces of logging equipment.

    “This program is awesome,” said Knight, 24. “It’s really hands-on. You learn as you go and it helps to have a great instructor.”

    Student logger Dylan Knight drives a masticator, which grinds wood into chips, as Shasta College instructor Chris Hockenberry looks on. Credit: Minh Connors for The Hechinger Report

    Across the country in Maine, a community college is helping to train apprentices for jobs at heritage oyster, mussel and kelp farms that have struggled to find enough workers to meet the growing demand for shellfish. Often classified as seasonal work, aquaculture jobs can become year-round careers for workers trained in both harvesting shellfish and planning for future seasons.

    “I love the farm work and I feel confident that I will be able to make a full-length career out of this,” said Gabe Chlebowski, who completed a year-long apprenticeship with Muscongus Bay Aquaculture, which harvests in Damariscotta, Maine. A farm boy from rural Pennsylvania, Chlebowski worked in construction and stone masonry after high school. When his parents moved to Maine, he realized that he wanted a job on the water. With no prior experience, he applied for an oyster farming apprenticeship and was accepted.

    “I was the youngest by five years and the only person who’d never worked on water,” said Chlebowski, 22. “I grew up in a landlocked state surrounded by corn fields. I had the work ethic and no idea what I was doing in boats.”

    Related: Modern apprenticeships offer path to career — and college

    The apprenticeship program was launched in 2023 by the Gulf of Maine Research Institute, which joined with the Maine Aquaculture Association and Educate Maine to create a yearlong apprenticeship with Southern Maine Community College. Apprentices take classes in shellfish biology, water safety, skiff driving and basic boat maintenance. Grants helped pay for the boots, jackets and fishing bibs apprentices needed.

    “The workforce here was a bottleneck,” said Carissa Maurin, aquaculture program manager for GMRI. New workers with degrees in marine biology were changing their minds after starting training at aquaculture farms. “Farms were wasting time and money on employees that didn’t want to be there.”

    Chlebowski completed the apprenticeship at Muscongus Bay in September. He learned how to repair a Yamaha outdoor motor, how to grade oysters and how to work on a 24-foot, flat-bottom skiff. He stayed on as an employee, working at the farm on the Damariscotta River — the oyster capital of New England. The company is known for two varieties of oysters: Dodge Cove Pemaquid and Wawenauk.

    Oyster farming generates local pride, Chlebowski said. The Shuck Station in downtown Damariscotta gives oyster farmers a free drink when they come in and there’s an annual summer shucking festival. But the company is trying to provide careers, Chlebowski said, not just high-season jobs.

    “It can be hard to make a career out of farming, but it’s like any trade,” he said, adding that there is work to do year-round. “Welding and HVAC have trade schools and apprenticeships. Why shouldn’t aquaculture?”

    Chlebowski’s apprenticeship turned into a career. Back in Shingletown, students in the logging program hope for the same result when they finish. 

    Until then, they spend Mondays, Wednesdays and Fridays in the woods learning how to operate and maintain equipment. Tuesdays and Thursdays are spent on Shasta College’s Redding campus, where the apprentices take three classes: construction equipment operation, introduction to forestry and wood products and milling.

    At the end of the semester, students demonstrate their skills at a showcase in the Shingletown woods. Logging company representatives will attend and scout for workers. Students typically get offers at the showcase. So far, 50 students have completed the pre-apprenticeship program and most transitioned into full apprenticeships. Fifteen people have completed the full apprenticeship program and now earn from $40,000 to $90,000 a year as loggers.

    Related: Some people going into the trades wonder why their classmates stick with college

    Mentorship is at the heart of apprenticeships. On the job, new workers are paired with more experienced loggers who pass on knowledge and supervise the rookies as they complete tasks. Pre-apprentices at Shasta College learn from Jonas Lindblom, the program’s heavy equipment and logging operations instructor.

    At the logging site, Lindblom watches as a tall sugar pine slowly falls and thuds to the ground. Lindblom’s father, grandfathers and great-grandfather all drove trucks for logging companies in Northern California.

