Tag: Parents

  • Parents turn to international education as path to residency

    Parents turn to international education as path to residency

    If families looking to relocate to “top destinations” such as the US and Canada choose the right program for their children, they may be granted permanent residency as domestic students or even graduate from their chosen institution as residents or citizens, according to Tess Wilkinson, director of education services at Henley & Partners Education in the UK.

    “We’re now seeing a real uptick in the types of families who are now becoming aware that there is an option for them,” she told The PIE News.

    “For families looking at relocating, there can be real gains in the amount of fees they spend on education in places like Canada,” she explained. “They can they can save [up to] $150,000 on fees.”

    The sheer number of clients asking for assistance in this area signals that education is swiftly becoming “one of the key drivers for people looking at second residences to citizenships”, she added.

    Henley & Partners refers to itself as a “global leader in residence and citizenship by investment”. Its education arm, Wilkinson explained, helps to “advise transnational families who are looking for global education solutions”.

    Working with families all over the world with children and adults of all ages – from K-12 to those seeking master’s degrees or MBAs – it “assists them to find the right match”, taking into account children’s individual needs and the types of residency or citizenship that may become available to its clients through educational opportunities.

    “We can advise on all the top-tier destinations. So we have a family, for instance, who are considering the UK, the US and Australia and they’re putting in applications for all three countries,” Wilkinson shared.

    We’re now seeing a real uptick in the types of families who are now becoming aware that there is an option for them
    Tess Wilkinson, Henley & Partners Education

    With immigration policies in key markets such as the UK, the US, Canada and Australia shifting all the time, Wilkinson acknowledged that it “is not something that is simple”.

    But she said that, with expertise across a number of key markets, Henley & Partners can provide families with education counsellors to help match children to institutions that suit them best, as well as help with applying to universities or summer programs.

    The ‘big four’ international education destination countries are all seeing turbulence in their respective markets. Some of these restrictive policies are having an impact on students’ ability to study in the countries, hindering them from securing post-graduate residency in their chosen destination.

    Australia and Canada are both subject restrictions on international students, while UK universities’ international departments have been blighted by a crackdown on overseas students’ ability to bring their families into the country with them.

    Meanwhile, Donald Trump’s second term as US President continues to present challenges to the sector, as he freezes study abroad funding, battles against DEI legislation and moves to arrest or even deport international student protestors.

    Tess Wilkinson will be speaking at The PIE Live Europe at the PIEx Power Up Expanding horizons: accessing global education & opportunity via investment migration on March 11 at 16:00. Tickets are available online here.

    Source link

  • Una de cada cinco personas que proveen cuidado infantil es inmigrante.

    Una de cada cinco personas que proveen cuidado infantil es inmigrante.

    Nueve días después de que el presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas con medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, Damaris Alvarado-Rodríguez decidió cerrar un aula en una de sus guarderías en Filadelfia.

    A pesar de tener tarjetas de residencia, las maestras de ese salón de clases, en donde atienden a niños y niñas que tienen un año de edad, estaban demasiado nerviosas para ir a trabajar. Desde que Trump tomó posesión, sus funcionarios se han enfocado en Filadelfia y otras denominadas ciudades santuario donde se limita la cooperación en la aplicación de las leyes de inmigración. Los agentes de inmigración han estado presentes constantemente en los vecindarios donde están situados los tres centros de Alvarado-Rodríguez.

    “Tengo mucho miedo de cómo esto va a afectar a nuestros niños, familias y personal”, dijo.

    En un programa de cuidado infantil familiar en Albuquerque, Nuevo México, Maggie, de 47 años, quien fue abogada antes de emigrar desde México hace 10 años, también ha visto los rápidos efectos de las órdenes ejecutivas. Cinco de los 12 niños a su cuidado dejaron de presentarse. Maggie dijo a través de un intérprete que los padres deciden dejar a sus hijos pequeños con hermanos mayores o abuelos en lugar de con ella, es decir, que salen de casa solo para trabajar y así estar fuera del alcance de las autoridades lo más posible. (The Hechinger Report no utiliza los nombres completos de algunos de los entrevistados porque temen por su seguridad). 

    “Los padres dijeron: ‘Vamos a esperar a que las cosas se calmen’”, dijo Maggie.

    Relacionado: La educación es una labor de toda la vida. Suscríbete a nuestro boletín semanal gratuito, que incluye las noticias más importantes sobre el mundo de la educación.

    En Estados Unidos, 1 de cada 5 trabajadores de cuidado infantil es inmigrante. En ciudades grandes como Nueva York, los inmigrantes constituyen más del 40 % de la fuerza laboral de cuidado infantil. En Los Ángeles, es de casi el 50 %.

    “En la economía del cuidado infantil, los inmigrantes son la columna vertebral de este trabajo”, afirma Erica Phillips, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar. Estos educadores de la primera infancia se “dedican a prestar uno de los servicios más esenciales y con mayor impacto para los niños pequeños de todo el país”.

    Los expertos opinan que las órdenes ejecutivas de Trump amenazan dicha columna vertebral. Entre otros cambios, las órdenes amplían las normas sobre qué inmigrantes pueden ser deportados rápidamente, sin tener una audiencia; exigen que algunos no ciudadanos se registren y presenten huellas dactilares; y limitan los permisos de trabajo.

    Un patio de recreo en uno de los centros de cuidado infantil que Damaris Alvarado-Rodríguez dirige en Filadelfia. Alvarado-Rodríguez recientemente cerró una de las aulas porque varios maestros tenían miedo de ir a trabajar debido a posibles redadas de ICE. Credit: Image provided by Damaris Alvarado-Rodriguez

    Varios proveedores de cuidado infantil dijeron que la situación parece más grave que en años anteriores. La actual administración ha establecido cuotas diarias de aprehensiones de inmigrantes, lo que ha producido arrestos de más inmigrantes por día que el promedio bajo la administración anterior. Esto incluye a muchos sin antecedentes penales, que no eran el blanco de la ejecución de la ley bajo el expresidente Joe Biden. Asimismo, Trump ha impulsado medidas para terminar con el estatus legal de millones de personas pues propuso eliminar la ciudadanía por nacimiento.

    Estados Unidos no puede permitirse perder personal de cuidado infantil. Hay ya muchos programas que tienen problemas crónicos de rotación de trabajadores, lo que puede crear inestabilidad en las vidas de los niños y niñas a su cuidado. Las tasas de rotación en el sector de cuidado infantil son  65 % más altas que el promedio en otros sectores. Los salarios bajos (una trabajadora promedio de cuidado infantil gana 13,07 dólares la hora) dificultan la contratación de personal. A menudo, los cuidadores carecen de prestaciones y pueden ganar más al trabajar en restaurantes de comida rápida o en venta minorista. La pandemia debilitó la fuerza laboral, algo que se ha tardado en reponer. Para lidiar con la escasez de cuidadores infantiles, varios estados han intentado aprobar leyes que permitan a los adolescentes trabajar en dichas aulas. 