    An axe sticks out of a freshly cut tree at a logging site used to train student loggers enrolled at Shasta College in Redding, Calif. Credit: Minh Connors for The Hechinger Report

    This is a good area for apprentices to “just be able to learn at their pace,” he said. “They’re not pushed and they can get comfortable in the machines without developing bad habits along the way.” 

    Lindblom, who studied agriculture education at Chico State University, spent all his breaks during college working as a logger. He works closely with the logging companies that partner with the program to make sure he’s teaching up-to-date practices. It’s better for new loggers to learn in this outdoor classroom, he said, than on the job.

    “The majority of these students did not grow up in logging families,” he said. “This is a great opportunity to pass on this knowledge and share where the industry is going.”

    Contact editor Christina A. Samuels at 212-678-3635 or samuels@hechingereport.org.

    This story about learning on the job was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn't mean it's free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.


    Source link

  • OPINION: Here’s why we cannot permit America’s partnership with higher education to weaken or dissolve

    OPINION: Here’s why we cannot permit America’s partnership with higher education to weaken or dissolve

    Abrupt cuts in federal funding for life saving medical research. Confusing and misleading new guidance about campus diversity programs. Cancellation, without due process, of hundreds of millions of dollars in federal grants and contracts held by a major university. Mass layoffs at the Education Department, undermining crucial programs such as federal student aid.

    All of this, and more, in the opening weeks of the second Trump administration.

    The president has made clear that colleges and universities face a moment of unprecedented challenge. The partnership the federal government forged with American higher education long ago, which for generations has paid off spectacularly for our country’s civic health, economic well-being and national security, appears in the eyes of many to be suddenly vulnerable.

    America must not permit this partnership to weaken or dissolve. No nation has ever built up its people by tearing down its schools. Higher education builds America — and together, we will fight to ensure it continues to do so.  

    Related: Tracking Trump: his actions on education    

    Some wonder why more college and university presidents aren’t speaking out. The truth is, many of them fear their institutions could be targeted next.

    They are also juggling immense financial pressures and striving to fulfill commitments to teaching and research.

    But the American Council on Education, which I lead, has always stood up for higher education. We have done it for more than a century, and we are doing it now. We will use every tool possible — including litigation, advocacy and coalition-building — to advance the cause.

    ACE is the major coordinating body for colleges and universities. We represent institutions of all kinds — public and private, large and small, rural and urban — with a mission of helping our members best serve their students and communities.

    Let me be clear: We welcome scrutiny and accountability for the public funds supporting student aid and research. Our institutions are subject to state and federal laws and must not tolerate any form of discrimination, even as they uphold freedom of expression and the right to robust but civil protest. 

    We also know we have much work to do to raise public confidence in higher education and the value of a degree.

    However, we cannot allow unwarranted attacks on higher education to occur without a vigorous and proactive response.

    When the National Institutes of Health announced on Feb. 7 a huge cut in funding that supports medical and health research, ACE joined with the Association of American Universities, the Association of Public and Land-grant Universities and a number of affected universities in a lawsuit to stop this action.

    ACE has almost never been a plaintiff in a lawsuit against the federal government, but the moment demanded it. We are pleased that a federal judge has issued a nationwide preliminary injunction to preserve the NIH funding.

    When the Education Department issued a “Dear Colleague” letter Feb. 14 that raised questions about whether campus programs related to diversity, equity      and inclusion would be permissible under federal law, ACE organized a coalition of more than 70 higher education groups calling for the department to rescind the letter.      

    We raised concerns about the confusion the letter was causing. We pointed out that the majority opinion from Chief Justice John Roberts in the Students for Fair Admissions case acknowledged that diversity-related goals in higher education are “commendable” and “plainly worthy.”    

     We invited the department to engage with the higher education community to promote inclusive and welcoming educational environments for all students, regardless of race or ethnicity or any other factors. We remain eager to work with the department. 