    “Ya estamos empezando desde un punto en el que no hay suficiente cuidado infantil, los programas están en apuros y la fuerza laboral ya está viviendo un estrés increíble”, dijo Lea Austin, directora ejecutiva del Centro para el Estudio del Empleo en el Cuidado Infantil de la Universidad de California en Berkeley. “Solo podemos esperar que esto vaya a devastar aún más todo el ecosistema de cuidado y educación temprana”.

    El país lleva mucho tiempo recurriendo a los inmigrantes para los trabajos de cuidado, incluido el cuidado infantil y otras labores como el cuidado de personas mayores. Los inmigrantes tienen mayor probabilidad de servir como cuidadores de “amistades, familiares y vecinos” al asumir acuerdos informales de atención donde hay flexibilidad y que son más populares entre padres de familia.

    Al desempeñar estas funciones de cuidado, los inmigrantes permiten que otros padres puedan trabajar. Se calcula que hay 142.000 inmigrantes indocumentados que trabajan como niñeras y asistentes de atención personal o de salud en el hogar en todo el país, lo que crea “un efecto multiplicador de productividad en toda la economía”, según una investigación del Center for American Progress. En la ciudad de Nueva York, la mayoría de las 14.000 niñeras de la ciudad son inmigrantes.

    Relacionado: ‘Hay una cultura de temor’: Estudiantes indocumentados agonizan ante comienzo del nuevo mandato de Trump

    En el norte de California, Adriana, una joven de 27 años que emigró de México hace dos años, dijo que quiere empezar a trabajar y que recientemente le ofrecieron un empleo en una compañía grande. No obstante, primero necesita encontrar una guardería para su bebé de 3 meses, y le preocupa que los funcionarios de inmigración la separen de su bebé. “Tengo miedo, sobre todo porque parece que podrán entrar en mi lugar de trabajo”, dijo a través de un intérprete. “Me preocupa dejar a mi bebé solo”.

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios. Una de las órdenes ejecutivas de Trump, firmada poco después de haber asumido el cargo, anuló las restricciones que impedían que ICE realice redadas en escuelas y programas de cuidado infantil.

     Las tarjetas rojas que ofrecen algunos programas de cuidado infantil y escuelas, como estas en un centro en Texas, tienen como objetivo ayudar a las familias a comprender sus derechos en caso de ser detenidas por agentes de inmigración. Credit: Jackie Mader/The Hechinger Report

    La política de inmigración puede tener un efecto paralizador en las comunidades, lo que hace que los inmigrantes eviten trabajos que podrían aumentar su visibilidad ante las autoridades, dijo Chris Herbst, profesor asociado de la Universidad Estatal de Arizona, que estudió el impacto de la política en el cuidado infantil entre 2008 y 2014. Debido a que el sistema de cuidado infantil de Estados Unidos depende tanto del trabajo de los inmigrantes, “los impactos son instantáneos”, añadió.

    En Albuquerque, Ana dirige un programa de cuidado infantil que atiende a 50 familias del área, la mayoría de las cuales son ciudadanas estadounidenses. Ana se fue de México en 2020 con su esposo y su hijo pequeño cuando la violencia aumentó en su estado natal de Sinaloa, y ahora le preocupa que la puedan deportar. Ese tipo de preocupación la comparte su personal: tres de sus 14 empleados han dejado de ir a trabajar por miedo a las redadas de inmigración.

    Recientemente, Ana y su esposo reunieron algunas pertenencias en caso de ser detenidos. Para prepararse, también han considerado certificar un documento de tutela encargando a su hijo de 3 años, que es ciudadano estadounidense, así como de su hijo de 8 años, que no es ciudadano, a un familiar. “Lo que nos motiva es mejorar la situación de nuestras familias, vivir en mejores lugares y aumentar las oportunidades para nuestros hijos”, dijo. “Esperamos que [los funcionarios de inmigración] persigan a los delincuentes y no intenten seguir o perseguir a personas que son buenas y trabajadoras”.

    Elida Cruz dirige un programa de cuidado infantil en el centro de California donde atiende a los hijos de trabajadores migrantes. Cruz opina que el miedo es palpable en algunos de los padres de familia; tanto ella como su esposo reparten víveres y transportan a los pequeños hacia y desde su programa de cuidado infantil para que los padres puedan limitar su tiempo fuera de casa. Su esposo escogió una palabra clave con una familia, la cual pronuncia tres veces para que los padres sepan que es seguro abrir la puerta.

    Relacionado: Las amenazas de deportación de Trump pesan sobre los grupos que ofrecen ayuda con la FAFSA

    Cruz, como muchas otras proveedoras de cuidado infantil, ha intentado educar a las familias inmigrantes sobre sus derechos al compartir con ellas recursos disponibles y entregarles “tarjetas rojas” que aconsejan a las personas sobre qué hacer si se les acercan agentes de inmigración. Además de preocuparse por los efectos en las familias y los niños, le preocupa qué sucederá si dichas familias se van. “Financieramente, sería la devastación de mi negocio”, dijo. “Tendría que cerrar. Me quedaría sin clientes, sin niños”, añadió. “Nuestros negocios se van a hundir porque todos dependemos de los trabajadores del campo”. 

    Puede que solo sea cuestión de tiempo: incluso los niños pequeños a su cargo parecen estar conscientes de que las cosas podrían cambiar en cualquier momento. “Es desgarrador ver las caritas de los niños, llenas de miedo”, dijo. Un niño preguntó si los agentes de inmigración vendrían a su centro.

    Cruz le dijo lo único que se le ocurrió, aunque sabía que era una mentira piadosa. 

    “Le dije: ‘¿Sabes por qué no van a venir aquí? … Porque ni siquiera tienen nuestra dirección, así que no saben que estamos aquí, mijo’”. 

    Camilla Forte contribuyó con el reportaje.

    Comunícate con Jackie Mader al 212-678-3562 o [email protected]

    Este artículo sobre el cuidado infantil fue producido por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbete a nuestro boletín de noticias.

    The Hechinger Report provides in-depth, fact-based, unbiased reporting on education that is free to all readers. But that doesn’t mean it’s free to produce. Our work keeps educators and the public informed about pressing issues at schools and on campuses throughout the country. We tell the whole story, even when the details are inconvenient. Help us keep doing that.

    Join us today.