    Related: Fewer scholarships and a new climate of fear follow      the end of affirmative action

    Unfortunately, in recent days the administration has taken further steps we find alarming.

    ACE denounced the arbitrary cancellation of $400 million in federal grants and contracts with Columbia University. Administration officials claimed their action was a response to failures to adequately address antisemitism at Columbia, though it bypassed well-established procedures for investigating such allegations. (The Hechinger Report is an independent unit of Teachers College, Columbia University.)

    Ultimately, this action will eviscerate academic and research activities, to the detriment of students, faculty, medical patients and others.

    Make no mistake: Combating campus antisemitism is a matter of utmost priority for us. Our organization, along with Hillel International and the American Jewish Committee, organized two summits on this topic in 2022 and 2024, fostering important dialogue with dozens of college and university presidents.

    We also are deeply concerned about the letter the Trump administration sent to Columbia late last week that makes certain demands of the university, including a leadership change for one of its academic departments. To my mind, the letter obliterated the boundary between institutional autonomy and federal control. That boundary is essential. Without it, academic freedom is at risk.

    Meanwhile, layoffs and other measures slashing the Education Department’s workforce by as much as half will cause chaos and harm to financial aid and other programs that support millions of students from low- and middle-income families. We strongly urge the administration to change course and Congress to step in if it does not.

    Despite all that has happened in the past several weeks, we want President Trump and his administration to know this: Higher education is here for America, and ready to keep building. Colleges and universities have long worked with the government in countless ways to strengthen our economy, democracy, health and security. We cannot abandon that partnership. We must fortify it. 

    Ted Mitchell is president of the American Council of Education in Washington, D.C.

    Contact the opinion editor at opinion@hechingerreport.org.

    This story about academic freedom was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for Hechinger’s weekly newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • OPINION: The demographic cliff in higher education should be seen as an opportunity, not a crisis

    OPINION: The demographic cliff in higher education should be seen as an opportunity, not a crisis

    This spring, the number of high school graduates in the United States is expected to hit its peak. Starting in the fall, enrollment will likely enter a period of decline that could last a decade or more.

    This looming “demographic cliff” has been on the minds of education leaders for nearly two decades, dating back to the start of the Great Recession. A raft of college closures over the past five years, exacerbated by the pandemic, has for many observers been the canary in the coal mine.

    In the years to come, schools at all levels — reliant on per-pupil funding for K-12 and on tuition dollars for colleges and universities — will begin feeling the squeeze.

    The question now is whether to treat the cliff as a crisis or an opportunity.

    Related: Interested in innovations in the field of higher education? Subscribe to our free biweekly Higher Education newsletter.

    As they prepare for enrollment shortfalls, superintendents and college presidents are primarily focused on crisis management. With good reason, they’re spending the bulk of their time on the hard short-term decisions of cutting programs and personnel to meet looming budget shortfalls.

    In the precious few years before the situation becomes even more dire, the question is whether schools should just continue bracing for impact — or if they can think bigger in ways that could be transformative not just for the landscape of education, but for the economy more broadly. In my view, they should think about what it would look like to make a moment of crisis a real opportunity.

    Here are some ideas about how that could happen. The first involves blurring the lines between high school and college.

    Colleges today feel immense pressure because there aren’t enough high school graduates. High schools feel similar pressure because there are fewer young people around to enroll each year — not to mention the chronic absenteeism and disengagement that has persisted since the pandemic.

    What if the two worked more closely together — in ways that helped high schools keep students engaged while enabling colleges to reach a broader range of students?

    In many states, this is already happening. At last count, 2.5 million high schoolers took at least one dual-enrollment course from a college or university. But it’s not enough to just create tighter connections between one educational experience and another. Today’s students — and today’s economy — also demand clearer pathways from education to careers. It makes sense to blur the lines between high schools, colleges and work.

    So imagine taking these changes even further — to a world in which instead of jumping from high school to college, students in their late teens entered entirely new institutions that paid them for work-based learning experiences that would lead them to a degree and eventually a career.