    Source link

  • Parents, Medical Providers, Vaccine Experts Brace for RFK Jr.’s HHS Takeover – The 74

    Parents, Medical Providers, Vaccine Experts Brace for RFK Jr.’s HHS Takeover – The 74


    Get stories like this delivered straight to your inbox. Sign up for The 74 Newsletter

    While Robert F. Kennedy Jr. ‘s Senate confirmation to head the Department of Health and Human Services was not unexpected, it still shook medical providers, public health experts and parents across the country. 

    Mary Koslap-Petraco, a pediatric nurse practitioner who exclusively treats underserved children, said when she heard the news Thursday morning she was immediately filled with “absolute dread.”

    Mary Koslap-Petraco is a pediatric nurse practitioner and Vaccines for Children provider. (Mary Koslap-Petraco)

    “I have been following him for years,” she told The 74. “I’ve read what he has written. I’ve heard what he has said. I know he has made a fortune with his anti-vax stance.”

    She is primarily concerned that his rhetoric might “scare the daylights out of people so that they don’t want to vaccinate their children.” She also fears he could move to defund Vaccines for Children, a program under the Centers for Disease Control and Prevention that provides vaccines to kids who lack health insurance or otherwise wouldn’t be able to afford them. While the program is federally mandated by Congress, moves to drain its funding could essentially render it useless.

    Koslap-Petraco’s practice in Massapequa Park, New York relies heavily on the program to vaccinate pediatric patients, she said. If it were to disappear, she asked, “How am I supposed to take care of poor children? Are they supposed to just die or get sick because their parents don’t have the funds to get the vaccines for them?” 

    And, if the government-run program were to stop paying for vaccines, she said she’s terrified private insurance companies might follow suit. 

    Vaccines for Children is “the backbone of pediatric vaccine infrastructure in the country,” said Richard Hughes IV, former vice president of public policy at Moderna and a George Washington University law professor who teaches a course on vaccine law.

    Kennedy will also have immense power over Medicaid, which covers low-income populations and provides billions of dollars to schools annually for physical, mental and behavioral health services for eligible students.

    If Kennedy moves to weaken programs at HHS, which experts expect him to do, through across-the-board cuts in public health funding that trickle down to immunization programs or more targeted attacks, low-income and minority school-aged kids will be disproportionately impacted, Hughes said. 

    “I just absolutely, fundamentally, confidently believe that we will see deaths,” he added.

    Anticipating chaos and instability

    Following a contentious seven hours of grilling across two confirmation hearings, Democratic senators protested Kennedy’s confirmation on the floor late into the night Wednesday. The following morning, all 45 Democrats and both Independents voted in opposition and all but one Republican — childhood polio survivor Mitch McConnell of Kentucky — lined up behind President Donald Trump’s pick.

    James Hodge, a public health law expert at Arizona State University’s Sandra Day O’Connor College of Law, said that while it was good to see senators across the political spectrum asking tough questions and Kennedy offering up some concessions on vaccine-related policies and initiatives, he’s skeptical these will stick.

    “Whatever you’ve seen him do for the last 25 to 30 years is a much, much greater predictor than what you saw him do during two or three days of Senate confirmation proceedings,” Hodge said. “Ergo, be concerned significantly about the future of vaccines, vaccine exemptions, [and] how we’re going to fund these things.”

    Hodge also said he doesn’t trust how Kennedy will respond to the consequences of a dropoff in childhood vaccines, pointing to the current measles outbreak in West Texas schools.

    “The simple reality is he may plant misinformation or mis-messaging,” he said.

    During his confirmation hearings, Kennedy tried to distance himself from his past anti-vaccination sentiments stating, “News reports have claimed that I am anti-vaccine or anti-industry. I am neither. I am pro-safety … I believe that vaccines played a critical role in health care. All of my kids are vaccinated.”

    He was confirmed as Linda McMahon, Trump’s nominee to head the Department of Education, was sitting down for her first day of hearings. At one point that morning, McMahon signaled an openness to possibly shifting enforcement to HHS of the Individuals with Disabilities Education Act — a federal law dating back to 1975 that mandates a free, appropriate public education for the 7.5 million students with disabilities — if Trump were to succeed in shutting down the education department.

    This would effectively put IDEA’s $15.4 billion budget under Kennedy’s purview, further linking the education and public health care systems.

    In a post on the social media site BlueSky, Randi Weingarten, president of the American Federation of Teachers, wrote she is “concerned that anyone is willing to move IDEA services for kids with disabilities into HHS, under a secretary who questions science.”

    Keri Rodrigues, president of the National Parents Union and a parent of a child with ADHD and autism, told The 74 the idea was “absolutely absurd” and would cause chaos and instability. 

    Kennedy’s history of falsely asserting a link between childhood vaccines and autism — a disability included under IDEA coverage — is particularly concerning to experts in this light.

    “You obviously have a contingent of kids who are beneficiaries of IDEA that are navigating autism spectrum disorder,” said Hughes, “Could [we] potentially see some sort of policy activity and rhetoric around that? Potentially.”

    Vaccines — and therefore HHS — are inextricably linked to schools. Currently, all 50 states have vaccine requirements for children entering child care and schools. But Kennedy, who now has control of an agency with a $1.7 trillion budget and 90,000 employees spread across 13 agencies, could pull multiple levers to roll back requirements, enforcements and funding, according to The 74’s previous reporting. And Trump has signaled an interest in cutting funding to schools that mandate vaccines.

    “There’s a certain percentage of the population that is focused on removing school entry requirements,” said Northe Saunders, executive director of the pro-vaccine SAFE Communities Coalition. “They are loud, and they are organized and they are well funded by groups just like RFK Jr.’s Children’s Health Defense.”

    Kennedy will also have the ability to influence the makeup of the committees that approve vaccines and add them to the federal vaccine schedule, which state legislators rely on to determine their school policies. Hodge said one of these committees is already being “re-organized and re-thought as we speak.”

    “With him now in place, just expect that committee to start really changing its members, its tone, the demeanor, the forcefulness of which it’s suggesting vaccines,” he added.

    Hughes, the law professor, said he is preparing for mass staffing changes throughout the agency, mirroring what’s already happened across multiple federal departments and agencies in Trump’s first weeks in office. He predicts this will include Kennedy possibly asking for the resignations “of all scientific leaders with HHS.” 

    Kennedy appeared to confirm that he was eyeing staffing cuts Thursday night during an appearance on Fox News’s “The Ingraham Angle.”

    “I have a list in my head … if you’ve been involved in good science, you have got nothing to worry about,” Kennedy said.


    Get stories like these delivered straight to your inbox. Sign up for The 74 Newsletter

    Source link

  • Stephen Rohde: Federal court rejects lawsuit by Jewish parents and teachers that labelled an ethnic studies curriculum ‘anti-Semitic’ and ‘anti-Zionist’ – First Amendment News 452

    Stephen Rohde: Federal court rejects lawsuit by Jewish parents and teachers that labelled an ethnic studies curriculum ‘anti-Semitic’ and ‘anti-Zionist’ – First Amendment News 452

    From time to time, we here at FAN post op-eds on various timely issues. One such issue is who decides what is taught in public schools and what are the applicable constitutional restraints placed on attempts to restrict teachers’ educational objectives. A recent court ruling in Concerned Jewish Parents & Teachers of Los Angeles v. Liberated Ethnic Studies Model Curriculum Consortium, et al. (Cen. Dist., Nov. 30, 2024) places this issue in bold relief. 

    In the piece below, Stephen Rohdea First Amendment authority, analyzes the case and the First Amendment issues raised in it. 

    News items and the Supreme Court’s docket follow the op-ed. – rklc


    Stephen Rohde

    An important recent court ruling rejected attempts by Jewish parents and teachers in the Los Angeles Unified School District to remove an ethnic studies curriculum they labelled “anti-Semitic” and “anti-Zionist.” On Nov. 30, 2024, a federal judge reaffirmed that a system of education “which discovers truth out of a multitude of tongues” must allow teachers and their students “to explore difficult and conflicting ideas.” 

    In his 49-page ruling, U.S. District Judge Fernando M. Olguin wrote: “[W]e must be careful not to curb intellectual freedom by imposing dogmatic restrictions that chill teachers from adopting the pedagogical methods they believe are most effective.” Moreover, he stressed that “teachers must be sensitive to students’ personal beliefs and take care not to abuse their positions of authority,” but they “must also be given leeway to challenge students to foster critical thinking skills and develop their analytical abilities” (citing C.F. ex rel. Farnan v. Capistrano Unified Sch. Dist. (9th. Cir., 2019)).

    An international controversy

    The lawsuit (filed by Lori Lowenthal Marcus and Robert Patrick Sticht) came in the midst of a national — and indeed international — debate surrounding who controls the telling of the complicated history of Israel and the Palestinians and how criticism of Israel and its policies is being attacked with epithets such as “anti-Semitism” and “anti-Zionism.” It was an unprecedented attempt to convince a federal court to force the second largest public school system in the United States to adopt a single, one-sided interpretation of the hotly-contested political, religious, legal, military, and cultural histories of Judaism (spanning thousands of years), Zionism (which emerged in the late nineteenth century), and the State of Israel (founded in 1948). And all of this has been marked throughout the years by an endless variety of shifting perspectives by Jews and non-Jews alike.

    Lori Lowenthal Marcus

    Lori Lowenthal Marcus (Plaintiff’s counsel)

    Not incidentally, the ruling also represents a welcome rebuke to the efforts of Republican state legislators and conservative parent groups to restrict the teaching of comprehensive American and world history in public schools. This campaign includes attempts to ban books that examine racism, sexism, and LGBTQ issues as well as their efforts to eliminate programs that seek to ensure diversity, equity, and inclusion in American education.

    The LAUSD lawsuit is part of a well-financed, well-resourced campaign in the United States and around the world to impose an official, dogmatic pro-Israel narrative not only on Israel’s current war in Gaza and the West Bank, but on its entire 76-year history, and to silence any contrary or pro-Palestinian perspectives in the name of fighting “anti-Semitism.” 

    Ominous nature of lawsuit

    The ominous nature of the lawsuit can be seen in the breathtakingly overbroad injunction the plaintiffs had requested. Had it been granted, the injunction, as described in the plaintiffs’ own words, would have enlisted the powerful authority of a federal court to require the indoctrination of an entire school district, and all of its teachers and students, with false, misleading, highly-contested, and controversial claims, by prohibiting the following: 

    [A]ny language, in any teaching materials, asserting that Zionism is not a Jewish belief; denouncing the Jewish belief in the land of Israel as the land promised by God to the Jewish people, or the Jewish belief in Zionism, or asserting that the State of Israel, as the Nation-State of the Jewish people, is illegitimate, or asserting as a fact that the Jewish State is guilty of committing such horrific crimes against others as ethnic cleansing, land theft, apartheid or genocide, or that the Jewish people are not indigenous to the land of Israel or to the Middle East, or denying the State of Israel the right to self-defense; and/or denying the historical or religious connection between the Jewish people and the land of Israel.

    Had this handful of parents and teachers succeeded, more than 24,000 LAUSD teachers would have been forced by court order to teach more than 565,000 students the single dogma that Zionism, a movement that emerged a little over a hundred years ago, is “a Jewish belief,” when in fact there is a wide diversity of views among Jews on the issue of Zionism.

    In addition, if the injunction had been granted, all LAUSD teachers would have been banned by law from teaching or debating, for example, the fact that in Feb. 2022 Amnesty International issued a comprehensive 280-page investigative report entitled “Israel’s Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity. As its title indicates, this report “analysed Israel’s intent to create and maintain a system of oppression and domination over Palestinians and examined its key components: territorial fragmentation; segregation and control; dispossession of land and property; and denial of economic and social rights.” The report then concluded that “Israel imposes a system of oppression and domination against Palestinians across all areas under its control: in Israel and the OPT [Occupied Palestinian Territory], and against Palestinian refugees, in order to benefit Jewish Israelis,” which “amounts to apartheid as prohibited in international law.”

    And if the plaintiffs had had their way, all LAUSD teachers would have been breaking the law if they taught that on Jan. 26, 2024, the United Nations International Court of Justice issued a detailed ruling, which found it “plausible” that Israel has committed “acts of genocide” that violated the Genocide Convention and ordered Israel to ensure that the IDF not commit any of the acts of genocide prohibited by the convention.

    And all those teachers would have been prohibited from teaching that on Nov. 21, 2024, the International Criminal Court issued arrest warrants against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, former Minister of Defence of Israel, accusing them of being “responsible for the war crimes of starvation as a method of warfare and of intentionally directing an attack against the civilian population; and the crimes against humanity of murder, persecution, and other inhumane acts from at least 8 October 2023 until at least 20 May 2024.”

    The plaintiffs and their lawsuit

    In May 2022 a group calling itself “Concerned Jewish Parents and Teachers of Los Angeles,” comprised of what the lawsuit called “Jewish, Zionist” teachers in the LAUSD and “Jewish, Zionist” parents of students in the LAUSD, sued the school district, the United Teachers of Los Angeles, its president Cecily Myart-Cruz, the Liberated Ethnic Studies Model Curriculum Consortium, the Consortium’s secretary Theresa Montaño, and Guadalupe Carrasco, its co-founder. The defendants were represented by Mark Kleiman.