    That’s a lofty goal. But it’s the kind of big thinking that both high schools and colleges may need to reinvent themselves for the country’s shifting demographics.

    Colleges have an opportunity right now to double down on creating and expanding job-relevant programs — and to think even bigger about who they serve. That could include expanding opportunities for adult learners who have gained skills outside the classroom through credit for prior learning and competency-based learning. It could also mean speeding up the development of industry-relevant coursework to better align with the needs of the labor market and leaning into short-form training programs to upskill incumbent workers.

    Related: The number of 18-year-olds is about to drop sharply, packing a wallop for colleges — and the economy

    Not every student is ready to invest four years of time and money to earn a bachelor’s degree. But they shouldn’t have to be — and colleges have a chance to expand their offerings in ways that give students more pathways into today’s fast-changing economy and further education if they so choose.

    Part of the problem with the current trajectory from high school to college is that the wrong things get incentivized. Both K-12 schools and colleges get money and support based on the number of students they enroll and (sometimes) the number of people who graduate — not on how well they do at helping people gain the skills to effectively participate in the economy.

    That’s not anyone’s fault. But it often boils down to a matter of policy. Which means that changing policy can create new incentives to tighten the connections between high school, college and work.

    States like Colorado are already taking the lead on this shift. Colorado’s “Big Blur” task force put out a report with recommendations on how to integrate learning and work, including by creating a statewide data system to track the outcomes of educational programs and updating the state’s accountability systems to better reflect “the importance of learners graduating ready for jobs and additional training.”

    If schools and policymakers stay the course in the decade to come, they already know what’s ahead: declining enrollment, decreased funding and the exacerbation of all the challenges that they’ve already begun to face in recent years.

    It’s not the job of the education system to turn the tide of demographic change. But the system does have a unique, and urgent, opportunity to respond to this changing landscape in ways that benefit not only students but the economy as a whole. The question now is whether education leaders and policymakers can seize that opportunity before it’s too late.

    Joel Vargas is vice-president of education practice at Jobs for the Future.

    Contact the opinion editor at opinion@hechingerreport.org.

    This story about demographic cliff in higher education was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for Hechinger’s weekly newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • Math can be a path to success after prison

    Math can be a path to success after prison

    Hancy Maxis spent 17 years incarcerated in New York prisons. He knew that he needed to have a plan for when he got out.

    “Once I am back in New York City, once I am back in the economy, how will I be marketable?” he said. “For me, math was that pathway.”

    In 2015, Maxis completed a bachelor’s degree in math through the Bard Prison Initiative, an accredited college-in-prison program. He wrote his senior project about how to use game theory to advance health care equity, after observing the disjointed care his mom received when she was diagnosed with breast cancer. (She’s now recovered.)

    When he was released in 2018, Maxis immediately applied for a master’s program at Columbia University’s Mailman School of Public Health. He graduated and now works as the assistant director of operations at Montefiore Medical Center in the Bronx. He helped guide the hospital’s response to Covid.

    Maxis is one of many people I’ve spoken to in recent years while reporting on the role that learning math can play in the lives of those who are incarcerated. Math literacy often contributes to economic success: A 2021 study of more than 5,500 adults found that participants made $4,062 more per year for each correct answer on an eight-question math test.

    While there don’t appear to be any studies specifically on the effect of math education for people in prison, a pile of research shows that prison education programs lower recidivism rates among participants and increase their chances of employment after they’re released.

    Hancy Maxis spent 17 years incarcerated in New York prisons. He now works as the assistant director of operations at Montefiore Medical Center in the Bronx. Credit: Yunuen Bonaparte for The Hechinger Report

    Plus, math — and education in general — can be empowering. A 2022 study found that women in prison education programs reported higher self-esteem, a greater sense of belonging and more hope for the future than women who had never been incarcerated and had not completed post-secondary education.