    As summarized by Judge Olguin, the plaintiffs claimed that the ethnic studies curriculum “denounces capitalism, the nuclear family, and the territorial integrity of the lower 48 states of the United States[,]” and is designed “to expunge the idea of Zionism, and the legitimacy of the existence of the State of Israel, from the public square[.]” They claimed that the challenged curriculum “seeks to make it unsafe and ultimately impossible for any person to express Zionist ideas or Zionist commitment in public in general and within LAUSD public schools in particular.”

    In addition to taking issue with the content of the challenged curriculum, the plaintiffs decried the individual defendants’ support for the challenged curriculum. According to the plaintiffs: “Defendants are injecting their views into the LAUSD curriculum” and “disseminating [the challenged curriculum] to teachers throughout Los Angeles” under the authority of the LAUSD, and “at times through stealth[.]” Plaintiffs also alleged that the defendants supported or participated in workshops that “led teachers to bring the [challenged curriculum] to their own classrooms.”

    It is noteworthy that the plaintiffs did acknowledge that the LAUSD “has the right to control the content of all Ethnic Studies classes taught in LAUSD schools” and specifically admitted that the LAUSD “has ultimate control over and responsibility for the use and public disclosure of any teaching materials in Los Angeles public schools other than those materials whose use is directed by the California State Board of Education.”

     Mark Kleiman

     Mark Kleiman (Defense counsel)

    The plaintiffs also conceded that the challenged curriculum had not been formally adopted by LAUSD, but nevertheless they claimed that they “are being harmed” and “will be harmed” by it. And they alleged that the challenged curriculum is being taught by at least two LAUSD teachers, one of whom is currently “using the LESMC including the discriminatory, hateful material on Israel at issue in this case.” Additionally, they alleged that defendant Cardona confirmed that “she is teaching from LESMC materials and would continue doing so in her LAUSD classroom.”

    As for their legal claims, the plaintiffs alleged that the challenged curriculum is “discriminatory” and violates their rights under the Equal Protection Clauses of the U.S. Constitution and California Constitution, the Free Exercise Clause of the U.S. Constitution, Title VI of the Civil Rights Act, and California Education Code.

    The court ruling

    At the outset of his decision, Judge Olguin called the lawsuit “confusing” and noted that the complaint is “difficult to understand and contains a morass of largely irrelevant — and sometimes contradictory — allegations, few of which state with any degree of clarity precisely what plaintiffs believe defendants have done or, more importantly, how plaintiffs have been harmed.” He pointed out that the lack of clarity was particularly troubling given that this was the plaintiffs’ fourth attempt to allege a valid complaint.

    The lack of standing issue

    Addressing threshold procedural issues, Judge Olguin found that the plaintiffs did not have standing to bring the lawsuit in the first place and that their claims were not ripe for adjudication. He observed that the “essence of plaintiffs’ alleged injuries appears to be that they are aware of the challenged curriculum, disagree with it, and fear it will be adopted or used in LAUSD classrooms.” But he found “it is far from clear that learning about Israel and Palestine or encountering teaching materials with which one disagrees constitutes an injury, citing long-standing Supreme Court and appellate precedents.” And he found that neither the parent-plaintiffs nor the teacher-plaintiffs identified “any personal injury suffered by them as a consequence of the alleged constitutional error.” Plaintiffs may not “sue merely because their legal objection is accompanied by a strong moral, ideological, or policy objection to a [purported] government action.” In other words, “the individual plaintiffs’ potential exposure to ideas with which they disagree is insufficient to support standing.”

    At its core, plaintiffs’ lawsuit sought to have the court “weigh in on whether instruction that may be critical of Zionism or Israel is antisemitic.” Judge Olguin recognized that courts do on occasion determine whether beliefs are religious in nature and whether they are sincerely held, but here, without a justiciable case or controversy that presented a cognizable, redressable injury, he could not — and would not — entertain “a generalized grievance.”

    Throughout his decision, Judge Olguin relied heavily on the Ninth Circuit appellate decision in Monteiro v. Tempe Union School District (1998). In that case, a parent sued a school district, on behalf of her daughter and other Black students, over the high-school curriculum’s inclusion of certain literary works, such as The Adventures of Huckleberry Finn and A Rose for Emily. The plaintiff in that case argued that because these works contain racially derogatory terms, their inclusion in the curriculum violated the Black students’ rights under the Equal Protection Clause. The Ninth Circuit rejected this argument and held that “objections to curriculum assignments cannot form the basis of a viable Equal Protection claim, because curriculum decisions must remain the province of school authorities.” Absent an allegation of an underlying racist policy, “plaintiffs cannot challenge the assignment of material deemed to have educational value by school authorities.” 

    In Monteiro, no underlying racist policy was found. Similarly, in the LAUSD case, Judge Olguin found that the plaintiffs “do not allege the existence of an underlying racist policy; instead, they challenge unspecified portions of a hypothetical curricular offering.” Although the plaintiffs asserted that they were targeting a curriculum “infected from top to bottom with racism and bias[,]” they did not direct the court to any allegations that supported their assertion. Nor were there any allegations to support an inference of a discriminatory policy. Thus, the lawsuit was a direct attack on curricula, and under Monteiro, “absent evidence of unlawful intentional discrimination, parents are not entitled to bring Equal Protection claims challenging curriculum content.”

    Failure to raise a free exercise claim

    Judge Olguin also found that the plaintiffs failed to allege a violation of their right to the free exercise of religion. According to the Supreme Court, “a plaintiff may carry the burden of proving a free exercise violation in various ways, including by showing that a government entity has burdened his sincere religious practice pursuant to a policy that is not neutral or generally applicable.” But the courts have also held that “offensive content” that “does not penalize, interfere with, or otherwise burden religious exercise does not violate Free Exercise rights,” even where such content contains material that plaintiffs may find “offensive to their religious beliefs.”

    In the LAUSD case, the plaintiffs did not allege that they “have somehow been prevented from practicing their faith, or that the parent-plaintiffs have been barred in any way from instructing their children at home.” In effect, the only hardship plaintiffs alleged was that the existence of the challenged curriculum — and its possible adoption — offended them. “But mere offense is insufficient to allege a burden on religious exercise,” stated Judge Olguin, citing court decisions holding that class materials offensive to Hindu or Muslim plaintiffs did not violate Free Exercise Clause. As Chief Judge Pierce Lively put it in a 1987 case: “[D]istinctions must be drawn between those governmental actions that actually interfere with the exercise of religion, and those that merely require or result in exposure to attitudes and outlooks at odds with perspective prompted by religion.”

    It is important to note that Judge Olguin could have simply found that the plaintiffs lacked standing to bring the lawsuit and dismissed it entirely. Instead, he went on to explain that even if the plaintiffs had established standing, they could not overcome the “significant First Amendment” obstacles their complaint presented. Because the non-LAUSD defendants are private parties, their speech and conduct are protected by the First Amendment. The court “cannot enjoin private parties from expressing their views on what an ethnic studies curriculum should or should not contain, let alone from using any ‘elements’ of the challenged curriculum, because doing so would violate the First Amendment.”

    Three First Amendment issues

    Judge Olguin then explained in detail the various First Amendment violations that the plaintiffs’ requests raised: 

    First, plaintiffs “take issue with the non-District defendants’ forms of discussion, expression, and petitioning in relation to the challenged curriculum,” such as “various UTLA and Consortium activities, including funding, supporting, promoting, and hosting of workshops and events that discuss Palestine and Israel.” The plaintiffs sought to have the court impose restrictions on the non-District defendants’ protected speech by requesting an injunction “prohibiting all Defendants from using the elements of the LESMC at issue in this case . . . in any training sessions funded by public funds, or for which salary points are awarded by LAUSD. 

    Judge Olguin made it clear, however, that “the non-District defendants have a right to express their views about the curriculum under the First Amendment and to petition for curricular changes.” And he went even further: “[E]ven if teaching the challenged curriculum were unlawful, and the non-District defendants encouraged the material to be taught, the non-District defendants’ activities would be protected, as plaintiffs have not alleged incitement to imminent lawlessness action.”

    Second, the plaintiffs had relied on the seminal 1969 Supreme Court decision in Brandenburg v. Ohio, arguing that the court may “prevent a speaker from counseling the commission of imminent lawless action [by LAUSD] when such counseling is likely to incite or produce such action.” But Judge Olguin found there were “no plausible allegations” in the complaint “to support such an assertion.” And in any event, “the assertion conflicts with plaintiffs’ contention that they, for example, ‘do not claim that UTLA is acting wrongfully by petitioning the government to include the challenged materials in the classroom, or to discuss with others what the curriculum should be or whether the law should be changed to allow Defendants to teach what they want.” Indeed, according to plaintiffs, “[t]here is no claim that it is illegal for UTLA to speak to teachers about Ethnic Studies and there is no request that this Court order UTLA to stop doing so.” Nor is there any claim “that the law is violated by Defendants’ conduct of seminars showing teachers how to teach [the challenged curriculum], and no relief is sought from the Court asking anyone to stop conducting such seminars.”

    Third, plaintiffs specifically targeted “classroom expression by public school teachers, on the clock and paid for with public money” and asked the court to enjoin LAUSD teachers from teaching the challenged curriculum.

    Judge Olguin held that “this request raises serious concerns about the First Amendment and principles of academic freedom.” Although high school teachers do not have freedom of speech to the full extent of the First Amendment, nonetheless according to Monteiro, there is no doubt that “allowing the judicial system to process complaints that seek to enjoin or attach civil liability to a school district’s assignment of” curricular material could have broader, potentially chilling effects on speech. In other words, “while teachers’ speech rights in the classroom may be reasonably abridged by their employers, such limitations are fundamentally different than speech restrictions imposed by a court at the behest of a group of private citizens.” 

    He added: “[S]tudents have a right to receive information and ‘lawsuits threatening to attach civil liability on the basis of the assignment of [curricular material] would severely restrict a student’s right to receive material that his school board or other educational authority determines to be of legitimate educational value,’” citing Monteiro.

    Judge Olguin recognized that “determining the content of curricula is a complicated, important matter, and it is for this reason that school boards generally retain broad discretion in doing so.” He stressed that “teachers must have some discretion and academic freedom in implementing and teaching the curriculum,” because “teachers and students must always remain free to inquire, to study and to evaluate, to gain new maturity and understanding.” He also warned that “it would be of great concern for the educational project and for academic freedom if every offended party could sue every time they did not like a curriculum or the way it was taught.”

    Teaching provocative and challenging ideas is painful but necessary

    Citing a 1949 Supreme Court decision that recognized that “[s]peech is often provocative and challenging,” Judge Olguin recognized that while the plaintiffs clearly considered the challenged curriculum to be “provocative and challenging,” nonetheless, “our legal tradition recognizes the importance of speech and other expressive activity even when — perhaps especially when — it is uncomfortable or inconvenient.”

    Consequently, Judge Olguin dismissed all of plaintiffs’ claims with prejudice, preventing them from filing a fifth amended complaint.

    No doubt the Jewish parents and teachers who brought this lawsuit were deeply concerned that their children and students would be exposed to sharply different and indeed highly negative perspectives about the State of Israel and the nature and history of Zionism — perspectives that conflict with what may have been taught at home. But when it comes to public education in America, no particular group of parents or teachers can restrict the curriculum designed for all students based on their personal views or because they are offended by some aspect of the curriculum.

    “At their best, public schools in the United States serve to produce a literate and informed citizenry imbued not only with knowledge but with a spirit of inquiry,” according to Jonathan Friedman, Director of Free Expression and Education at PEN America. “Diversity of thought has been the core of our pluralistic identity, and free expression — one of the central tenets of American democracy — is an essential value that ensures both the quality of our children’s education and the ability of our schools to prepare them to become engaged citizens in an increasingly complex world.”

    Friedman went on to explain that while there is no question that “parents have a central role in guiding, supporting, nurturing, and educating their children,” the so-called “parents’ rights” movement seeks to elevate “individual parents’ beliefs or preferences over the rights of all other parents.” He also noted that in many parts of the country, “individual parents are demanding the removal of books from schools they find unfavorable.” But in the United States, “it has been an abiding principle of our democracy to side with free speech over those who wish to restrict it. The freedom to learn, the freedom to read, and the freedom to think are inextricably bound.”

    “Preventing students from learning about the real world won’t protect them from it,” Friedman pointed out. Students “don’t deserve a chilled environment where teachers are unable to speak honestly for fear of upsetting any one parent.”

    Thirty-three years ago, the American Association of University Professors reiterated its long-held view that the “freedom of thought and expression” upon which education is based “often inspires vigorous debate on those social, economic, and political issues that arouse the strongest passions. In the process, views will be expressed that may seem to many wrong, distasteful, or offensive. Such is the nature of freedom to sift and winnow ideas.”

    The AAUP reminded us that on “a campus that is free and open, no idea can be banned or forbidden. No viewpoint or message may be deemed so hateful or disturbing that it may not be expressed.”