    Yet many people who enter prison have limited math skills and have had poor relationships with math in school. More than half (52 percent) of those incarcerated in U.S. prisons lack basic numeracy skills, such as the ability to do multiplication with larger numbers, long division or interpret simple graphs, according to the most recent numbers from the National Center for Educational Statistics. The absence of these basic skills is even more pronounced among Black and Hispanic people in prison, who make up more than half of those incarcerated in federal prisons.

    In my reporting, I discovered that there are few programs offering math instruction in prison, and those that do exist typically include few participants. Bard’s highly competitive program, for example, is supported primarily through private donations, and is limited to seven of New York’s 42 prisons. The recent expansion of federal Pell Grants to individuals who are incarcerated presents an opportunity for more people in prison to get these basic skills and better their chances for employment after release.

    Alyssa Knight, executive director of the Freedom Education Project Puget Sound, which she co-founded while incarcerated, said that for years, educational opportunities in prison were created primarily by people who were incarcerated, who wrote to professors and educators to ask if they might send materials or teach inside the prison. But public recognition of the value of prison education, including math, is rising, and the Pell Grant expansion and state-level legislation have made it easier for colleges to set up programs for people serving time. Now, Knight said, “Colleges are seeking prisons.”

    Related: Interested in innovations in higher education? Subscribe to our free biweekly higher education newsletter.

    Jeffrey Abramowitz understands firsthand how math can help someone after prison. After completing a five-year stint in a federal prison, his first post-prison job was teaching math to adults who were preparing to take the GED exam.

    Fast forward nearly a decade, and Abramowitz is now the CEO of The Petey Greene Program, an organization that provides one-on-one tutoring, educational supports and programs in reading, writing and now math, to help people in prison and who have left prison receive the necessary education requirements for a high school diploma, college acceptance or career credentials.

    The average Petey Greene student’s math skills are at a fourth- or fifth-grade level, according to Abramowitz, which is in line with the average for “justice-impacted” learners; the students tend to struggle with basic math such as addition and multiplication.

    “You can’t be successful within most industries without being able to read, write and do basic math,” Abramowitz said. “We’re starting to see more blended programs that help people find a career pathway when they come home — and the center of all this is math and reading.”

    Abramowitz and his team noticed this lack of math skills particularly among students  in vocational training programs, such as carpentry, heating and cooling and commercial driving. To qualify to work in these fields, these students often need to pass a licensing test, requiring math and reading knowledge.

    The nonprofit offers “integrated education training” to help  students learn the relevant math for their professions. For instance, a carpentry teacher will teach students how to use a saw in or near a classroom where a math teacher explains fractions and how they relate to the measurements needed to cut a piece of wood.

    “They may be able to do the task fine, but they can’t pass the test because they don’t know the math,” Abramowitz said.

    Math helped Paul Morton after he left prison, he told me. When he began his 10.5 years in prison, he only could do GED-level math. After coming across an introductory physics book in the third year of his time in prison, he realized he didn’t have the math skills needed for the science described in it.

    He asked his family to send him math textbooks and, over the seven years until his release, taught himself algebra and calculus.

    The recent expansion of federal Pell Grants to individuals who are incarcerated presents an opportunity for more people in prison to get these basic skills and better their chances for employment after release. Credit: Helen H. Richardson/The Denver Post via Getty Images

    “I relentlessly spent six hours on one problem one day,” he said. “I was determined to do it, to get it right.”

    I met Morton through the organization the Prison Mathematics Project, which helped him develop his math knowledge inside prison by connecting him with an outside mathematician. After his release from a New York prison in 2023, he moved to Rochester, New York, and is hoping to take the actuarial exam, which requires a lot of math. He continues to study differential equations on his own.

    Related: It used to be a notoriously violent prison. Now it’s home to a first-of-its-kind higher education program

    The Prison Mathematics Project delivers math materials and programs to people in prison, and connects them with mathematicians as mentors. (It also brings math professors, educators and enthusiasts to meet program participants through “Pi Day” events; I attended one such event in 2023 when I produced a podcast episode about the program, and the organization paid for my travel and accommodations.)

    The organization was started in 2015 by Christopher Havens, who was then incarcerated at Washington State Penitentiary in Walla Walla. Havens’ interest in math puzzles, and then in algebra, calculus and other areas of mathematics, was ignited early in his 25-year- term when a prison volunteer slid some sudoku puzzles under his door.

    “I had noticed all these changes happening inside of me,” Havens told me. “My whole life, I was searching for that beauty through drugs and social acceptance … When I found real beauty [in math], it got me to practice introspection.”

    As he fell in love with math, he started corresponding with mathematicians to help him solve problems, and talking to other men at the prison to get them interested too. He created a network of math resources for people in prisons, which became the Prison Mathematics Project.

    The group’s website says it helps people in prison use math to help with “rebuilding their lives both during and after their incarceration.”

    Related: How Danielle Metz got an education after incarceration

    But Ben Jeffers, its executive director, has noticed that the message doesn’t connect with everyone in prison. Among the 299 Prison Mathematics Project participants on whom the program has data, the majority — 56 percent — are white, he told me, while 25 percent are Black, 10 percent are Hispanic, 2 percent are Asian and 6 percent are another race or identity. Ninety-three percent of project participants are male.

    Yet just 30 percent of the U.S. prison population is white, while 35 percent of those incarcerated are Black, 31 percent are Hispanic and 4 percent are of other races, according to the United State Sentencing Commission. (The racial makeup of the program’s 18 female participants at women’s facilities is much more in line with that of the prison population at large.)

    “[It’s] the same issues that you have like in any classroom in higher education,” said Jeffers, who is finishing his master’s in math in Italy. “At the university level and beyond, every single class is majority white male.”

    He noted that anxiety about math tends to be more acute among women and people of any gender who are Black, Hispanic, or from other underrepresented groups, and may keep them from signing up for the program. 

    Sherry Smith understands that kind of anxiety. She didn’t even want to step foot into a math class. When she arrived at Southern Maine Women’s Reentry Center in December 2021, she was 51, had left high school when she was 16, and had only attended two weeks of a ninth grade math class.

    “I was embarrassed that I had dropped out,” she said. “I hated to disclose that to people.”

    Related: ‘Revolutionary’ housing: How colleges aim to support a growing number of formerly incarcerated students 

    Smith decided to enroll in the prison’s GED program because she could do the classes one-on-one with a friendly and patient teacher. “It was my time,” she said. “Nobody else was listening, I could ask any question I needed.”

    In just five months, Smith completed her GED math class. She said she cried on her last day. Since 2022, she’s been pursuing an associate’s degree in human services — from prison — through a remote program with Washington County Community College.

    In Washington, Prison Mathematics Project founder Havens is finishing his sentence and continuing to study math. (Havens has been granted a clemency hearing and may be released as early as this year.) Since 2020, he has published four academic papers: three in math and one in sociology. He works remotely from prison as a staff research associate in cryptography at the University of California, Los Angeles, and wrote a math textbook about continued fractions.

    Havens is still involved in the Prison Mathematics Project, but handed leadership of the program over to Jeffers in October 2023. Now run from outside the prison, it is easier for the program to bring resources and mentorship to incarcerated students.

    “For 25 years of my life, I can learn something that I wouldn’t have the opportunity to learn in any other circumstances,” Havens said. “So I decided that I would, for the rest of my life, study mathematics.”

    Contact editor Caroline Preston at 212-870-8965 or preston@hechingerreport.org.

    This story about math in prison was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for the Hechinger higher education newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • STUDENT VOICE: The path to health equity begins in K-12 classrooms

    STUDENT VOICE: The path to health equity begins in K-12 classrooms

    Imagine a classroom in which young students are excitedly discussing their future aspirations and a career in medicine feels like a tangible goal rather than a distant dream. Now, imagine that most of the students come from historically marginalized communities — Black, Hispanic and Indigenous populations — that disproportionately face higher rates of chronic illness, shorter life expectancies and poorer health outcomes.