    The debate over Israel, Zionism, and the Palestinians, like all debates on serious issues, will not be resolved by convincing courts to mandate the views of one side or to silence the voices of the other side. The debate must be a free and open discussion informed by a rigorous and unflinching examination of history that respects the human rights and dignity of everyone.


    Sixth Circuit rules FCC lacked the authority to reinstate Net Neutrality rules

    A federal appeals court struck down the Federal Communications Commission’s landmark net neutrality rules on Thursday, ending a nearly two-decade effort to regulate broadband internet providers as utilities.

    The U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit, in Cincinnati, said the F.C.C. lacked the authority to reinstate rules that prevented broadband providers from slowing or blocking access to internet content. In its opinion, a three-judge panel pointed to a Supreme Court decision in June, known as Loper Bright, that overturned a 1984 legal precedent that gave deference to government agencies on regulations.

    “Applying Loper Bright means we can end the F.C.C.’s vacillations,” the court ruled.

    The court’s decision put an end to the Biden administration’s hallmark tech policy, which had drawn impassioned support from consumer groups and tech giants like Google and fierce protests from telecommunications giants like Comcast and AT&T.

    Levine and Schafer on ‘central meaning of the First Amendment’

    Last month, Carson Holloway argued in Law & Liberty’s forum on New York Times v. Sullivan that the Supreme Court “owes it to the nation” to reconsider and ultimately overrule this defining First Amendment case. He has made this argument in Law & Liberty before. He is mistaken.

    Sullivan declared that the First Amendment has a “central meaning”: that citizens in a democracy have a right to criticize government officials without fear of ruin. The Court made this principle a reality by establishing the “actual malice” requirement. Before enforcing a damages judgment or sending a citizen to jail, courts going forward were to require clear and convincing proof that the alleged defamer of a public official published the defamatory statement knowing it was false or with a high degree of awareness of its probable falsity.

    The rule has proven a potent protection for press freedom. But for Holloway, it is a modern invention that is not “based on the original understanding of the First Amendment.” We agree with Angel Eduardo that this argument is “at best . . . highly contested.” Having spent our careers defending press freedom (in the case of one of us, that includes two trips to the Supreme Court), we write to explain what exactly Holloway got wrong.

    Initially, Holloway’s originalism argument is a red herring. The defamation tort is a creature of state law and the First Amendment at the Founding only imposed limits on the federal government. (It is noteworthy, though, that Madison viewed his unsuccessful amendment that would have prohibited state infringements on liberty of the press as more valuable than the First Amendment.) So it should be expected that there is no evidence that the Founding generation understood the First Amendment as a limit on state libel law. (Even so, Jefferson, perhaps anticipating the Sedition Act of 1798, thought the First Amendment ought to impose limits on libel.)

    The TikTok case

    More in the News

    2024-2025 SCOTUS term: Free expression and related cases

    Cases decided

    • Villarreal v. Alaniz (Petition granted. Judgment vacated and case remanded for further consideration in light of Gonzalez v. Trevino, 602 U. S. ___ (2024) (per curiam))
    • Murphy v. Schmitt (“The petition for a writ of certiorari is granted. The judgment is vacated, and the case is remanded to the United States Court of Appeals for the Eighth Circuit for further consideration in light of Gonzalez v. Trevino, 602 U. S. ___ (2024) (per curiam).”)

    Review granted

    Pending petitions

    Petitions denied

    Last scheduled FAN

    FAN 451: “Media on the run: A sign of things to come in Trump times?

    This article is part of First Amendment News, an editorially independent publication edited by Ronald K. L. Collins and hosted by FIRE as part of our mission to educate the public about First Amendment issues. The opinions expressed are those of the article’s author(s) and may not reflect the opinions of FIRE or Mr. Collins.

    Source link

  • Major parent survey reveals widespread dissatisfaction with state’s schools

    Major parent survey reveals widespread dissatisfaction with state’s schools

    A new survey of more than 400 New Mexico parents of school-aged children shows widespread dissatisfaction with the state’s public schools, that communication gaps between schools and parents are a serious concern, and that many parents have misperceptions about their children’s academic achievement.

    Results of the survey, “The State of Educational Opportunity in New Mexico,” were released Oct. 2 by NewMexicoKidsCAN, an education advocacy organization (and parent organization of New Mexico Education), focused on improving New Mexico’s public education system.

    The state survey was part of a national report authored by 50CAN, of which NewMexicoKidsCan is an affiliate. 50CAN is “focused on building the future of American education,” according to the organization’s website. That 214-page report, “The State of Educational Opportunity in America” provides a deep, 50-state dive into parental views of public education in their home states.

    Researchers surveyed more than 20,000 parents across the country, making it one of the largest education-focused surveys of parents in the past decade. This survey explores the ecosystem of educational opportunities inside and outside of school, and how they interrelate and impact a child’s success.

    “With such a large sample size, we are able to dig into the findings by state and across a range of important audiences. By making the findings publicly available, this is a gift of data that can inform conversations among communities and elected officials.” said Pam Loeb, Principal at Edge Research.

    The New Mexico survey provides insight into the educational opportunities available to children across New Mexico.

    The New Mexico survey uncovered key findings, including:

    • Parental dissatisfaction is widespread: Only about a third of New Mexico parents say they are “very satisfied” with their child’s school. Nationally, 45 percent of parents reported high satisfaction. New Mexico was one of the lower-ranked states in terms of parental satisfaction.
    • Communication Gaps Between Schools and Parents: Only 29% of New Mexico parents report feeling extremely confident in understanding their child’s academic progress ranking New Mexico second to last in the nation. 
    • Misperceptions about Student Achievement: 41% of New Mexico parents believe their child is above grade level in reading, yet state assessments show only 39% of students are reading at grade level. 
    • Afterschool Programs Show Promise: New Mexico ranks 22nd nationally in student participation in supervised afterschool programs, surpassing 28 other states. This success is likely attributed to increased state investments through the Extended Learning Time Program, which may have boosted overall participation rates.

    “This survey amplifies the voices of New Mexico parents,” said Amanda Aragon, Executive Director of NewMexicoKidsCAN. “The results reveal significant misperceptions about student performance, serious communication gaps between schools and parents, and widespread concerns about school satisfaction. 

    “It’s clear that many parents are not getting the information they need about their children’s academic progress. We must do more to close this communication gap and empower parents to be true partners in their child’s education.”

    “With such a large sample size, we are able to dig into the findings by state and across a range of important audiences. By making the findings publicly available, this is a gift of data that can inform conversations among communities and elected officials.” said Pam Loeb, Principal at Edge Research.