    We know that these disparities can shrink when patients are cared for by doctors who share their cultural backgrounds and lived experiences. The problem? Our health care workforce remains overwhelmingly unrepresentative of the communities it serves.

    For many students from underrepresented backgrounds, a medical career feels out of reach. The path to becoming a doctor is daunting, full of obstacles like financial hardship, lack of mentorship and systemic inequities in education. Many students are sidelined long before they consider medical school, while those who persist face an uphill battle competing against peers with far more resources and support.

    To mitigate these disparities, we must look beyond our hospitals and medical schools and into the places where young minds are shaped: our K-12 classrooms. Early exposure to health care careers can ignite curiosity and show students that they belong in places where they have historically been excluded.

    Related: Become a lifelong learner. Subscribe to our free weekly newsletter to receive our comprehensive reporting directly in your inbox.

    Organizations like the Florida State University College of Medicine, with its “Science Students Together Reaching Instructional Diversity and Excellence” (SSTRIDE) program, are leading the way in breaking down barriers to medical careers for underrepresented students. SSTRIDE introduces middle and high school students to real-world medical environments, giving them firsthand exposure to health care settings that might otherwise feel distant or inaccessible. Then, the program threads together long-term mentorship, academic enrichment and extracurricular opportunities to build the confidence and skills students need to reach medical school.

    The 15 White Coats program in Louisiana takes a complementary but equally meaningful approach: transforming classroom environments by introducing culturally relevant imagery and literature that reflect the diversity of the medical profession. For many students, seeing doctors who look like them — featured in posters or books — can challenge internalized doubts and dismantle societal messages that suggest they don’t belong in medicine. Through fundraising efforts and scholarships, other initiatives from 15 White Coats tackle the financial barriers that disproportionately hinder “minority physician aspirants” from pursuing medical careers.

    The impact of these programs can be profound. Research shows that students exposed to careers in science or medicine at an early age are far more likely to pursue these fields later in life. And medical students who belong to underrepresented groups are the most likely to return to underserved communities to practice. Their presence can improve communication, foster patient trust and drive innovation in addressing health challenges unique to those communities.

    These programs can even have a ripple effect on families and entire communities. When young people pursue careers in medicine, they become role models for siblings, friends and neighbors. This creates a culture of aspiration in which success feels both possible and accessible, shifting societal perceptions and inspiring future generations to aim higher.

    But programs like 15 White Coats and SSTRIDE cannot thrive without sustained investment. We need personal and financial commitments to dismantle the systemic barriers that prevent students from underrepresented groups from entering medicine.

    Policymakers and educators must step up. Federal and state educational funding should prioritize grants for schools that partner with hospitals, medical schools and health care organizations. These partnerships should offer hands-on experiences like shadowing programs, medical summer camps and health care-focused career fairs. Medical professionals also have a role to play — they can volunteer as mentors or guest speakers, offering valuable guidance and demystifying the path to a medical career.

    Related: The ‘Fauci effect’: Inspired by front-line health care workers, record numbers apply to medical schools

    As a medical student, I know how transformative these experiences can be. They can inspire students to envision themselves in roles they might never have imagined and gain the confidence to pursue dreams that once seemed out of reach.

    Let’s be clear, representation in medicine is not about optics. It’s about improving health outcomes and driving meaningful change. Building a stronger, more diverse pipeline to the medical profession is not just an educational priority. It’s a public health imperative.

    An investment in young minds today is an investment in a health care system that represents, understands and serves everyone. Equity in health care starts long before a patient walks into a doctor’s office. It begins in the classroom.

    Surya Pulukuri is a member of the class of 2027 at Harvard Medical School.

    Contact the opinion editor at opinion@hechingerreport.org.

    This story about health equity was produced by The Hechinger Report, a nonprofit, independent news organization focused on inequality and innovation in education. Sign up for Hechinger’s weekly newsletter.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link