    Source link

  • 15 Toxic Things Parents Say to their Children (2024)

    15 Toxic Things Parents Say to their Children (2024)

    Parents play a crucial role in shaping their children’s self-esteem and emotional well-being. However, certain words and behaviors can unintentionally cause harm, leading to long-lasting emotional damage.

    Toxic remarks or actions, whether intentional or not, can make children feel unworthy, insecure, or neglected.

    In this article, we’ll explore specific examples of harmful things parents might say or do and how these behaviors can negatively impact a child’s development.

    Toxic Things Parents Say to their Children

    1. Dismissing Accomplishments

    Example: “Oh, you got a B? That’s not impressive, anyone can do that.”

    Explanation: Dismissing a child’s achievements, no matter how small, invalidates their efforts and can make them feel like nothing they do is ever good enough. This constant dismissal leads to a lack of motivation and self-confidence, as the child internalizes that their hard work or success will never be acknowledged or appreciated by those they seek validation from the most.

    2. Playing Favorites

    Example: “Your sister is my favorite because she never gives me trouble like you do.”

    Explanation: Playing favorites creates rivalry and animosity between siblings and fosters resentment in the child who feels less loved. This favoritism can lead to long-lasting emotional scars, causing the unfavored child to constantly seek approval or attention in unhealthy ways. It erodes trust and connection in the parent-child relationship, as the child feels unworthy of their parent’s affection.

    3. Undermining Confidence

    Example: “You’ll never be able to do that. Why even try?”

    Explanation: Telling a child they aren’t capable of something kills their confidence and discourages them from trying new things. This type of remark plants seeds of self-doubt, making the child feel incompetent or inferior. Over time, the child may start to believe that they aren’t capable of success, leading to low self-esteem and a fear of failure.

    4. Public Shaming

    Example: “Why can’t you act right? You’re embarrassing me in front of everyone!”

    Explanation: Publicly shaming a child humiliates them and damages their sense of self-worth. It turns the focus from correcting behavior to making the child feel ashamed of who they are, especially when it happens in front of others. This approach not only harms their self-esteem but also teaches them that mistakes are something to hide, rather than opportunities to learn and grow.

    5. Threatening Abandonment

    Example: “If you don’t behave, I’ll just leave you here.”

    Explanation: Threatening to abandon a child, even in jest, can create deep fears of abandonment and insecurity. It undermines the child’s trust in their parents and can cause long-lasting emotional trauma. Children rely on their parents for safety and security, and threatening to remove that support can lead to anxiety and a fear of being unloved or unwanted.

    6. Silent Treatment

    Example: Ignoring the child for days after they’ve done something wrong.

    Explanation: The silent treatment is a form of emotional manipulation and punishment that isolates the child, leaving them to feel abandoned and confused. Instead of resolving conflict in a healthy way, this behavior teaches the child that love and attention are conditional. It can create anxiety, a fear of confrontation, and a deep sense of insecurity in their relationship with their parents.

    7. Critiquing everyday Actions

    Example: “Why are you always so lazy? Don’t you care about anything?”

    Explanation: This type of question is designed to provoke shame rather than address the behavior. It paints the child as inherently flawed instead of focusing on the specific issue. This can lead to feelings of guilt, frustration, and confusion about their identity, as the child is made to feel their actions are linked to their worth as a person.

    8. Commenting Negatively about Their Appearance

    Example: “You’d be so much prettier if you lost some weight.”

    Explanation: Comments like this damage a child’s self-esteem and body image, making them feel inadequate. Constant criticism of appearance can lead to long-term issues like body dysmorphia, eating disorders, and self-worth problems. Children begin to internalize that their value is tied to their looks, rather than who they are.

    9. Unhealthy Comparisons

    Example: “Why can’t you be more like your brother? He always gets good grades.”

    Explanation: Comparing a child to a sibling or peer can cause resentment, insecurity, and a constant feeling of inadequacy. This type of remark fosters competition rather than support, leaving the child feeling that no matter what they do, they will never measure up. Over time, it can damage self-esteem and create unnecessary tension within the family dynamic.

    10. Overreacting to Mistakes

    Example: “I can’t believe you did that! You’ve ruined everything!”

    Explanation: Overreacting to a child’s mistake makes them feel like their errors define them and are unforgivable. This kind of extreme response can cause the child to fear failure or mistakes, leading them to become overly cautious or anxious. It also discourages them from taking risks or trying new things, as they begin to associate making mistakes with extreme disappointment and anger from their parents.

    11. Empty Promises

    Example: “I’ll take you to the park this weekend, I promise,” but it never happens.

    Explanation: When parents repeatedly make promises they don’t keep, it breaks trust and makes the child feel unimportant. This can lead to disillusionment, where the child stops believing in what their parent says. Over time, the child might become less emotionally attached or stop relying on the parent, leading to feelings of betrayal and disappointment.

    12. Refusing to Apologize

    Example: “I’m the parent, I don’t have to say sorry to you.”

    Explanation: When parents refuse to apologize, they teach children that accountability and taking responsibility for mistakes is unnecessary, especially if you’re in a position of power. This can erode trust and respect between the parent and child, as the child may feel that their feelings are invalid. Apologizing models humility and empathy, and without it, children may grow up with a distorted view of conflict resolution and respect.

    13. Making Jokes at the Child’s Expense

    Example: “You’re such a klutz, no wonder you can’t do anything right.”

    Explanation: Joking at a child’s expense under the guise of humor can feel like betrayal, especially if the parent downplays their emotions by saying, “It’s just a joke.” These remarks hurt because they often highlight insecurities or flaws the child is already self-conscious about. Over time, this behavior can cause deep emotional wounds and lead the child to doubt their abilities, even when meant in a lighthearted way.

    14. Selfish Commentary

    Example: “I wish I never had kids. My life would’ve been so much better.”

    Explanation: This statement makes the child feel like an unwanted burden and deeply impacts their emotional security. When a parent expresses regret over having children, it communicates that the child is the root cause of their unhappiness. This can lead to feelings of rejection, unworthiness, and emotional neglect.

    15. Making the Child Feel Like a Burden

    Example: “You’re such a hassle. I can’t do anything because of you.”

    Explanation: Statements like this frame the child as an obstacle to their parent’s happiness or freedom. It fosters guilt and self-blame, making the child feel like they are in the way or a nuisance. Over time, this can erode their sense of belonging and make them believe they are undeserving of love and care.


    Chris

    Dr. Chris Drew is the founder of the Helpful Professor. He holds a PhD in education and has published over 20 articles in scholarly journals. He is the former editor of the Journal of Learning Development in Higher Education. [Image Descriptor: Photo of Chris]

    Source link